La presidenta del Tribunal de Cuentas propone un cambio contable que relajaría el control de las finanzas de los partidos

La presidenta del Tribunal de Cuentas, la conservadora María José de la Fuente, propondrá este jueves al máximo organismo fiscalizador del país un cambio en la normativa contable que, de prosperar, dificultaría en la práctica el objetivo de control exhaustivo y completo de las finanzas de los partidos políticos.

Distintas fuentes del tribunal han confirmado a infoLibre el contenido de la modificación que propugna De la Fuente, consejera a propuesta del PP y presidenta de la institución desde julio de 2018: que, en contra de lo aprobado por el propio pleno del Tribunal de Cuentas en diciembre, se aclare que los fondos y actividades de los grupos parlamentarios no tienen forzosamente que figurar en las cuentas consolidadas a cuya presentación vienen obligados los partidos cada año. Las cuentas consolidadas son aquellas que, al ofrecer datos tanto de la estructura troncal de cualquier organización como de todas sus ramas, permiten obtener una visión de conjunto íntegra y fiable.

Lo que acordó el organismo fiscalizador el 20 de diciembre fue un nuevo Plan de Contabilidad para formaciones políticas y que entró en vigor el 1 de enero. Ese plan "considera necesario" incorporar la información de cuánto, cuándo, en qué y cómo gastan el dinero público los grupos parlamentarios. Y bajo tal premisa dedica a ese aspecto un punto específico del capítulo sobre las "Normas de elaboración de las cuentas anuales".

A efectos contables, los grupos parlamentarios se sitúan en la periferia. Pero manejan cuantiosos fondos públicos. Por ejemplo, solo en 2018 el presupuesto del Congreso para subvenciones a los grupos parlamentarios ascendió a 9,54 millones. Y el Senado reserva para cada grupo un fijo mensual de 15.200 euros más un variable de 1.900 euros por cada senador sujeto a su disciplina. Fiscalizar el uso de todas esas subvenciones solo resulta factible si se incluyen en las cuentas consolidadas. Es decir, en aquellas que llegan a manos del Tribunal de Cuentas.

La propuesta de De la Fuente forma parte del orden del día del pleno extraordinario convocado por ella misma para este jueves. El debate sobre la siempre controvertida financiación de los partidos se reabre así en vísperas de una cascada de citas electorales concentradas en dos fechas: 28 de abril (generales) y 26 de mayo (municipales, autonómicas y europeas).

La versión de De la Fuente

Tras conocer el cambio que auspicia De la Fuente, este periódico formuló a su equipo la siguiente pregunta: ¿por qué propone ahora la presidenta modificar el plan de contabilidad de los partidos, que les cursa instrucciones para que consoliden sus cuentas teniendo en cuenta los fondos que perciben y manejan sus grupos parlamentarios? Fuentes oficiales del tribunal aseguraron este miércoles por la noche que la modificación impulsada por De la Fuente "pretende reproducir en el plan de contabilidad lo que dispone la ley de financiación de partidos, que no impone la obligación de que la cuenta consolidada incluya las cuentas de los grupos parlamentarios ni de los grupos municipales". "Se pretende –añaden– precisar la redacción del plan de contabilidad aprobado en diciembre".

Según estos mismos interlocutores, De la Fuente eleva su propuesta como consejera del departamento de fiscalización de partidos.

La información recabada por infoLibre en el seno del tribunal indica que De la Fuente presenta como argumento central de su propuesta la Ley de Financiación de Partidos, que no obliga de forma expresa a incluir las cuentas de los grupos parlamentarios en el consolidado global del partido y, por tanto, no prevé sanciones de ningún tipo para quienes dejen fuera de ellas el dinero de los grupos parlamentarios.

Fuentes conocedoras del asunto confirman que, en efecto, la ley no impone esa consolidación. Pero que tampoco la prohíbe. Y que, en cumplimiento de sus atribuciones y en aras de la transparencia y la eficacia fiscalizadora, la doctrina sostenida en el tiempo por el Tribunal de Cuentas ha ido reforzando la tesis de la consolidación. El último eslabón en esa cadena de resoluciones favorables a la unidad contable lo constituye el nuevo Plan de Contabilidad aprobado en diciembre.

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El apartado relativo a cómo deben formularse las cuentas anuales de los partidos [puedes leer la versión oficial del documento, publicada en el BOE del 21 de diciembre, pinchando aquí] arranca con una especie de preámbulo sobre el porqué de la exigencia de cuentas consolidadas. "Tienen la finalidad –dice el texto– de ofrecer la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados correspondientes a toda la organización implementada por la formación política a fin de llevar a cabo su actividad, con independencia del grado de autonomía funcional establecido, formando una única realidad económico-financiera".

Es con el fin de lograr esa "imagen fiel" que el Plan de Contabilidad "considera necesario" que en las cuentas consolidadas se integre "la actividad desarrollada en el ámbito institucional por los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los Grupos de las Corporaciones Locales".

María José de la Fuente ascendió a la Presidencia del tribunal en julio de 2018 como relevo de Ramón Álvarez de Miranda. Su elección vino acompañada de un hecho inédito: por primera vez, la comisión de gobierno del tribunal es monocolor. Los tres miembros que ahora la constituyen son consejeros del cupo del PP: la ya citada De la Fuente; Javier Medina, presidente de la sección de fiscalización, y José Manuel Suárez Robledano, que dirige la sección de enjuiciamiento.