Una democracia plena, sin motivos para acomplejarse, pero que se equivocaría si cierra los ojos ante sus problemas. Especialmente ante uno, que toca un nervio crucial del sistema: la libertad de expresión.
Así se puede resumir el diagnóstico que 319 expertos han realizado sobre la democracia española en el informe de 2020, año de pandemia, realizado por el Laboratorio de la Fundación Alternativas, un referente en la evaluación de la calidad de nuestro sistema de derechos y libertades. La desprotección de la libertad de expresión y la corrupción ensombrecen un diagnóstico globalmente positivo.
"La lección más importante" del informe es que en calidad democrática "seguimos siendo un país normal, con más de un problema –como los límites a la libertad de expresión– y algún que otro acierto –como una cultura política igualitaria–", anota Alberto Penadés, profesor de la Universidad de Salamanca, que dirige el estudio junto Amutiz Garmendia, de la Carlos III. Con "normal", Penadés se refiere a a integrado en el selecto club de las consideradas "democracias avanzadas". Para evaluar la calidad de la democracia española, los autores del informe, que da continuidad a una serie iniciada en 2008, han planteado 57 cuestiones a 319 expertos en ciencias políticas, sociología y, en menor medida, economía, derecho, historia y periodismo. La valoración global ha sido la más alta en los 13 años de la serie, con un resultado de 6,3 puntos sobre 10. La valoración de los expertos sobre la democracia es superior a la que dan los ciudadanos [ver aquí el informe completo].
Gráfico incluido en el informe de la Fundación Alternativas, que muestra cómo la opinión de los ciudadanos sobre la democracia es peor que la de los expertos, al menos hasta 2019.
2020 arroja la quinta mejora consecutiva de la nota, con el mérito añadido de producirse pese a la pandemia. Los resultados son congruentes con los de organismos como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), con sede central en Suecia; Freedom House, con sede en Washington, valedor del ideal estadounidense de democracia liberal; y V-Dem, un proyecto de la Universidad de Gotemburgo. Pero todo ello no oculta las sombras, que también las hay.
Libertad de expresión
La libertad de expresión lleva cinco años empeorando su calificación. "Es, con diferencia, el ámbito en el que más ha empeorado la valoración de nuestra democracia, seguido de la estabilidad en el Gobierno, en estos 13 años. Sin duda, esto es algo que debería convertirse en una prioridad para una agenda reformista democrática", anota Penadés, que constata una "convergencia" de las respuestas en torno a "cierta erosión de las libertades civiles que debe llamarnos la atención".
La valoración de la libertad de expresión ha sido "sin duda afectada por las condenas tanto de los raperos antimonárquicos como de las expresiones políticas en torno a la independencia de Cataluña", apuntan Modesto Escobar, catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, y Pablo Cabrera, investigador en el Institute for Social and Economic Research de la Universidad de Essex (Reino Unido), autores del capítulo del informe Índice de calidad de la democracia, que se detiene en la evaluación del sistema democrático español por parte de los expertos. Ambos autores señalan que el empeoramiento es en parte atribuible a la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida por el entorno de izquierdas como 'ley mordaza', y a la respuesta penal al procés, "que puede ser considerada como un límite a los derechos cívico-políticos de los ciudadanos y de sus representantes democráticamente elegidos".
Puntos débiles
La evaluación se realiza a partir de trece áreas. La libertad de expresión, pese a estar en retroceso, se encuentra dentro del apartado mejor valorado, "derechos civiles".
Gráfico incluido en el informe de la Fundación Alternativas, que muestra la evaluación en las trece áreas estudiadas.
Las áreas peor valoradas son "ausencia de corrupción", "participación política", "medios de comunicación", "partidos políticos" y "acción del Gobierno". La corrupción provoca el único suspenso de las 13 áreas. A lo largo de toda la serie, nunca ha alcanzado el 5, aunque este año saca la mejor nota de la serie. "Aún queda un largo trayecto por recorrer para ponernos a la altura de los países que mejor controlan la corrupción", señalan Escobar y Cabrera.
Las respuestas permiten identificar diez debilidades. La mayor es la corrupción, pero hay otras. Los expertos no consideran que el poder político se encuentre protegido de las presiones del poder económico ni de las injerencias internacionales. Otro elemento con baja valoración es el referido a la independencia financiera de los partidos. Los medios reciben una valoración poco favorable.
Gráfico con las debilidades de la democracia española, incluido en el informe de la Fundación Alternativas.
"Hay una alta desconfianza en los líderes políticos y en sus mediadores, a lo que la situación de competencia política entre Gobierno central y las comunidades autónomas en torno al estado de emergencia y otras medidas de prevención de la expansión del virus no ha ayudado a mitigar", resumen Escobar y Cabrera.
Puntos fuertes
Si las áreas peor puntuadas son "ausencia de corrupción", "participación política" y "medios", las mejor valoradas son "derechos civiles" –a pesar de la libertad de expresión–, "elecciones" y "derechos sociales". La mejora más significativa desde 2008 se refiere a la participación de la mujer. Hay un dato llamativo. Tomando como referencia las respuestas de los 319 expertos, el área que más ha mejorado desde 2018 es la "independencia de los jueces". ¿Contraintuitivo? Lo explica Penadés: "Es difícil sustraerse de los desacuerdos concretos que cada cual entiende como más importantes sobre esta cuestión. La ventaja de recurrir a un panel de expertos amplio y diverso, como el que utilizamos, es que facilita superar algunas dificultades de perspectiva"
¿Cuáles son las fortalezas? A tenor de las respuestas recabadas, las mayores son las elecciones limpias y el voto libre. Escobar y Cabrera: "No cabe duda de que los rápidos e incontestables procesos de recuento de votos se han convertido en una de las fortalezas más importantes de nuestra democracia". También se encuentran en la lista la libertad religiosa y el derecho a vivir –en contra de lo que denuncian las organizaciones del lobby ultracatólico–, la libertad sindical, el derecho a usar la propia lengua o el ajuste de los funcionarios a la legalidad.
