La situación en Cataluña ha alterado en los últimos meses el ritmo habitual de trabajo en el Congreso de los Diputados. No sólo a la hora de introducir un tema de debate por encima de todos los demás –seguirá siendo así en las próximas semanas–, sino posponiendo la tramitación de iniciativas y afectando al avance de los trabajos de los distintos órganos parlamentarios.
A día de hoy, en el registro de la Cámara Baja descansan una treintena de proposiciones de ley que, tras sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas, no avanzan. El grueso de ellas tienen como fecha tope para la presentación de enmiendas a la totalidad o al articulado este martes 7 de noviembre, pero nada impide que los plazos vuelvan a ampliarse una vez más. De hecho, desde la oposición se ha acusado al PP, desde que arrancó la XII Legislatura, de hacer un uso excesivo de esta herramienta para dilatar la aprobación de iniciativas.
A continuación, infoLibre repasa las principales iniciativas en lista de espera en el Congreso de los Diputados.
Prespuestos Generales del Estado: pendientes del PNV
Cuando la aplicación del artículo 155 de la Constitución para "restaurar la legalidad" en Cataluña parecía el pasaporte de Mariano Rajoy hacia un final prematuro de la XII Legislatura, el hecho de vincular esta herramienta a unas elecciones autonómicas inmediatas ha vuelto a insuflar aire al jefe de los conservadores. La prueba definitiva, no obstante, estará en el resultado de esos comicios convocados por el Gobierno central para el 21 de diciembre.
A priori, el nuevo escenario permite a los conservadores ser más optimistas respecto a la aprobación de los Presupuestos para 2018 una vez que los catalanes hayan votado. La clave es el PNV, que en las últimas semanas se ha negado a sentarse a hablar con el Gobierno sobre las cuentas públicas para el próximo ejercicio al no compartir la respuesta del Ejecutivo a la situación en Cataluña. En el Gobierno creen que puede haber un viraje en la posición de los nacionalistas vascos.
Las cuentas en vigor salieron adelante a finales del pasado mayo con el apoyo del PP y sus socios electorales y de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Para no prorrogar el actual presupuesto, el de 2018 tendría que haber sido aprobado en el último Consejo de Ministros de septiembre.
El pasado lunes 30 de octubre, el presidente del Gobierno reunió al Comité Ejecutivo Nacional del PP para fijar las prioridades de la formación para los próximos meses. Un año después de su investidura, pidió a los suyos que se vuelquen en Cataluña y en trabajar para lograr sacar adelante las cuentas públicas.
El jefe de los conservadores no habló de partidos concretos con los que buscar alianzas para los Presupuestos. Pero la opinión más extendida en su equipo es que debe insistirse en aquellas fuerzas con las que se trabajó para las cuentas vigentes. Y es que son conscientes de que es "muy complicado" que el Partido Socialista, además de estar respaldando a Rajoy en todo el proceso catalán, vaya a acercarse en este otro campo.
Ciudadanos: la "irresponsabilidad del PSOE"
Y, mientras, Ciudadanos mantiene en esta materia su discurso de presión a los socialistas. "Más que de iniciativas concretas, habría que hablar de la situación de parálisis presupuestaria que amenaza al país debido a la crisis en Cataluña, y ante la irresponsabilidad de grupos como el socialista. Si el PSOE no apoya los Presupuestos Generales del Estado o al menos permite que salgan adelante con su abstención, no entrarán en vigor los nuevos derechos que recogen esos Presupuestos, como la prolongación del permiso de paternidad, ni el aumento del gasto social comprometido por Cs en la negociación con el Gobierno", señalan fuentes del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso a infoLibre.
"Ciudadanos sigue comprometido en trabajar en todos los temas prioritarios que hemos marcado desde que llegamos al Congreso: empleo y lucha contra la precariedad, pacto educativo, derechos sociales y sanidad, o igualdad", añaden.
Comisión de investigación sobre la financiación del PP
La situación en Cataluña está permitiendo a los conservadores que los escándalos de corrupción que les afectan pasen a un segundo plano. No es que la Justicia esté parada, sino que todo el foco de la actualidad está posado en el llamado "desafío independentista".
