La derecha parlamentaria, PP y Vox, esta vez sin el concurso de Ciudadanos, dejó este miércoles clara en el Congreso su voluntad de levantar un frente común en contra de la política que en materia de memoria democrática se propone llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. De esta estrategia no dejaron ninguna duda los portavoces de ambas formaciones, el conservador Jaime Mateu (PP) y el ultra José María Sánchez, durante la comparecencia en la que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dio cuenta de los planes del Ejecutivo.
Ambas formaciones aprovecharon también para cuestionar y oponerse frontalmente a la decisión del Gobierno de abrir un diálogo con la Generalitat para intentar buscar una salida política al conflicto en Cataluña —en este caso también con el respaldo de Cs— pero se centraron, sobre todo, en la memoria.
Calvo explicó la decisión del Ejecutivo de reformar la Ley Ley de Memoria de 2007 para, entre otras cosas, crear un censo de desaparecidos y poner en marcha un banco de ADN para ayudar a la identificación de los asesinados durante la guerra y la dictadura. También para resignificar el Valle de los Caídos, retirar honores y “prebendas” a quienes hubiesen cometido actos contrarios a los derechos humanos y poner en marcha las exhumaciones. Esto último, que el Gobierno quiere “tutelar” directamente, explicó, se iniciará en el plazo de un mes o mes y medio, según la vicepresidenta, mediante la habilitación de fondos que el Ejecutivo quiere distribuir a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en colaboración con los ayuntamientos.
Jaime Mateu (PP) consideró “sectario” profundizar en la memoria democrática y cuestionó al Gobierno por querer que se persiga penalmente la exaltación del fascismo pero no del comunismo. La Ley de Memoria, proclamó, fue “un ataque a los pactos constitucionales”. Frente a esta política, el PP se propone plantear una “ley de concordia” igualando las víctimas que perecieron defendiendo la democracia y los que pelearon en favor del fascismo. Su compañera de partido Edurne Uriarte aprovechó el debate para unir a estos reproches no tener, según ella, memoria democrática para las víctimas del terrorismo.
Mateu llegó a aludir al cuadro de Genovés que preside la sala de la comisión Constitucional,El abrazo, como una representación de la reconciliación a la que aspira el PP. Gabriel Rufián (ERC) y Odón Elorza (PSOE) tuvieron que recordarle que en realidad la obra es un símbolo de la lucha antifascista.
La ley de 2007, le recordó Calvo, recoge a “todas las víctimas”, y el Código Penal penaliza todos los delitos de odio, no sólo los de una ideología concreta.
Vox acusa a Calvo de “practicar el odio”
José María Sánchez (Vox) abundó en la misma idea, la del “sectarismo”, calificó de “insulto a las víctimas” que, según él, el Gobierno no atienda a quienes sufrieron “persecución religiosa” durante la Guerra Civil y llegó a acusar a la vicepresidenta de “practicar el odio”. En su intervención final, elevando el tono, insistió en llamar “vicepresidente” a Calvo, tachó de “untuoso” su tono y, ya fuera de tiempo, concluyó: “Usted provoca hartazgo intelectual y moral”. “Yo también siento hartazgo moral y político” con Vox, le replicó después la vicepresidenta.
La número dos del Gobierno no quiso dejar sin respuesta la equidistancia del PP en materia de memoria y proclamó: “La experiencia histórica en España es una dictadura fascista. Coetánea del nazismo y del fascismo italiano”. Y las víctimas del bando vencedor de la Guerra Civil, subrayó, ya fueron “reparadas económicamente y y enaltecidas”. Los que ahora necesitan atención, subrayó, son los familiares de los desaparecidos.
Vox pretende que catalanes, vascos o gallegos se sometan a un examen para comprobar si dominan el castellano
La declaración de guerra con la que PP y Vox recibieron en el Congreso las explicaciones de la vicepresidenta en materia de memoria democrática contrastó con la respuesta positiva y los elogios que mereció por parte de los demás grupos, lo que en principio augura una cómoda mayoría a la reforma de la ley de 2007. Así se expresaron el PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno, pero también Esquerra, Junts, Más País, EH Bildu y hasta Ciudadanos, cuyo portavoz, Edmundo Bal, se limitó a expresar su respaldo a la reforma —el representante de la confluencia navarra del PP, el diputado de UPN Carlos Garcia Adanero, no se pronunció—.
Algunos de ellos aprovecharon la “fiereza” de la derecha contra la memoria histórica para recordar a Calvo la necesidad de que el Gobierno “sea valiente”.
Durante su comparecencia, Calvo reafirmó el compromiso del Gobierno de dar cumplimiento a su programa de coalición, programaincluida la reforma de la fiscalidad de la Iglesia católica, el impulso de la neutralidad confesional del Estado o la presentación, en las próximas semanas del calendario legislativo que el Ejecutivo se propone desarrollar. Y defendió la política de diálogo puesta en marcha en Cataluña, estrategia que contestaron PP, Vox y Ciudadanos pero que celebraron los demás grupos, incluido Junts.
La derecha parlamentaria, PP y Vox, esta vez sin el concurso de Ciudadanos, dejó este miércoles clara en el Congreso su voluntad de levantar un frente común en contra de la política que en materia de memoria democrática se propone llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. De esta estrategia no dejaron ninguna duda los portavoces de ambas formaciones, el conservador Jaime Mateu (PP) y el ultra José María Sánchez, durante la comparecencia en la que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dio cuenta de los planes del Ejecutivo.