La derecha y la extrema derecha aprovechan los pactos postelectorales para desempolvar la vieja idea xenófoba de institucionalizar la delación de personas inmigrantes en situación irregular. El acuerdo de PP y Vox para la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern balear, firmado este jueves por ambas formaciones, contempla el compromiso de aprobar un plan de choque que incluya una "colaboración documental" de las instituciones autonómicas con las Fuerzas de Seguridad para identificar a estas personas y poder proceder a su "repatriación". Algo que evoca a aquella propuesta que los ultras ya pusieron sobre la mesa en Andalucía hace cuatro años en plena negociación de la investidura de Juan Manuel Moreno.
La inmigración forma parte de los puntos finales del pacto PP-Vox en suelo balear, donde los ultras no entran en el Ejecutivo regional pero sí controlan el Parlamento autonómico. Por un lado, y tras recordar el número de llegadas de embarcaciones con migrantes a las islas durante los últimos años, ambas formaciones han acordado potenciar "la coordinación" con los cuerpos policiales y reclamar más puestos de vigilancia al Ejecutivo central. Y por otro, han pactado la aprobación de "un plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal, la ocupación y la creciente inseguridad, garantizando la atención humana que las víctimas de las mafias deben recibir".
Es, en el marco del mismo, cuando ambas formaciones recuperan la idea de institucionalizar la delación de este colectivo en situación de irregularidad administrativa. "Dicho plan incluirá la colaboración documental necesaria con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la identificación de personas en situación ilegal en las islas con el objetivo de que se proceda a su repatriación conforme a la ley", reza el pacto de investidura. Un punto, el número 105, que no detalla en qué consistirá dicha "colaboración documental". En las últimas horas, infoLibre ha preguntado a ambas formaciones políticas en qué se concretará dicha cooperación. A cierre de esta edición, sin embargo, no se ha obtenido respuesta.
El precedente andaluz
No es la primera vez que se coquetea con esta idea xenófoba. Ya se hizo en 2019. Y tuvo Andalucía como escenario principal. Entonces, en plenas negociaciones para la investidura del conservador Juan Manuel Moreno como presidente de la comunidad, la formación de extrema derecha incluyó entre sus primeras propuestas para facilitar un cambio de gobierno "colaborar con la policía" en la identificación de personas en situación irregular. "La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la policía", recogía el documento puesto sobre la mesa del PP por la formación de Santiago Abascal.
Aquella cifra coincidía al milímetro con la que unas semanas antes había dejado escrita la Unión Federal de Policía (UFP) en un comunicado en el que se pedía al nuevo Ejecutivo andaluz, que por los resultados electorales se intuía que sería de derechas, que facilitase "las copias de pasaportes de todos aquellos extranjeros irregulares que sustentan tanto la Tarjeta Sanitaria o el Documento de Reconocimiento Temporal Sanitario". Es decir, el partido ultra hizo suya una propuesta de un sindicato policial que, en la práctica, exigía al Servicio Andaluz de Salud facilitar las identidades de aquellas personas en situación de irregularidad administrativa de las que tuviera constancia por haber recibido atención sanitaria.
Al final, hubo acuerdo de investidura. Pero el pacto que suscribieron entonces PP y Vox no era tan explícito en esta línea. O, al menos, no hablaba directamente de requerir al sistema sanitario información de todas estas personas. Ambas formaciones, en concreto, se comprometían a "apoyar material, humana y documentalmente" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar "una inmigración ordenada". Pero hasta ahí llegaban.
No obstante, por más que se suavizase a la hora de plasmarlo en el acuerdo, lo que se escondía detrás de esa nueva formulación era exactamente lo mismo. Y así se encargó el partido de ultraderecha de recordárselo una y otra vez a la formación conservadora. "El PP ya empieza a incumplir lo pactado con Vox en Andalucía con excusas de mal pagador. La Consejería de Sanidad tiene los pasaportes de 52.000 ilegales y no se los da a la Policía, que los reclama para poder expulsarlos", decía Abascal solo un mes después de la firma. "Seguimos esperando a que entreguéis la documentación de ilegales con tarjeta sanitaria en Andalucía, según lo acordado", insistía Rocío Monasterio en sus redes sociales.
