El Gobierno de la Comunidad de Madrid continúa sorteando como puede el caso Ayuso. El estallido del escándalo que propició la caída de Pablo Casado ha dado munición política de sobra a la oposición para tirar lo que resta de legislatura. Y se ha convertido, por tanto, en un permanente dolor de cabeza en la Puerta del Sol. De ahí que se haya impuesto una suerte de ley del silencio alrededor de la adjudicación para la compra de mascarillas de la que se benefició el hermano de la presidenta. "Nada más que añadir a todo lo explicado y publicado", se repite una y otra vez desde el Ejecutivo regional. El relato ya está construido. Y gira alrededor de una idea: aquí no hay caso. "No hay ningún tipo de delito, no hay ningún tipo de corrupción", insistió este mismo viernes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto en la localidad de Brunete.
El problema es que el caso sigue coleando un mes después de que saltara a la palestra en medio de una guerra fratricida entre Génova y la Puerta del Sol. La Fiscalía Europea acaba de pedir a Anticorrupción hacerse cargo de las diligencias abiertas alrededor de la adjudicación para investigar si se pudieron cometer delitos como el de cohecho, defraudación a los presupuestos europeos y malversación. Y mientras, la oposición continúa con su ofensiva a nivel parlamentario. Por un lado, tratando de poner en marcha una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que es bloqueada permanentemente por la Mesa. Y, por otro, sacando el tema a relucir siempre que puede en sus intervenciones en la Cámara Baja. Desde el Gobierno se defienden asegurando que en todo momento se ha sido "absolutamente transparente". Pero lo cierto es, que a día de hoy, siguen quedando preguntas sin respuesta.
¿Cómo y cuándo se produjo el primer contacto?
Priviet Sportive era una empresa totalmente desconocida para la Administración autonómica. Al fin y al cabo, no existía una relación comercial previa entre la firma, administrada por un empresario amigo de la infancia de la familia Ayuso –Daniel Alcázar Barranco–, y la Comunidad de Madrid. Por eso, desde el minuto cero se pusieron sobre la mesa las mismas preguntas: ¿Cómo es posible que una compañía fuera del radar del Ejecutivo regional y que no se había dedicado antes al sector sanitario se hiciese con un contrato valorado en 1,5 millones de euros para la compra de 250.000 mascarillas en el momento más negro de la pandemia? ¿Alguien actuó como nexo de unión entre las dos partes? ¿Fue ese alguien el hermano de la presidenta regional, Tomás Díaz Ayuso?
Tras el estallido del caso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dejó caer en rueda de prensa que el procedimiento en este caso fue exactamente el mismo que en todos los demás. El Servicio Madrileño de Salud recibe una oferta y la remite automáticamente al órgano técnico competente: la Dirección General de Gestión Económico-Financiera y Farmacia. Tras aquella comparecencia, el Ejecutivo madrileño facilitó a los medios de comunicación la "documentación completa de todo el tracto administrativo del contrato". Un documento de 27 páginas en el que se recogían las diferentes resoluciones dictadas alrededor de la adjudicación, informes, memorias, facturas o albaranes y que venía a completar la escasa información que se había aportado a la prensa solo veinticuatro horas antes.
Pero el expediente real en el marco de la licitación es mucho más amplio. Tiene 72 folios. E incluye, justamente, el envío de la oferta comercial por parte de la compañía. Fue a través de una carta fechada el 28 de marzo de 2020. La misiva no aparece firmada por nadie ni tiene un destinatario concreto. Es corta, apenas ocupa media página. "Muy Sres. nuestros, por medio de la presente nos complace hacerles llegar la siguiente oferta", arranca Priviet Sportive, que detalla posteriormente el concepto, la forma de pago y los datos de facturación. Punto. La carta, que va acompañada de fotografías de las mascarillas y certificados de homologación, no incluye ni siquiera una presentación o descripción de una firma nunca antes contratada.
¿Existió, por tanto, un contacto previo al envío de esa misiva? Y, en ese caso, ¿cómo se produjo y entre qué personas concretas? Este diario remitió esas dos cuestiones este viernes a la Consejería de Sanidad, el departamento en el que se entronca dicha adjudicación. Sin embargo, a cierre de esta edición no se ha obtenido ninguna respuesta.
