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Desde el mismo instante en el que apretó el botón del adelanto electoral, Isabel Díaz Ayuso siempre dejó claro que no quería volver a saber nada de coaliciones. "Me han estado mareando los unos y los otros, con broncas entre ellos, con tiranteces. (...) No me dejan gobernar", se quejaba. La cita con las urnas puso fin a los complicados equilibrios a dos bandas. Con Ciudadanos liquidado, la estabilidad de la dirigente conservadora depende ahora en exclusiva de la extrema derecha, que además en muchas de las iniciativas ni siquiera está obligada a dar su voto a favor. Ahora, Ayuso camina sola. Una situación cómoda que le ha permitido pisar el acelerador legislativo. Ha pasado solo un mes desde que fue investida como presidenta y la líder del Ejecutivo autonómico ya ha tomado la radiotelevisión pública y ha registrado una norma para hacer frente a la política educativa del Gobierno central. Mientras, lanza algún que otro guiño a Vox. Un día acuerda un recorte de diputados. Otro, se abre a retocar las actuales leyes LGTBI madrileñas.
Si algo marcó los dos primeros años de Ayuso en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, fue, además de la pandemia, la inactividad legislativa. La reforma de la Ley del Suelo y la puesta en marcha de la enésima universidad privada en la región fueron los únicos proyectos de Ley que recibieron luz verde en la Asamblea. Solo dos en 574 días. Ahora, en tan solo 20 días desde la investidura, los conservadores ya han culminado su primer gran cambio normativo de calado: una reforma ad hoc de la Ley de Radio Televisión Madrid (RTVM) para ventilarse a la cúpula del ente público. Su aprobación en la Asamblea de Vallecas y su posterior entrada en vigor han provocado la caída del actual director general, José Pablo López, y el nombramiento a dedo por parte del Gobierno de José Antonio Sánchez como administrador provisional, que ya se ha desprendido, a pesar de no contar todavía con el aval parlamentario, de los actuales directores de Onda Madrid, Informativos, Contenidos, Web o Nuevos Formatos.
Pero el asalto a Telemadrid no es el único movimiento legislativo que se ha producido en los primeros compases de esta nueva etapa. Según consta en el Portal de Transparencia, el Ejecutivo regional está trabajando en estos momentos en una nueva Ley de Patrimonio Cultural que incluya nuevas categorías de protección, una mejora de los procedimientos de declaración de bienes culturales, un refuerzo en la cobertura de patrimonios específicos –arqueológico, industrial o etnográfico, entre otros–, una regulación sobre educación patrimonial o una delimitación clara de las competencias de comunidad autónoma y ayuntamientos. Por el momento, el texto no es más que un anteproyecto de Ley. La Consejería de Cultura, que lidera Marta Rivera de la Cruz, abrió esta semana el procedimiento de consulta pública, que se alargará hasta los primeros días de agosto.
El mismo Consejo de Gobierno que validó la apertura de esta vía, justo el celebrado el día antes de que se produjera en la Asamblea de Vallecas la toma de Telemadrid, también dio el visto bueno a la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, que se encuentra a la espera de que arranque la tramitación parlamentaria. El texto es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene la oposición del Gobierno de Ayuso al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Al fin y al cabo, no busca otra cosa que desactivar en la medida de sus posibilidades la conocida como ley Celáa. Así, la norma blinda la educación concertada en la región, asegurando la posibilidad de ceder suelo público dotacional para la "construcción y gestión" de "centros privados concertados". Y mantiene el respaldo económico a aquellos centros que segreguen, una práctica a la que quería poner coto la Lomloe. "La singularidad de los centros privados no dificulta ni supone un obstáculo para solicitar el acogimiento al régimen de concierto educativo", recoge el octavo artículo de la Ley Maestra.
La norma educativa madrileña se decidió llevar a la Asamblea en un momento muy concreto. A cuarenta y ocho horas de que Ayuso se reuniese con Sánchez en Moncloa. Tras aquel encuentro, la presidenta madrileña atendió a los medios. Durante algo menos de diez minutos, Ayuso hiló un discurso con el que reforzar –más si cabe– ese perfil de oposición directa al Gobierno central en el que lleva trabajando intensamente desde hace meses. Buena parte de su intervención no fue en clave autonómica, sino nacional. "Lo más preocupante de lo que hemos hablado es, sin duda, de España", se arrancó. Habló del supuesto "deterioro" de las "instituciones", la "libertad" y la "igualdad" en el país. Deslizó que las decisiones de Sánchez "nos conducen a una ruptura" con el "orden constitucional". "Si sigue por este camino, tocará decidir su futuro o el de España", culminó la presidenta madrileña, que ya se perfila como futura líder del PP madrileño, el trampolín clásico para el intento de saltar a la política nacional.
