La presión de la PAH logra que el Banco Popular acceda a revisar hipotecas

Alrededor de 25 miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Madrid se han concentrado esta mañana en la sede central del Banco Popular para protestar contra el caso de 12 familias que viven en una situación precaria a causa de las condiciones de sus préstamos. La PAH denuncia el caso omiso que han recibido por parte de la entidad, que hasta la fecha se ha negado a abrir un diálogo para renegociar las medidas que reclaman los afectados: la condonación de una parte de la deuda, la eliminación de intereses abusivos o la dación en pago, entre otras.

Los manifestantes han ocupado de forma pacífica el vestíbulo de la sede central del banco, que no ha interrumpido en ningún momento su actividad. Varios representantes han presentado un escrito a la entidad para expresar la intención de abrir nuevos acuerdos. Durante casi dos horas, la sucursal se ha llenado del sonido de pitos, vuvuzelas y consignas como “¡Engaña y estafa el Banco Popular!” o “¡Rescatan al banquero, desahucian al obrero!”. Más de un cliente ha terminado sumándose a los coros después de terminar sus gestiones bancarias.

Los afectados han denunciado que el banco se ha negado a recibirles y a recoger los documentos que las familias han entregado para solicitar dación en pago y alquiler social, entre otras medidas. Javier García es uno de los afectados que ha acudido a la protesta junto a su hermano en busca de soluciones a la situación que está viviendo su abuela. “Nuestra abuela tiene que comer en comedores sociales porque no puede hacer frente a las actuales condiciones del contrato donde figura como avalista de mi tío", explica el afectado.

Sus nietos reclaman una modificación de las condiciones legales por contrato privado que le permita aplazar el periodo de pago. “No queremos una dación en pago, lo único que pedimos es que se flexibilicen las condiciones y que ella pueda pagar un poco menos cada mes sin dejar de hacer frente a la hipoteca”, señaló. “Aquí no vamos a oponer ningún tipo de resistencia violenta. Se trata de una concentración pacífica que busca simplemente que el banco Popular aporte alternativas a unos casos que son absolutamente inhumanos”, afirma Javier.

Por su parte, Clara Rodríguez cuenta que hace dos años su vivienda fue subastada y adquirida por el Banco Popular por un precio de 13.000 euros y que actualmente tiene una deuda de 110.000 euros contraída con la entidad. "Me cambiaron las condiciones de la hipoteca después de hacer una novación, e incluyeron un aumento abusivo del 5'5% de la cláusula del suelo". "Si asumiera la deuda entera, estaría pagando el valor total de una vivienda que ya no me pertenece", insiste Clara.

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Mercedes Revueltas es otra de las integrantes de la PAH y aunque ella no es una afectada directa, ha querido mostrar su solidaridad hacia las personas que viven este drama. “Tiene que intervenir un abogado de la plataforma para que los bancos empiezan a escuchar”, declara, y añade que la solución pasa por presionar para al banco "para que coloque a un mediador que negocie directamente con las doce familias”.

El ruido hace efecto

Tras mantener una reunión con un representante de la entidad, la abogada de la plataforma ha comunicado entre vítores y aplausos al resto de los miembros la decisión final: la PAH ha llegado a un acuerdo con el banco, en el que se ha comprometido a aceptar todas las solicitudes y ha fijado un plazo de dos semanas para reunirse con los doce afectados y estudiar cada caso concreto. Para la PAH es un paso importante que demuestra la eficacia de la acción colectiva y una razón más para creer que “Sí se puede”.

Alrededor de 25 miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Madrid se han concentrado esta mañana en la sede central del Banco Popular para protestar contra el caso de 12 familias que viven en una situación precaria a causa de las condiciones de sus préstamos. La PAH denuncia el caso omiso que han recibido por parte de la entidad, que hasta la fecha se ha negado a abrir un diálogo para renegociar las medidas que reclaman los afectados: la condonación de una parte de la deuda, la eliminación de intereses abusivos o la dación en pago, entre otras.

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