El PP gobierna en solitario o en compañía de Vox en 11 comunidades, entre las que se encuentran siete de los territorios con mayor producción agraria final: Andalucía, Castilla y León, Aragón, Galicia, Comunitat Valenciana, Murcia y Extremadura. Y aunque entre todas ellas manejan un presupuesto considerable en materia de agricultura, los dos partidos de la derecha están utilizando las instituciones en las que gobiernan para alentar las protestas del sector primario, enfatizando la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Comisión Europea y evitando asumir compromisos propios en defensa de la agricultura.
Alberto Núñez Feijóo azuza ese mensaje. Y para no verse comprometido, pasa por alto que su partido y él mismo llevan años apoyando dos de las medidas que los agricultores más están rechazando: la Agenda 2030 y la ampliación de mercados, como la firma de un tratado de libre comercio con los países de Mercosur.
Las dos las defendió el PP en el programa con el que se presentó a las elecciones generales del 23J. Y son fácilmente rastreares en el discurso público del propio Feijóo, que durante la presidencia española de la UE exigió a Sánchez “desbloquear” no solamente los tratados entre la UE y Mercosur sino también los que se están negociando con Chile, México y Estados Unidos:
El líder del PP insistió especialmente en esta idea durante la gira que llevó a cabo por el Cono Sur en 2022 urgiendo a “acelerar” el tratado entre la Unión Europea y Mercosur con el fin de trasladar un “buscar un buen mensaje” a los ciudadanos,” que están esperando” en la situación actual de “incertidumbre” a que se abran “nuevos horizontes”, mercados y “esperanzas”. Ahora, en cambio, evita cualquier referencia.
En realidad, una parte sustancial de la política pública en materia de agricultura y ganadería depende las comunidades autónomas. El Estado tiene competencias exclusivas en materia de regulación de los mercados de productos agrarios y pesqueros, en línea con las políticas de la Unión Europea, pero comparte responsabilidad con los territorios en materias tales como desarrollo rural, agricultura, ganadería, pesca y gestión de recursos hídricos. Y las comunidades tienen competencias plenas en la gestión de la agricultura y ganadería de acuerdo con las bases y ordenación de la economía general, y en lo que respecta a la ordenación del territorio, el desarrollo rural, la pesquería en aguas interiores, la acuicultura, la silvicultura y la caza y pesca fluvial.
De hecho, manejan cuantiosos presupuestos anuales a través de sus departamentos de agricultura. Sólo Andalucía manejó en este capítulo en 2022 más de 1.000 millones de euros (el 2,9% de sus cuentas públicas totales). Aunque, en proporción, la disponibilidad presupuestaria fue mayor en Extremadura, (5,98%, 381 millones), Castilla y León (4,35%, 488,9 millones), Castilla-La Mancha (4,25%, 486 millones), Galicia (3,64%, 477 millones) o Aragón (3,4%, 237 millones), casi todas ellas comunidades gobernadas en estos momentos por el PP, en varios casos de común acuerdo con la ultraderecha de Vox.
Apoyo
Sin embargo, los gobiernos autonómicos del PP y de Vox no se dan por aludidos por las protestas en el campo. Todo lo contrario. Sus consejeros de Agricultura han preferido alentar las movilizaciones, pese a que estas incluyen cortes de carreteras y de infraestructuras básicas, como centros de distribución de alimentos y accesos a los puertos, en un intento de señalar como únicos responsables de la crisis del campo al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Unión Europea.
Aragón, por ejemplo, que sigue sin liberar la partida de ayudas que prometió a los agricultores, se ha puesto a la cabeza de la protesta. “Es una reivindicación legítima y la tenemos que apoyar. Es un trabajo muy duro, están abrasados a impuestos y trabas administrativas. Han subido los costes, ya no pueden echar ni gasoil ni comprar las materias primas”, aseguró esta semana el vicepresidente primero del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco (Vox) en unas declaraciones en las que también cargó contra lo que su partido llama “fanatismo climático y ecologismo radical”.
Lo mismo ha hecho Andalucía. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz (PP), manifestó este miércoles el apoyo del Gobierno andaluz a las “justas reivindicaciones” de los agricultores, que “tienen razón al quejarse y al exigir medidas de apoyo” para un sector al que el Ejecutivo central “le lleva dando la espalda desde hace tiempo”. Ha sido “insensible” y “no ha sabido afrontar y coger el toro por los cuernos”. Sobre lo que el Gobierno de Juanma Moreno puede hacer para ayudar al sector, ni una palabra.
La Junta andaluza reclama, entre otras cosas, inversiones del Estado para gestionar mejor sus recursos hídricos, mientras la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, presume de hacer lo mismo en aplicación de sus competencias (que son las mismas que tiene Andalucía). Su consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, sostiene que “Europa se tiene que abandonar esa política de los despachos y de los lobbies ecologistas” y el Gobierno de Sánchez dejar de aplicar “dogmas políticos ideológicos”. Y se defiende que los agricultores salgan a hacer frente a “políticas radicales, la reducción de la producción y la falta de relevo generacional” y los “palos en las ruedas” que está poniendo el Gobierno de España.
Política “de despacho”
Todo es culpa, en su opinión, de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, “que aplica una política ecológica de despacho” que está “llevando a la ruina y casi empujándoles al abandono y que desaparezca el campo español”.
Es un razonamiento —culpar a Bruselas, criticar a Sánchez y obviar las propias competencias— que están aplicando todos los consejeros de los gobiernos de la derecha. El de Balears, Joan Simonet, también ha dicho compartir la “preocupación” de los agricultores, “especialmente en el exceso de burocratización de la Unión Europea”. Aunque él sí ha asumido una parte de responsabilidad: hay que “simplificar la burocracia para agilizar las ayudas y hemos empezado a trabajar en este sentido”, declaró este martes.
Feijóo trata de apropiarse de las protestas en el campo cuando entregó consejerías de agricultura a Vox
En Murcia fue el presidente de la Región, en persona, el que salió en defensa de la protesta. Fernando López Miras las considera “justas” porque los agricultores “están más asfixiados cada día”. En su opinión, “no puede ser que haya una legislación europea que les inunda en burocracia, y no puede ser que no se respete su trabajo, su producto”. Eso sí, no planteó ninguna propuesta desde las competencias de su Gobierno porque, según él, no se trata de un problema murciano.
En la Comunitat Valenciana fue el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre (Vox), el que expresó el apoyo del Govern a las protestas. Bruselas, declaró, “impone normativas inasumibles” y su Política Agrícola Común (PAC)“se ha convertido en la política agria común”.
Lo mismo sucede en Castilla y León. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo (PP) lo dejó claro hace unos días, alentando las movilizaciones: “Estamos muy del lado de agricultores y ganaderos, porque sufren “unos costes de producción muy altos” que no pueden repercutir sobre sus ventas.
El PP gobierna en solitario o en compañía de Vox en 11 comunidades, entre las que se encuentran siete de los territorios con mayor producción agraria final: Andalucía, Castilla y León, Aragón, Galicia, Comunitat Valenciana, Murcia y Extremadura. Y aunque entre todas ellas manejan un presupuesto considerable en materia de agricultura, los dos partidos de la derecha están utilizando las instituciones en las que gobiernan para alentar las protestas del sector primario, enfatizando la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Comisión Europea y evitando asumir compromisos propios en defensa de la agricultura.