Vox se abstiene y Ayuso se abre a estudiar algunas de sus exigencias
Si estos primeros compases de legislatura han resultado cómodos para Ayuso ha sido, precisamente, por el papel que ha jugado la extrema derecha. Desde la misma noche electoral, los ultras dieron su beneplácito a la investidura de la dirigente conservadora. Y sus votos han sido claves en los dos primeros Plenos ordinarios para que las iniciativas del PP llegasen a buen puerto. Tanto la reforma de Telemadrid como el cerrojazo a la comisión de investigación sobre las miles de muertes en residencias durante la primera ola de la pandemia, uno de los temas que más acorralaban al Gobierno regional, han sido una realidad gracias a la "abstención crítica" del grupo liderado por Rocío Monasterio. El hecho de que los conservadores cuenten en la Asamblea con más músculo parlamentario que todo el bloque progresista junto facilita que buena parte de sus iniciativas puedan salir adelante con Vox puesto de perfil, algo que los ultras pueden usar para marcar agenda propia al tiempo que evitan que el PP se estrelle en la Cámara.
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Desde el Gobierno regional son conscientes del papel que jugará Vox hasta 2023, cuando los madrileños deberán volver a las urnas. Después del verano, sin ir más lejos, sus votos serán claves para la ratificación parlamentaria del nuevo administrador provisional de la radiotelevisión pública. Por eso, de vez en cuando le lanzan algún guiño. "Me ha abochornado que tengan que tratar a su partido y a su grupo parlamentario de esa manera, porque tengo que recordar que si estos escaños están ahí es porque los ciudadanos de Madrid les han dado sus votos en las urnas", le lanzó Ayuso a Monasterio el mismo día de su investidura. Unas palabras que llegaron pocas horas después de que ambas formaciones acordasen impulsar un cambio imposible del Estatuto de Autonomía –se requieren dos tercios de la Cámara, 90 parlamentarios que no tienen– para reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid, otra de las exigencias de Vox que el PP incluyó a última hora en su programa.
En aquella sesión de investidura, la extrema derecha exigió a Ayuso que derogase las "leyes de violencia de género y LGTBI". Y el Gobierno regional no ha cerrado la puerta a abrir ese melón. "Estoy muy orgulloso de lo que han logrado esas leyes, pero igual que les estoy diciendo eso, he de reconocer que su redacción no es precisamente la más afortunada. (...) Muchos de los artículos de esa ley no son realmente artículos de una norma, son declaraciones que no tienen nada que ver", señaló el portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, durante la rueda de prensa posterior a la toma de posesión de los consejeros. Un nuevo Gobierno con menos carteras: de 13 consejerías se ha pasado a 9. A pesar de que un adelgazamiento de la administración siempre ha sido una de las exigencias de Vox, desde la extrema derecha critican que la estructura haya crecido en niveles inferiores. Este jueves, Ayuso trató de calmarles diciendo que estudiará eliminar "duplicidades" y subvenciones que no sean "productivas".
Al final, tener contenta a la extrema derecha, a quienes desde el bloque progresista han comenzado a calificar como la "mascota" de Ayuso, le garantiza una legislatura sin sobresaltos. Por delante, el Ejecutivo regional tiene todavía muchos retos pendientes. El principal, la aprobación de los Presupuestos para 2022 –serían las primeras cuentas públicas aprobadas desde 2018–, un asunto que ya estuvo estudiando con los ultras antes del adelanto electoral. Sobre la mesa también está la rebaja de medio punto del IRPF, valorada en unos 300 millones de euros. Hay también previstas reformas en hasta 16 leyes autonómicas en materia de biodiversidad y desarrollo territorial para impulsar la economía verde. Y alguna que otra iniciativa que no le resultará complicado sacar con Vox. Por ejemplo, la puesta en marcha de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, la decimotercera privada en la región.
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