Fue la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que lo puso sobre la mesa en la sesión de control esta semana en el Congreso de los Diputados, la primera de la legislatura, dominada por la tensión en torno a la amnistía. El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, le estaba reprochando haber considerado, antes de las elecciones, que una amnistía sería inconstitucional, para ahora decir exactamente lo contrario.
La ministra explicó que cuando hizo aquellas declaraciones se refería a la amnistía tal y como la habían planteado en el Congreso los partidos independentistas y no a la fórmula elegida por el PSOE en el proyecto de ley que este martes mereció el apoyo de 178 diputados, tres por encima de la mayoría absoluta.
Fue entonces cuando Montero hizo la pregunta: ¿Y si la amnistía es conforme a la Carta Magna y así lo declara el Tribunal Constitucional? ¿Qué hará entonces el Partido Popular? ¿Estará de acuerdo? ¿Acatará la sentencia o, por el contrario, seguirá afirmando taxativamente que es contraria a la norma fundamental de la democracia española?
Bravo no respondió. Como tampoco lo ha hecho oficialmente el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo y los suyos tienen un dilema que resolver.
Por un lado, han prometido utilizar “todos los recursos” a su alcance, políticos, sociales y judiciales, para impedir la aplicación de la amnistía con la que la mayoría del Congreso planea desjudicializar el conflicto catalán. Por otro, en cambio, saben que la única instancia que puede resolver, definitivamente, si la medida de gracia del procés tiene cabida en la Carta Magna es el Tribunal Constitucional.
El dilema
Y ahí está el dilema: si alguien recurre la amnistía al TC y sus magistrados fallan a favor de la constitucionalidad de la ley, se habrán quedado sin su principal argumento para oponerse a la clave de bóveda de los acuerdos que han hecho posible la investidura de Pedro Sánchez. Si el tribunal dice que la ley es conforme a la Carta Magna, los argumentos del PP (la ruptura de la igualdad de los españoles, sobre todo) caerán por su propio peso. Podrán seguir oponiéndose por razones políticas y hasta morales, como proclama a menudo Feijóo, pero no jurídicas.
En la calle Génova tienen serias dudas de que un recurso pueda prosperar. Y no lo ocultan. Hasta el punto de cuestionar la autoridad de la institución arbitral. Lo hizo su actual portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, el pasado 10 de noviembre, en unas declaraciones en las que afirmó que “el Tribunal Constitucional es un tribunal de parte porque Pedro Sánchez y su Gobierno lo han invadido todo”. Nunca ningún dirigente del PP había ido tan lejos a la hora de poner en duda la autoridad de la principal institución arbitral del sistema constitucional español.
Los de Feijóo basan sus sospechas en que el TC tiene, desde hace un año, una mayoría progresista entre sus miembros, gracias a la incorporación del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de Laura Díez, una magistrada en cuyo currículum figura, entre otras muchas cosas, haber sido asesora de la Moncloa. Lo que no dicen es que ese cambio se llevó a cabo en aplicación de la misma ley que antes, durante nueve años, garantizó al PP una mayoría conservadora en el mismo tribunal.
En estos momentos, esa mayoría, siempre teórica, es de siete a cuatro (hay una plaza sin cubrir que, en teoría, corresponde proponer al PP). Pero el magistrado Juan Carlos Campo ya se ha autoexcluido de este asunto, lo que recorta la distancia entre los dos bloques.
Si el PP consigue que el Senado cubra con uno de los suyos la plaza vacante, la mayoría sería mucho más ajustada (seis a cinco). Este procedimiento, no obstante, puede convertirse en el enésimo enfrentamiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Es cierto que el PP controla el Senado. Pero no cuenta con la mayoría necesaria para sacar en solitario esta designación. Para ello, se necesitan tres quintos en la Cámara Alta, lo que equivale a 160 senadores. La formación conservadora, sin embargo, cuenta con 144. Es decir, necesita sí o sí llegar a un acuerdo con el PSOE. Ahora bien, los socialistas ya se negaron hace un año a facilitar la cobertura de esa vacante en el Tribunal Constitucional hasta que el PP no desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que la Comisión Europea, con el comisario Didier Reynders a la cabeza, lleva exigiendo desde hace meses.
