"La Justicia llega a todos por igual, pero es necesario que lo haga a tiempo, para que no represente ni una condena anticipada ni una forma de impunidad. Por ello, nuestro objetivo es reforzar la tipificación de determinados delitos, sí, pero también agilizar los procesos judiciales: todos, en general, y los que afectan a la corrupción, en particular". Es un pasaje del discurso de Mariano Rajoy en el pleno anticorrupción de este jueves en el Congreso, en el que desplegó hasta 70 medidas de "regeneración democrática" [consúltalas en PDF], la inmensísima mayoría ya conocidas y anunciadas, pero hasta ahora no aprobadas. La "agilización" prometida por el presidente del Gobierno implica, según sus palabras, dinamizar los macroprocesos para evitar que sigan abiertos durante años, y también "fijar un plazo máximo para la instrucción, haciendo compatible los derechos de los imputados y las necesidades de la labor de investigación con la duración de ese periodo". El jefe del Ejecutivo no dio más concreciones.
Detengamos ahí la mirada. En la instrucción de las causas. En la promesa de fijar un techo temporal. En abstracto, podría sonar bien: investigaciones más cortas, que no se eternicen. Como ha sucedido, por ejemplo, con el sumario de la primera época de Gürtel, que el juez Pablo Ruz ha cerrado ahora tras casi seis años de indagaciones. Auto que se ha cobrado una pieza de caza mayor: la ministra de Sanidad, Ana Mato, "partícipe a título lucrativo" de las actividades de su exmarido con la trama. Pero también se podían citar Nóos, o los papeles de Bárcenas, o los ERE irregulares de AndalucíaNóospapeles de BárcenasERE irregulares . Todos acumulan meses y meses de pesquisas, años, y tomos y tomos de investigación. No hay nada alegal ni ilegal, porque la legislación actual no impone tiempos, aunque el reo puede beneficiarse del atenuante de dilaciones indebidas si se demuestra que en el proceso hubo demoras injustificables.
Asociaciones de jueces y fiscales matizan el brillo con el que el presidente pretendía enlucir su compromiso. Con más o menos énfasis, coinciden en señalar que esa fijación de un tiempo máximo de instrucción podría llegar a ser "contraproducente" si no va acompañada de una agilización de la ley procesal y de más medios humanos y materiales. Porque, con la infraestructura actual de la Justicia, sin tocarla, imponer un tope de tiempo podría "cercenar" la instrucción. Podría ser, incluso, una "medida procorrupción", al fomentar la impunidad.
¿Qué ocurre si se sobrepasa? "¿El archivo?"
Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), así como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) son quienes emiten un juicio más severo. "La eternización es un problema gravísimo, que hace que los ciudadanos pierdan confianza en la Justicia y se causen daños a los imputados. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para que las causas no duren tanto? Desde luego, no puede hacerse con juzgados infradotados, con falta de medios y recursos. Esa medida de Rajoy, así planteada, es absurda, una tontería. Es procorrupción", asegura Conrado Gallardo, presidente de FJI. María Victoria Rosell, portavoz adjunta de JpD, es más una cuestión "de medios que de tiempo". Así, "el tiempo es un factor determinante, pero está relacionado con los medios –afirma–. Con los medios de que disponemos ahora, limitar el tiempo es cercenar la instrucción. Es tan absurdo que un hurto se tarde un año en investigar como que se dé un año para indagar una compleja trama de corrupción. El tiempo debe ser proporcional a los delitos y a los recursos disponibles. Así que con la misma ley procesal que tenemos, acortar los tiempos aumentaría la impunidad", "beneficiaría al delincuente".
Carlos García Berro, vicepresidente de la UPF, abunda en esa línea. No hace falta "ni una ley ni que el Gobierno diga que las instrucciones no pueden alargarse tantísimo", porque está en el interés de jueces y fiscales agilizar las causas. "¿Si se demoran las causas, es porque no obliga la ley o porque no hay medios? Evidentemente, lo segundo", analiza. García Berro cree, en consecuencia, que sin ningún otro cambio, el anuncio de Rajoy podría "tener un efecto contraproducente". Y advierte del peligro real de una limitación temporal taxativa: "¿Cuál es la solución que se arbitra si se sobrepasa el plazo? ¿El archivo? Pues más vale una Justicia tardía que la ausencia de Justicia", remacha este fiscal. En la misma línea, aunque más prudente, se manifiesta Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de sesgo conservador: "Si se tienen medios, no hay problema, igual que si se simplifica la instrucción. Pero si esta medida va acompañada de un recorte de medios, entonces sí podrían generarse problemas. No obstante, antes de pronunciarnos querríamos saber con exactitud qué propone el Gobierno".
Las cortapisas de la actual ley procesal, de 1882
En las reflexiones de los que conocen con detalle el funcionamiento de la maquinaria judicial planea en todo momento las protestas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una norma de 1882. El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, prometió un nuevo Código Procesal Penal, que enmendaba la posición histórica del PP al arrebatar la instrucción a los jueces para otorgársela a los fiscales y limitar el tiempo de las investigaciones. Pero Gallardón se fue y su proyecto quedó en el cajón. Ahora Rajoy lo quiere resucitar.