De hecho, el pasado 25 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción destacó en el juicio por los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005) a punto de concluir en la Audiencia Nacional que el PP, acusado como partícipe a título lucrativo, también se aprovechó de las actuaciones de la red liderada por Francisco Correa en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, durante la etapa de Jesús Sepúlveda como alcalde. La fiscal insistió en que es el PP "en su conjunto", y no su grupo municipal, el que se "ha beneficiado" de la "actividad delictiva" del exregidor, que se cifra en un total de 111.864 euros en relación a actos de campaña en 2003, eventos del consistorio o la reforma del despacho de Sepúlveda.
Para dar una respuesta política a este escándalo, el Congreso de los Diputados constituyó el pasado mayo una Comisión de Investigación sobre la Presunta financiación Ilegal del PP. Contando con la sesión constitutiva, hasta la fecha sólo se ha reunido en tres ocasiones: una en mayo, una en junio y otra en julio. Por ellas han pasado ya quienes tuvieron responsabilidad en las finanzas del partido y se espera, como plato fuerte, la comparecencia del propio Mariano Rajoy.Tras el parón estival no ha habido más reuniones.
Fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos consultadas por este diario explican que han llegado a un acuerdo con el Partido Socialista para que se retomen los trabajos. El calendario, a día de hoy, es el siguiente: habrá reuniones los días 14, 21 y 28 de noviembre y el 12 de diciembre. La Cámara informa también de una reunión para el 7 de noviembre.
A vueltas con la ley de Seguridad Ciudadana
Una de las principales promesas de los grupos de la izquierda parlamentaria fue que, en cuanto les fuera posible, derogarían la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. Aprobada en abril de 2015, en la época de mayoría más que absoluta del partido de Rajoy, fue definida por la oposición como un grave ataque a los derechos y libertades públicas.
El Grupo Parlamentario Popular, con 137 escaños, no está en disposición de mantener esta iniciativa. Pero, hasta la fecha, los esfuerzos parlamentarios encaminados a derogarla o reformarla figuran en el cuadro general de iniciativas legislativas en plazo de enmiendas.
La "Proposición de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y derogación de la Ley Orgánica 4/2015", presentada por el Partido Socialista, lleva desde el 24 de abril de este año en fase de enmiendas. El plazo de enmiendas a la totalidad ha sido ampliado ya once veces. El plazo de enmiendas al articulado, siete. Éste se cumple el 7 de noviembre. Está por ver que no se acuerden más prórrogas.
También hay una iniciativa de reforma que lleva las mismas ampliaciones de enmiendas que la anterior: once y siete para cada uno de los dos plazos. También lleva la firma del Partido Socialista.
La reforma de la ley del constitucional
La proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional lleva 27 ampliaciones del plazo de enmiendas, desde que se abrió el 17 de febrero para la presentación de enmiendas a la totalidad. Partió del Grupo Parlamentario Vasco.
La reforma de esta ley, a punto de agotarse la X Legislatura, fue concebida por los conservadores como una especie de vacuna contra el "desafío soberanista" de Cataluña. Porque, entre otros asuntos, permite la inhabilitación de cargos públicos que den la espalda a las resoluciones del Tribunal Constitucional. De ello se ha avisado en los últimos meses a los cargos públicos de la Generalitat en cada uno de los pronunciamientos del Alto Tribunal.
"Las medidas previstas (suspensión en sus funciones, adopción de medidas necesarias por el Gobierno de la Nación o por el propio Tribunal Constitucional) suponen una actuación subsidiaria que implica, de hecho, una forma de control sobre la actuación de la Administración autonómica, no oportuna con el principio de autonomía", se queja el PNV en la iniciativa.
Además, esta reforma recupera el recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía.
La reforma de la justicia universal
En septiembre de 2016, el Grupo Parlamentario de ERC presentó una proposición de ley para la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal. Y, a día de hoy, lleva 22 ampliaciones del plazo de enmiendas.