Recusaciones
De ahí que en la calle Génova estén evaluando la viabilidad de recusar al presidente del tribunal, Cándido Conde Pumpido, y a Laura Díaz, lo que acabaría dándoles la mayoría que necesitan para tumbar la amnistía.
Las recusaciones que el PP está considerando, sin embargo, es muy improbable que prosperen. Así que si el PP decide recurrir la amnistía ante el Tribunal, se la juega: si el fallo da la razón al Gobierno, se quedarán sin argumentos para seguir descalificando la ley y no tendrán más remedio que acatar la sentencia o, lo que abriría un escenario complicado, dinamitar las instituciones negándose a dar por nueva la resolución.
El debate dentro del PP no está cerrado. Algunos creen que no hay más remedio que recurrir, cuando la ley haya sido aprobada, a pesar de que el texto que se está tramitando en el Congreso está mucho mejor argumentado de lo que los juristas del Partido Popular esperaban. Otros, en cambio, sostienen que no se puede correr el riesgo de que el TC valide la ley y lo fían todo a convencer a la Comisión Europea de que la norma viola las normas del Estado de Derecho de la Unión.
Las seis mentiras en las que se apoya Feijóo para seguir bloqueando la renovación del Consejo del Poder Judicial
Desde que el propio Alberto Núñez Feijóo anunció, el pasado 8 de octubre, hace más de dos meses, cuando aún no se conocía el texto de la ley, que el PP recurriría la medida de gracia ante el Tribunal Constitucional, no ha vuelto a repetir su promesa. Y son muchos los periodistas que han preguntado a dirigentes y portavoces del PP. Pero todos contestan con evasivas. También Feijóo, esta misma semana, cuando se lo preguntaron en Telecinco. Todo lo más, se reafirman en sus opiniones: “Lo que sí podemos decir es que nosotros creemos que esa ley es inconstitucional, que esa ley aumenta la división y la desigualdad entre españoles y que esa ley pone en riesgo la división de poderes y el Estado de Derecho en España”, resumen en el PP.
“Valoraremos”, dice Feijóo
El jueves, desde Bruselas, preguntado expresamente por esta cuestión, Feijóo volvió a escurrir el bulto. “Esta ley será aprobada, suponemos, por el voto del Congreso de los Diputados en contra del voto del Senado. Y a partir de que esté esa ley en vigor, estoy convencido que la jurisdicción española actuará y que nosotros valoraremos todos los recursos en los tribunales españoles y en los tribunales europeos para impugnarla. Y tengo fe en los tribunales y tengo fe en los foros jurisdiccionales españoles y europeos.Y estoy convencido que la derogarán los tribunales, absolutamente convencido”, remarcó, sin explicar si la catará y sin ni siquiera aclarar si el PP planteará recurso ante el TC.
Los diputados del PP, con todo, no son los únicos que pueden recurrir. La ley otorga esa posibilidad también a los presidentes autonómicos y sus parlamentos, y a ello se han comprometido también muchos de los gobernados por el PP, en solitario o en coalición con Vox. Lo hicieron, igual que Feijóo, mucho antes de conocer el articulado de la ley. Ahora que ya es público, está por ver si mantienen su intención de recurrir al Constitucional.
Fue la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que lo puso sobre la mesa en la sesión de control esta semana en el Congreso de los Diputados, la primera de la legislatura, dominada por la tensión en torno a la amnistía. El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, le estaba reprochando haber considerado, antes de las elecciones, que una amnistía sería inconstitucional, para ahora decir exactamente lo contrario.