Una propuesta para Madrid
Pero la extrema derecha no solo jugó con esta idea en suelo andaluz. También lo hizo en Madrid. Tras los comicios autonómicos de 2019, Vox puso sobre la mesa de Isabel Díaz Ayuso un documento de condiciones para pactar. En él, establecía una serie de "principios". Y diferentes propuestas. Alguna, en línea con lo planteado en Andalucía: "Colaborar, desde todos los organismos de la Comunidad de Madrid, incluidos los pertenecientes al ámbito de la sanidad, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal, con especial atención a la identificación de los menas –expresión utilizada para referirse a los menores no acompañados–".
Al final, el acuerdo de Gobierno para la Comunidad de Madrid que suscribieron PP y Ciudadanos, incluyó un punto relativo a la colaboración en materia de inmigración. "Colaboraremos, teniendo en cuenta nuestro marco competencial, con la Administración General del Estado para favorecer una inmigración ordenada y legal y se garantizará que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan acceso a la información de la que disponga la Administración regional relativa a los extranjeros en situación irregular", rezaba el punto 51 de aquel pacto, que abrió el camino a la investidura de Isabel Díaz Ayuso con el voto favorable de Vox.
Datos sensibles y efecto disuasorio
Vox copia la propuesta de expulsión de 52.000 inmigrantes de un sindicato policial que pide acceso a los archivos sanitarios para identificarlos
Ahora, el nuevo acuerdo balear recoge una expresión muy similar a la que se estableció en su momento en el pacto andaluz de investidura: "colaboración documental". Y aunque ni PP ni Vox han detallado aún en qué se concretará, lo cierto es que el margen de maniobra del que disponen es reducido. Al fin y al cabo, los bancos de datos autonómicos en los que puede figurar información relativa a inmigrantes en situación de irregularidad administrativa son los del sistema sanitario o los del educativo. Y esos ficheros están especialmente protegidos porque afectan a materias tan sensibles como la salud o los menores de edad.
Un problema al que habría que añadir, además, el efecto disuasorio que pueden traer consigo planteamientos de estas características. El miedo a ser identificados y expulsados de España puede terminar provocando que todas estas personas en situación irregular decidan no escolarizar a los más pequeños o no acudir a un hospital cuando lo necesiten. Y así de claro se pronunciaron dos centenares de organizaciones sociales cuando Vox puso esta idea sobre el tablero político andaluz: "El solo anuncio de esta medida va a generar un efecto de desaliento en el acceso a los servicios sanitarios y sociales".
Otra cosa es la información que se pueda obtener del padrón. En este caso, la Ley de Bases del Régimen Local sí que contempla la posibilidad de que la Dirección General de la Policía pueda acceder a los datos de inscripción padronal de los extranjeros, pero tiene que hacerlo "con las máximas medidas de seguridad". Ahora bien, el Tribunal Constitucional ya dejó claro en 2013 que dicha previsión legal "ha de ser entendida de forma acorde con las exigencias de proporcionalidad" que se exigen para la limitación de la protección de datos de carácter personal. En este sentido, los magistrados dejaban claro, entre otras cosas, que se tienen que evitar los "accesos indiscriminados o masivos".
La derecha y la extrema derecha aprovechan los pactos postelectorales para desempolvar la vieja idea xenófoba de institucionalizar la delación de personas inmigrantes en situación irregular. El acuerdo de PP y Vox para la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern balear, firmado este jueves por ambas formaciones, contempla el compromiso de aprobar un plan de choque que incluya una "colaboración documental" de las instituciones autonómicas con las Fuerzas de Seguridad para identificar a estas personas y poder proceder a su "repatriación". Algo que evoca a aquella propuesta que los ultras ya pusieron sobre la mesa en Andalucía hace cuatro años en plena negociación de la investidura de Juan Manuel Moreno.