¿Por qué existen documentos diferentes?
El expediente completo del polémico contrato de mascarillas, adelantado por el diario El País, también incluye una copia de los packing list, una suerte de albaranes en los que se refleja la carga entregada por el exportador. En este caso, se trata de dos documentos emitidos. Uno, por la entrega al hospital de campaña que el Ejecutivo madrileño puso en marcha en Ifema durante las semanas más complicadas de la pandemia de 68.000 mascarillas distribuidas en 68 bultos con un millar de tapabocas en cada uno. El otro, por la recogida unas horas antes del grueso de la carga comprometida por contrato: 182.000 mascarillas.
Todos ellos van con sus respectivos sellos de recepción. En el caso de la entrega más pequeña, figura estampado lo siguiente: "Servicio Madrileño de Salud. 20 de abril de 2020. Hospital Ifema. Recepción provisional a falta de comprobación". Un documento que es exactamente igual tanto en la información facilitada a la prensa como en la aportada a través de Transparencia. Algo que, sin embargo, no sucede con el segundo. Coincide en ambos casos la información sobre la carga. Pero hay un problema con los sellos. Mientras que en el que se aportó a los medios tras la comparecencia de los consejeros figuran dos diferentes –uno con fecha del 15 y otro con fecha del 17 de abril–, en el expediente facilitado vía Transparencia solo hay uno estampado –"Servicio Madrileño de Salud. 17 de abril de 2020. Hospital Ifema. Recepción provisional a falta de comprobación"–.
"O este o este es falso, porque solo ha habido una entrega de 182.000 mascarillas. Por tanto, empiece a explicarnos las cosas", señalaba este jueves en la Asamblea de Madrid, mostrando ambos documentos, la diputada socialista Pilar Sánchez Acera. Pero el Gobierno regional no aclaró esta cuestión. "Aprovechan hasta algo como es esto para hacer una oposición absolutamente baja y torticera", comenzó a responder el consejero de Presidencia, Enrique López. Una intervención que se vio interrumpida durante unos segundos por un grito que salió de la bancada de Más Madrid: "¡Conteste a la pregunta!". Pero no lo hizo. "Nosotros lo que hacemos es transmitir lo que ocurre, no lo que usted quiere que ocurra. Y la realidad no es la que usted cree que ocurre, sino la que realmente ocurre", sentenció el consejero, quien insistió en la "transparencia" de la Administración madrileña.
De nuevo, este diario se dirigió a la Consejería de Sanidad para intentar conocer cuál de los dos es el documento "bueno" y los motivos por los que en la información oficial que facilita el Ejecutivo autonómico está el mismo packing list pero con diferencias en relación a los sellos. A cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.
¿Cuándo comenzó la "relación comercial" entre la empresa y el hermano?
Tomás Díaz Ayuso, según explicó su propia hermana, lleva "trabajando como comercial" en el sector sanitario desde hace más de dos décadas. Durante el año negro de la pandemia, mantuvo "relaciones comerciales" con Priviet Sportive, algo que ha reconocido la presidenta madrileña. Es más, en el ejercicio de 2020 facturó a esa empresa dirigida por su amigo de la infancia 283.000 euros, según consta en un mensaje que el equipo de Isabel Díaz Ayuso envió a un grupo selecto de periodistas justo el mismo día en el que estalló la guerra en Ucrania. Lo hizo, según se ha insistido en todo momento desde el Gobierno regional, por diferentes trabajos realizados para la firma durante el año.
Lo que no se ha explicado, sin embargo, es desde cuándo mantiene Tomás Díaz Ayuso "relaciones comerciales" con una compañía que hasta hace no mucho se dedicaba en exclusiva al sector textil y la ganadería, que poco o nada tiene que ver con el ámbito de actuación en el que está especializado el hermano de la presidenta: el sector sanitario. ¿Empezó a trabajar con ella justo en el año de la pandemia o ya existían relaciones anteriores? Y, en ese caso, ¿qué tipo de trabajo hacía antes para Priviet Sportive?