"En marzo de 2014, la reforma que se aprobó fue mucho más allá hasta llegar a liquidar el principio de Jurisdicción Universal tras ya haberse limitado su alcance en 2009. Así, la reforma supuso que sólo se puedan investigar delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cuando el procedimiento se dirija contra un ciudadano español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en el Estado español o se encuentre en el Estado español y su extradición haya sido denegada por las autoridades españolas", defiende el grupo proponente.
Reforma educativa
Treinta y dos ampliaciones del plazo de enmiendas lleva la iniciativa de los socialistas en forma de proposición de ley sobre la suspensión del calendario de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista consultadas por este diario mantienen que "evidentemente" la situación en Cataluña ha afectado a la hora de ralentizar el ritmo parlamentario. "Sin quitar un ápice de gravedad al asunto catalán, los ciudadanos siguen necesitando que se ponga el foco en lo social", señalan.
En este sentido, subrayan que la tónica de las iniciativas planteadas desde el Grupo Socialista desde el arranque de la XII Legislatura ha sido "revertir los efectos de los recortes" de la etapa de mayoría absoluta del Partido Popular. "Es muy triste que haya crecimiento económico y que no mejoren las cifras de desigualdad", señalan al tiempo que censuran que formaciones como el PP y Cs se "han olvidado" de los ciudadanos.
Así, los socialistas han visto a la formación de Albert Rivera más preocupada "por la foto y por meter el dedo en el ojo al PSOE" que por presentar iniciativas legislativas. Y consideran que el PP y el Gobierno no han tenido "ninguna iniciativa" más allá de Cataluña.
Las proposiciones para la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados tampoco avanzan. Tras 9 ampliaciones para el trámite de totalidad, ya van 10 ampliaciones en las enmiendas al articulado en la iniciativa relativa al control parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley. Similares estadísticas arroja la iniciativa para la regulación de los lobbies o grupos de interés.lobbies
Cataluña domina la próxima sesión de control
Mientras, la situación en Cataluña seguirá siendo la protagonista de la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles. Será la primera ocasión en la que Rajoy pueda pronunciarse, o al menos ser preguntado, sobre el encarcelamiento de los miembros del Govern.
Salvo cambios de última hora, que los grupos pueden introducir el lunes por la mañana, el PSOE opta por un genérico "¿Cómo piensa afrontar la situación política?". La encargada de hacer esta pregunta a Rajoy será la portavoz, Margarita Robles. Además, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, preguntará a Soraya Sáenz de Santamaría si el Gobierno piensa "buscar el acuerdo para actualizar el pacto constitucional reforzando la cohesión territorial". Se refiere a la comisión territorial que debe sentar las bases para una reforma de la Constitución, una iniciativa del Partido Socialista que cuenta con el apoyo de Rajoy, pero no de los nacionalistas.
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Aitor Esteban (PNV), por su parte, se interesará por la forma en la que Rajoy "piensa superar la crisis política de Cataluña" tras la aplicación del 155 "así como la grave situación generada por el ingreso en prisión de los miembros del Govern". Y Marian Beitialarrangoitia (Bildu), quiere saber si Rajoy reflexiona sobre aplicar el 155 a otras comunidades, tomando como base unas declaraciones del responsable de Comunicación del PP, Pablo Casado, advirtiendo de que el caso catalán es un "aviso" a Euskadi y otra regiones. "¿Está pensando el Gobierno aplicar el artículo 155 en algún otro territorio además de en Cataluña?" es la pregunta registrada.
Xavier Domènech, portavoz de En Comú, preguntará a la vicepresidenta su opinión sobre las encuestas que dicen que una mayoría de españoles es favorable a pactar un referéndum sobre Cataluña. Y Rivera quiere que Sáenz de Santamaría explique cómo piensa el Ejecutivo "impedir que organismos públicos pagados por todos los ciudadanos sigan actuando en favor de la secesión de Cataluña", informa Europa Press.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tendrá que explicar a ERC si cree que realmente "existe independencia judicial" en España.
La situación en Cataluña ha alterado en los últimos meses el ritmo habitual de trabajo en el Congreso de los Diputados. No sólo a la hora de introducir un tema de debate por encima de todos los demás –seguirá siendo así en las próximas semanas–, sino posponiendo la tramitación de iniciativas y afectando al avance de los trabajos de los distintos órganos parlamentarios.