Las noticias eran buenas a primera hora de la mañana. La multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas iniciaba la jornada del penúltimo día de octubre poniendo sobre la mesa sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2019. Los datos invitaban a la celebración: el beneficio neto de la compañía en los primeros nueve meses del año se había incrementado en un 57,9%. Sin embargo, poco después, las grandes cifras quedaron enterradas por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de imputar a FCC como persona jurídica por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales. Bajo la lupa de los tribunales se encuentra el supuesto pago de comisiones para hacerse con las adjudicaciones para la construcción de dos líneas de metro y la Ciudad de la Salud en Panamá. La multinacional controlada por el magnate Carlos Slim, que reiteró su “compromiso” y “colaboración” con las autoridades judiciales, no aplicó los mecanismos necesarios para atajar de raíz el problema.
Fomento de Construcciones y Contratas se suma a la larga lista de importantes compañías españolas que han tenido que designar a un representante, un abogado y un procurador para lidiar con las causas que tienen abiertas en los tribunales. Una relación de nombres en la que figura el BBVA, el segundo banco más importante de España, que se encuentra imputado en una de las múltiples piezas que conforman el caso Villarejo. En la misma situación está Caixabank, que es consciente del “riesgo reputacional” que puede tener el procedimiento abierto en abril de 2018 contra la entidad por presunto blanqueo de dinero de mafias chinas. Y la tecnológica Indra, investigada desde el pasado mes de septiembre en el marco de la Púnica por la financiación irregular del PP de Madrid. Otras empresas como OHL o Iberdrola, aunque todavía no han sido imputadas, también caminan por el alambre. La primera por una de las piezas separadas del caso Lezo. La segunda, por los jugosos negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
La posibilidad de imputar a las compañías aparece reflejada en el artículo 31 bis del Código Penal. En él se establece que “las personas jurídicas serán penalmente responsables” de los delitos cometidos por “sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”. La sociedad, sin embargo, quedará exenta si el órgano de administración “ha adoptado y ejecutado con eficacia”, antes de la comisión del delito, “modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas” para prevenir delitos de la misma naturaleza o, al menos, para reducir “de forma significativa” el riesgo de su comisión. Las penas contempladas en estos casos van desde multas hasta la suspensión de actividades por un plazo no superior a cinco años o la disolución de la persona jurídica.
FCC y el caso Odebrechtcaso Odebrecht
Con un resultado neto en 2018 de 251,6 millones de euros, FCC es una de las multinacionales de la construcción más potentes de España. Pero el prestigio de esta firma, cuyo nombre ya apareció vinculado a los papeles de Bárcenas, se encuentra de nuevo en entredicho. Hace solo una semana, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió imputar como persona jurídica a FCC Construcción y dos de sus filiales –FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias SA– en el marco de una investigación relacionada con el caso Odebrecht, la gran trama de sobornos de América Latina. En concreto, el magistrado considera que existen indicios de que las mercantiles pudieron participar en hechos constitutivos de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales. Desde la constructora respondieron al movimiento judicial con un comunicado en el que aseguraban que se está “colaborando con las autoridades competentes” a fin de que se “revisen a fondo estos eventos”.
El auto de imputación es bastante contundente. El magistrado considera que las denuncias que FCC puso sobre la mesa de Anticorrupción dos años después de que arrancaran las pesquisas ponen de manifiesto la participación de varios exdirectivos de las mercantiles en acuerdos de presunta corrupción respecto a varias obras en Panamá, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Estas personas, señala el escrito, “actuaron desviadamente durante 4 años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros”, lo que evidencia indiciariamente que “no se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente”. Además, el magistrado apunta que las compañías “presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero” para los proyectos del Metro y la Ciudad Hospitalaria. Fondos que luego fueron destinados “a los presuntos pagos de corrupción”.