Este diario trasladó esas dos cuestiones al equipo de la líder del Ejecutivo madrileño, que se limitó a indicar que ya se han dado "todas las explicaciones sobre el contrato" y que el mismo ya ha sido "fiscalizado por la Cámara de Cuentas, la Intervención General de la Comunidad de Madrid o la Comisión de Contratación Pública de la Asamblea de Madrid. "Nada más que añadir a todo lo explicado y publicado", apunta un portavoz oficial.
¿Qué hizo exactamente Tomás Díaz Ayuso en el marco del contrato?
Se sabe que Tomás Díaz Ayuso facturó 55.850 euros, más IVA, a Priviet Sportive en el marco del contrato de 1,5 millones de euros para la adquisición de las 250.000 mascarillas. Lo reconoció abiertamente la presidenta madrileña a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación pocas horas después del estallido del escándalo. No es, según aseguró en su momento el Ejecutivo regional, una "comisión" para lograr que la firma se hiciera con la adjudicación de la Administración madrileña. "[Fue] el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid", resaltó Díaz Ayuso. Una idea en la que ha insistido por activa y por pasiva el Gobierno madrileño.
A la hora de encontrar las mascarillas, ¿qué "gestiones" concretas hizo? ¿Las consiguió él mismo porque tenía una red de contactos previa en el país asiático o tuvo que recurrir a una tercera persona? Y en cuanto al traslado, ¿de qué labores exactas se encargó? ¿Ya se había ocupado previamente de fletes de ese tamaño de material sanitario? De nuevo, ninguna explicación procedente del equipo de la presidenta. "Nada más que añadir a todo lo explicado y publicado".
¿Bajo qué conceptos concretos cobró?
Los 38,7 millones de los contratos de Madrid con datos falsos tenían como destino el paraíso fiscal de Panamá
Más que apostar por la transparencia, a lo que obligaba aquel comunicado que la presidenta regional remitió a los medios el pasado 18 de febrero era a un ejercicio de fe. Porque desde que estalló el escándalo ni una sola de las cuatro facturas que la líder del Ejecutivo regional asegura que emitió su hermano a Priviet Sportive durante el año negro de la pandemia ha sido mostrada. Ni la que guarda vinculación con la adjudicación bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y Europea ni tampoco las que, según el Gobierno autonómico, se corresponden con otros tres trabajos que nada tienen que ver con la Administración autonómica. "No son contratos que tengan relación con la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, ni podemos ni debemos dar detalles de la actividad", rezaba el argumentario que a finales de febrero mandaron a algunos periodistas.
La copia de la factura es importante a la hora de conocer el concepto exacto de los trabajos que el hermano de Ayuso hizo para la empresa administrada por este amigo de la infancia. Sobre todo, teniendo en cuenta que el principal partido de la oposición, Más Madrid, aportó a su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción varios mensajes que su líder, Mónica García, había recibido a comienzos de noviembre en los que se aseguraba que el concepto de las transferencias era "Intermediación Comunidad de Madrid" y que se estaba "intentando" tapar el movimiento con "facturas falsas", lo que, de demostrarse, podría ser constitutivo de un delito de falsedad documental castigado con penas de prisión que pueden ir de los 6 meses a los tres años.
A la vista de que, un mes después, siguen sin hacerse públicas las facturas, infoLibre solicitó conocer el concepto concreto con el que se emitió tanto la factura que sí guardaba relación con el contrato para la compra de mascarillas como las otras tres relativas a ese ejercicio. Es la segunda vez en cinco semanas que se solicita esta información. De nuevo, no hubo respuesta.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid continúa sorteando como puede el caso Ayuso. El estallido del escándalo que propició la caída de Pablo Casado ha dado munición política de sobra a la oposición para tirar lo que resta de legislatura. Y se ha convertido, por tanto, en un permanente dolor de cabeza en la Puerta del Sol. De ahí que se haya impuesto una suerte de ley del silencio alrededor de la adjudicación para la compra de mascarillas de la que se benefició el hermano de la presidenta. "Nada más que añadir a todo lo explicado y publicado", se repite una y otra vez desde el Ejecutivo regional. El relato ya está construido. Y gira alrededor de una idea: aquí no hay caso. "No hay ningún tipo de delito, no hay ningún tipo de corrupción", insistió este mismo viernes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto en la localidad de Brunete.