Gráfico con las fortalezas de la democracia española, incluido en el informe de la Fundación Alternativas.
Serias advertencias
Entre los expertos encuestados que han permitido que se publique su nombre están Eloísa del Pino, Braulio Gómez Fortes, Sebastián Lavezzolo, Ángel Luis López Villaverde, Cristina Monge, Manuel Pérez Yruela, Argelia Queralt, José Ignacio Torreblanca e Imanol Zubero. Un 45% de los consultados se declaran "satisfechos" o "muy satisfechos" con el funcionamiento de la democracia, frente a un 30% que están "algo satisfechos" y un 26% que están "poco" o "nada satisfechos".
La muestra es amplia para minimizar el impacto los sesgos. Sesgos que existen, claro. Tampoco los expertos están libres de ellos. Los de izquierdas son más críticos, y más aún los nacionalistas. Los votantes de PP, PSOE y Cs puntúan a la democracia con un 6,8, por encima de la media global (6,3). Al contrario, la nota que otorgan los que apoyaron a Unidas Podemos u otros partidos, principalmente nacionalistas, es sensiblemente menor (5,5). Los expertos nacidos antes de 1950 y a partir de 1980 tienen una mejor imagen de la democracia que los nacidos en los 60 y 70. Los residentes en Cataluña y el País Vasco hacen una peor valoración que los de Andalucía.
Un 31% de los encuestados creen que algunas de las medidas tomadas durante la pandemia han supuesto una merma de la calidad de la democracia, una idea que reaparece en varias ocasiones a lo largo de un informe de 246 páginas que, a pesar de ser insistente en la idea de que España forma parte de pleno derecho del club de las democracias avanzadas, deja al mismo tiempo algunas serias advertencias.
En 2020 "se ha asistido a una cierta degradación de la cultura de los derechos fundamentales, hasta el punto de que ha sido habitual asistir a una carrera en la defensa de técnicas restrictivas de derechos, cuando lo pertinente hubiera sido tratar de hacer compatible el máximo disfrute de esos derechos con la lucha contra la pandemia", señala Luis Pomed, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y letrado del Tribunal Constitucional, en el capítulo Derechos fundamentales en pandemia. Pomed destaca que que el Congreso ha sido el gran "ausente" de la crisis. "Un parlamento orillado es la peor alternativa posible para una democracia deliberativa de calidad", señala. La doctora en Ciencia Política Máriam Martínez-Bascuñán, en su capítulo Ensayo del primer gobierno de coalición, lamenta también que las Cortes se han mostrado "incapaces de discutir asuntos de gran calado como el problema del rey emérito 'autodesterrado' o la ley de reforma de la Corona".
A juicio de Pomed, el primer estado de alarma reveló las "insuficiencias de nuestro derecho constitucional de excepción, cuyo diseño se cerró antes de que se abriera el proceso de asentamiento del Estado de las autonomías". "La recentralización de competencias ejecutivas no dio los resultados taumatúrgicos que algunos ansiaban, lo que debiera servir de enseñanza para futuros arbitrismos recentralizadores", añade Pomed, también crítico con el “gobierno con los jueces” instaurado de facto, haciendo a los tribunales "copartícipes en el ejercicio de la potestad reglamentaria". Pomed también llama la atención sobre el hecho de que un Gobierno "progresista" haya actuado como "celosa guardiana del orden público sanitario en demérito del ejercicio del derecho de manifestación incluso para la conmemoración de hitos clave en la historia del movimiento sindical (1 de mayo) y feminista (8 de marzo)".
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Ricard Meneu, especialista en economía de la salud, señala en el capítulo La calidad de nuestra democracia en la dimensión sanitaria de la pandemia: "Una sociedad verdaderamente democrática requiere de instituciones que rindan cuentas de manera sistemática y útil a una ciudadanía informada, para que esta pueda evaluar las actuaciones públicas y sancionar –en todas sus acepciones– la ejecutoria de sus gobernantes. La gestión de la pandemia [...] ha puesto de manifiesto muchas de las deficiencias de nuestra democracia en esos ámbitos". Y pone ejemplos, vinculados al "manejo disfuncional" de la información, el "juego de deslealtad" entre administraciones y las medidas con "efectos intrusivos sobre derechos y libertades", que "no han estado siempre alineadas con una lógica de salud pública y a menudo han carecido de suficiente aval científico. "La pandemia ha venido a acelerar y a legitimar, con argumentos de salud pública, algunas intromisiones en la esfera individual que en otras circunstancias resultarían impensables. Nuestra tolerancia frente a la intromisión estatal probablemente haya dado un salto cualitativo notable", añade.
Una frase de Alberto Penadés podría constituir la mejor síntesis del informe. Su resultado, expone, "atempera tanto el catastrofismo como el triunfalismo".
* Debido a un error en el informe ya corregido, en una versión anterior el artículo recogía que el número de expertos era de 230, no de 319.
Una democracia plena, sin motivos para acomplejarse, pero que se equivocaría si cierra los ojos ante sus problemas. Especialmente ante uno, que toca un nervio crucial del sistema: la libertad de expresión.