Los representantes jurídicos de las tres sociedades investigadas prestaron declaración este viernes durante más de una hora ante el juez Moreno, la fiscal Teresa Gálvez y el resto de partes. Durante el interrogatorio, según informó el diario La Razón, FCC se desmarcó de los exdirectivos bajo sospecha asegurando que en todo momento actuaron al margen de la constructora. Y recordó que había sido la misma empresa la que puso a Anticorrupción en conocimiento de estas todas estas irregularidades.
Los espionajes del comisario jubilado
Otra de las grandes empresas que se encuentra en graves apuros en los tribunales es el BBVA. El segundo mayor banco de España fue imputado a finales de julio por el magistrado Manuel García-Castellón. Sobre la mesa, delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. En concreto, la entidad financiera figura como investigada en la novena pieza del conocido como caso Villarejo, donde se analiza la relación comercial que mantuvo durante años la compañía con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017. En el auto de imputación, el magistrado considera necesario dilucidar si el banco “pudo haberse valido” para la contratación del expolicía de “la ausencia de mecanismos de control” y “la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe”. Todo ello, añade, presuntamente “consentido por la cúpula” de la entidad, entonces liderada por Francisco González, a sabiendas del “beneficio personal y empresarial” que le reportaban los trabajos del comisario jubilado.
El caso que afecta al segundo principal banco del país se ha vuelto a poner esta semana sobre la palestra durante la última ronda de declaraciones de los investigados. Frente al magistrado García-Castellón se sentó el representante jurídico de la entidad, quien respondió “a todas las preguntas planteadas” por el juez y los fiscales defendiendo que “de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal”, según informó el propio BBVA en un comunicado. También acudió a la Audiencia Nacional como imputado el expresidente Francisco González, quien a diferencia de la mayoría de directivos y exdirectivos no se acogió a su derecho a no declarar. Ante el juez, el banquero se desmarcó de Villarejo y defendió la honorabilidad de la que fue su casa durante varias décadas: “Puedo decirles que una vez que termine la investigación quedará muy claro que el grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y ejemplar sin prejuicio de que hubiera una conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco”.
También Iberdrola está en una situación delicada por sus vinculaciones con Villarejo. La eléctrica, segunda empresa más grande del Ibex 35, de momento no está siendo investigada. Sin embargo, García-Castellón decidió el pasado jueves abrir una pieza separada en la macrocausa para analizar los supuestos trabajos que el expolicía realizó para la compañía. En uno de los encargos, que se bautizó con el nombre de Proyecto Arrow, la eléctrica habría pedido al comisario jubilado que se infiltrara en el movimiento ecologista y vecinal que se oponía a la central de gas en el municipio gaditano de Arcos de la Frontera y que se realizara un seguimiento sobre un juez de Jerez que tenía que pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra dicha instalación. Además, según revelaron El Confidencial y Moncloa.com, el ahora exjefe de Seguridad de Iberdrola también habría encargado una investigación para conseguir información comprometedora del que fuera expresidente de Endesa Manuel Pizarro.
Como ocurrió con el BBVA y Sacyr, la energética habría recurrido al comisario jubilado para investigar a Florentino Pérez, una operación que habría arrancado en 2009, cuando el grupo ACS intentó desembarcar en el consejo de administración de Iberdrola. Villarejo se puso en contacto entonces con el consejero de la constructora Manuel Delgado para que le facilitara información confidencial en los momentos más álgidos de la guerra entre Galán y Pérez. Tras desvelarse estos contactos, Delgado dimitió como consejero de la constructora. El presidente de ACS, por su parte, ha decidido personarse en la causa como acusación particular.