Pablo Llarena, presidente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), incide mucho en la necesidad de parir una nueva ley que acabe con los anacronismos de una norma decimonónica. Si no, no habrá forma. "Debe ir acompasada la reforma de la LECrim y la limitación temporal, porque de lo contrario el sistema podría cortocircuitarse", opina. Llarena señala que así ha sucedido en otras legislaciones, en las que se han incorporado los plazos máximos de investigación, para "proteger a los ciudadanos" y evitar que los señalados "estén bajo sospecha de forma dilatada". La APM, de hecho, comparte los criterios avanzados por Gallardón, que establecía un periodo corto para los delitos menos graves y otro mayor para aquellas causas complejas.
Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AFJV), considera que si en la nueva formulación se contemplan "excepciones" para casos complicados, en los que se permita la prórroga, "no hay problema" en que se imponga un techo temporal.
Hay que tener en cuenta que en un proceso penal dificultoso, convergen elementos que estiran los tiempos: desde la ordenación de escuchas, el acopio de pruebas, la llegada de los informes de Hacienda y de la Policía Judicial, la tramitación de comisiones rogatorias a otros países, la acumulación de recursos de las partes. Tirar del hilo es en ocasiones un ejercicio lento.
¿Y medios, cuántos y qué medios? Sexmero pone cifras: pasar de la plantilla actual de 5.200 jueces en toda España a "unos 8.000 o 9.000", y "duplicar por lo menos el presupuesto dedicado a la Justicia", que "ronda el 1,5% del PIB, la mitad de lo que destina la UE".
Jueces... y juzgados
Rosell, igual que Gallardo, trae una imagen a colación: en España, perseguir al delincuente es como "intentar dar alcance a un Ferrari con un 600". Ambos también creen que hay que prácticamente multiplicar por dos el número de jueces. Pero no basta con crear más plazas, porque todo magistrado ha de tener detrás, como dicen Llarena y García Berro, un juzgado, un aparato administrativo detrás. Así, un juez de instrucción necesita que trabajen para él un secretario judicial y una decena de funcionarios. Por tanto, sirve de poco el anuncio, como hizo en octubre el Gobierno, de creación de casi 300 vacantes de jueces, porque en la inmensa mayoría de los casos lo que se hizo fue darles a esos magistrados una plaza fija, y sólo se crearon tres juzgados. Algo semejante ocurre con los fiscales (hay unos 2.400 en España), que precisan de una infraestructura administrativa y de personal detrás.
Llarena sostiene, sin embargo, que antes de crear nuevas plazas se requiere hacer reformas estructurales del sistema: concentrar los tribunales para una mayor especialización, cambiar la LECrim, dotar a los juzgados del expediente electrónico para liberarse de papeles... "Y entonces nos podemos preguntar ya cuánta gente necesitamos, porque a lo mejor con una Justicia moderna necesitamos menos efectivos".
Equipos multidisciplinares e independientes, informatización
Pero no sólo hay carencias de personal. La portavoz de JpD subraya por ejemplo la necesidad de que los magistrados dispongan de unidades de Policía Judicial y de la Agencia Tributaria que dependan orgánicamente de ellos, no de Interior o Hacienda, para reforzar su independencia. Tesis en la que coinciden la mayoría de asociaciones de la carrera. Con ello se evitarían las instrucciones políticas, pues hoy en día muchos de los investigados son dirigentes políticos o cargos públicos. Hacen falta, pues, peritos, contables, expertos en determinadas materias... "En el otro lado tenemos a tipos conectados con el poder, que pagan buenos abogados, que han logrado tejer redes financieras muy complejas difíciles de desentrañar. Nosotros necesitamos expertos tan buenos como los que ellos tienen", sanciona Gallardo. En resumidas cuentas, expresa García Berro, se necesitan "equipos multidisciplinares al servicio de los tribunales".·
Por no hablar del atraso informático, una queja recurrente. O de la carencia de sedes bien acondicionadas. O de la concepción de una Justicia cuya cúpula es elegida por los partidos. Múltiples taras de un complejo engranaje que el Gobierno, ni siquiera con las alharacas de los anuncios de Rajoy, logra engrasar y poner a punto.
"La Justicia llega a todos por igual, pero es necesario que lo haga a tiempo, para que no represente ni una condena anticipada ni una forma de impunidad. Por ello, nuestro objetivo es reforzar la tipificación de determinados delitos, sí, pero también agilizar los procesos judiciales: todos, en general, y los que afectan a la corrupción, en particular". Es un pasaje del discurso de Mariano Rajoy en el pleno anticorrupción de este jueves en el Congreso, en el que desplegó hasta 70 medidas de "regeneración democrática" [consúltalas en PDF], la inmensísima mayoría ya conocidas y anunciadas, pero hasta ahora no aprobadas. La "agilización" prometida por el presidente del Gobierno implica, según sus palabras, dinamizar los macroprocesos para evitar que sigan abiertos durante años, y también "fijar un plazo máximo para la instrucción, haciendo compatible los derechos de los imputados y las necesidades de la labor de investigación con la duración de ese periodo". El jefe del Ejecutivo no dio más concreciones.