Indra en Púnica y OHL en el alambrePúnica
Contra las cuerdas se encuentra, asimismo, Indra Sistemas. La tecnológica fue imputada a comienzos de septiembre también por el magistrado Manuel García-Castellón, aunque en este caso en la pieza de la Púnica en la que se investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid. El auto, en el que también se citaba a declarar como investigadas a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, señala que la tecnológica fue “uno de los principales proveedores” de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) que “resultó beneficiado en sus adjudicaciones” y “parte singular en el concierto urdido por dirigentes” del PP madrileño “para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM como fuente de ingresos del partido”. Además, recoge que los directivos de la tecnológica habrían aceptado “atender el pago de deudas” de la Comunidad de Madrid o “abonar gastos electorales” de los conservadores por las campañas autonómicas, “todo ello con cargo al presupuesto inflado de los contratos que les eran adjudicados desde ICM”.
También en entredicho está el prestigio de OHL. El nombre de la constructora ha aparecido en Gürtel, los papeles de Bárcenas, Son Espases o Púnica, causa en la que se citó a declarar como investigados tanto al expresidente Juan Miguel Villar Mir como al exconsejero delegado Javier López Madrid. Sin embargo, ahora la atención está puesta sobre el caso Lezo. Ambos empresarios se encuentran imputados en la pieza número 3 de la macrocausa de corrupción, en la que se investiga el supuesto pago de una comisión para hacerse con el contrato del proyecto ferroviario que pretendía unir las localidades de Móstoles y Navalcarnero. Pero el magistrado García-Castellón también ha abierto una pieza separada en la que se está investigando a los máximos dirigentes de la entidad por haber mantenido durante años una “práctica generalizada” de pagos a cambio de adjudicaciones públicas. El juez pidió a OHL, que de momento no está imputada como persona jurídica, información sobre sus planes para “prevenir la comisión de delitos de cohecho”. Poco después, la firma remitió un informe en el que aseguraba haber invertido 2 millones de euros para evitar los delitos relacionados con la corrupción.
La CNMV se muestra preocupada por los casos de corrupción que salpican a grandes empresas
Caixabank y el blanqueo de capitales chino
BBVA no es la única entidad financiera que se ha enredado en los tribunales. En abril de 2018, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió imputar a Caixabank por un delito de blanqueo de capitales por la participación de una decena de sus sucursales en el favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en algunas de las grandes operaciones contra la mafia del país asiático –Emperador, Chequia, Snake y Pólvora–. En el auto, el juez consideraba que tanto las oficinas bajo la lupa como sus directivos y empleados habrían actuado como “canales de blanqueo de dichas organizaciones” a pesar de que “podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. Nada más conocerse la noticia, el banco emitió un comunicado negando “cualquier tipo de colaboración o participación” en los hechos descritos.
Pero la entidad financiera es consciente de que la investigación puede pasarle factura. Caixabank alertó por primera vez el pasado mes de julio del riesgo reputacional que la causa podía suponer para la compañía. En un folleto remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el banco explicaba que el procedimiento judicial se encontraba “en fase de instrucción” y que tanto la firma como sus asesores legales no consideraban “como probable el riesgo vinculado a este procedimiento penal”. “[El] potencial impacto que pudiera surgir, en su caso, derivado de los hechos descritos no tiene a fecha de hoy la consideración de material, aunque Caixabank está expuesta a riesgo reputacional por la tramitación de este procedimiento”, añadía la entidad financiera en el folleto informativo.
Las noticias eran buenas a primera hora de la mañana. La multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas iniciaba la jornada del penúltimo día de octubre poniendo sobre la mesa sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2019. Los datos invitaban a la celebración: el beneficio neto de la compañía en los primeros nueve meses del año se había incrementado en un 57,9%. Sin embargo, poco después, las grandes cifras quedaron enterradas por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de imputar a FCC como persona jurídica por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales. Bajo la lupa de los tribunales se encuentra el supuesto pago de comisiones para hacerse con las adjudicaciones para la construcción de dos líneas de metro y la Ciudad de la Salud en Panamá. La multinacional controlada por el magnate Carlos Slim, que reiteró su “compromiso” y “colaboración” con las autoridades judiciales, no aplicó los mecanismos necesarios para atajar de raíz el problema.