Que la propuesta de socialistas y morados, impulsada por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, va a tener serias dificultades para salir adelante es un hecho. De un lado está la opinión de la Comisión Europea, que esta misma semana recordó la importancia que a su juicio tiene “reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial a fin de fortalecer la independencia judicial”. También la necesidad de “asegurarse de que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización”.
En términos generales, según un portavoz de la Comisión, de llevarse a cabo una reforma del Poder Judicial —en España sólo está en marcha una modificación de la mayoría de elección de los miembros del Consejo, no del sistema de justicia— debería “hacerse en consulta con todas las partes interesadas, incluida la Comisión de Venecia”. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en Derecho Constitucional que con cada vez mayor frecuencia se pronuncian cuando son consultados sobre la calidad democrática de la justicia en diferentes países.
La reforma tampoco está en riesgo únicamente por el ruido que puedan hacer en Bruselas PP y Cs ni tampoco por la presión de las asociaciones de jueces, frontalmente contrarias a rebajar la mayoría exigible para la elección de 12 de los 20 miembros del CGPJ. El mayor peligro que pende sobre ella son las reservas que ya han expresado los aliados que PSOE y Unidas Podemos necesitan para sacarla adelante. Varios de ellos, especialmente Esquerra y Más País, ya han señalado su preocupación por una reforma que, cuando el PP recupere mayoría para gobernar, se va a volver en contra de sus promotores. Sin su ayuda, la reforma de la ley reguladora del Consejo no tiene ninguna posibilidad de salir adelante porque socialistas y morados sólo controlan 155 diputados y necesitan convencer a otros 21.
El mecanismo de elección del CGPJ vigente en España está regulado parcialmente en la Constitución Española. El artículo 122 establece que estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo y otros veinte vocales nombrados por un periodo de cinco años. De estos, ocho serán juristas o abogados de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio elegidos por mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado –cuatro en cada una de las Cámaras–. Los doce restantes serán jueces o magistrados de todas las categorías judiciales designados “en los términos que establezca la ley orgánica” correspondiente.
La Ley Orgánica del Poder Judicial vigente recoge en su artículo 567 que los veinte vocales “serán designados por las Cortes Generales”: “Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial”. Y ese es el artículo que PSOE y Unidas Podemos quieren cambiar con lo que llaman “una cláusula antibloqueo”. De acuerdo con ella, si en un tiempo determinado no se consigue esa mayoría de 3/5, esos doce vocales, aquellos cuyo mecanismo de elección la Constitución deja a criterio de la ley, podrían ser elegidos por mayoría absoluta. Que la única salida sean los 3/5 es lo que en la práctica otorga al PP la capacidad de bloqueo que está ejerciendo y que desde hace dos años mantiene una mayoría conservadora al frente del gobierno de los jueces que hace tiempo que no se corresponde con la representación parlamentaria salida de las urnas.
Es verdad que el modelo no siempre fue ese. Hasta 1985 esos doce vocales los elegían directamente jueces y magistrados. Pero el PSOE de Felipe González decidió impulsar una reforma para que el Congreso pudiese influir en el gobierno de los jueces, entonces claramente dominados por una amplia representación de la judicatura franquista. Detrás de aquella modificación legal, que el Tribunal Constitucional validó y que el PP asumió cuando le tocó gobernar, estaba la intención de tratar de compensar lo hegemonía conservadora que todavía preside el estamento judicial en España.
Según datos recogidos por el propio CGPJ correspondientes al mes de agosto de 2019, las asociaciones de jueces consideradas en la órbita del centro derecha (APM, AFV y FJI) representan al 46,3% de la judicatura y la única progresista (JJD), a no más del 8,5%. Casi un 45% de los jueces y magistrados no pertenecen a ninguna asociación.
El debate que estos días extrema la tensión entre el Gobierno y lo oposición conservadora tiene que ver con la modificación la mayoría necesaria para elegir a esos doce vocales pero no sólo con eso. Ciudadanos lleva años reclamando una reforma que devuelva a los jueces la capacidad de designar a esos doce vocales cuya elección la Constitución dejó abierta. La última vez fue a través de una proposición de ley que el Congreso debatió y rechazó el pasado 22 de septiembre.
Aquel día la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, defendió su reforma en nombre de la independencia de la justicia El CGPJ tiene, “entre otras muchas funciones, la de elegir a los miembros de órganos colegiados que luego tienen que investigar y juzgar por corrupción a los políticos, entre otros muchos delitos” y que “tiene el poder disciplinario de los jueces. Pueden ustedes imaginar entonces las consecuencias que para nuestro sistema judicial tiene el que ese órgano sea elegido íntegramente, los veinte miembros, por los políticos”, remarcó.
EH Bildu se abstuvo en la votación, por considerarla un mero parche a un problema de contaminación política de la justicia mucho más profundo. Y se opusieron, además de Junts y el BNG, el PNV, Esquerra, Unidas Podemos y el PSOE.
Votó en contra el PNV, partidario de la creación de una subcomisión de estudio en la Comisión Constitucional en la que se analice la realidad de la cuestión de fondo que anima cualquier debate en torno a la justicia en España. Los nacionalistas vascos defienden la designación parlamentaria de los vocales de extracción judicial: “Consideramos”, argumentó Mikel Legarda en el pleno que votó la propuesta de Cs, “que no puede decirse que ello menoscaba la mayor garantía de su independencia cuando fue precisamente el constituyente en el informe de la ponencia quien desestimó el sistema dibujado en el anteproyecto de propuesta exclusivamente judicial por el de que lo estableciera una ley orgánica, cambio que posteriormente no fue modificado ni por el dictamen de la Comisión Constitucional ni por la Comisión Constitucional del Senado”.
No es incoherente, concluyó el portavoz del PNV, “compensar el poder que se entrega a los jueces, que son la mayoría dentro del Consejo General, con el contrapeso que supone la designación parlamentaria”.
Votó en contra el PSOE, con el argumento de que la “independencia no se cuestiona ni se debilita porque sean el Congreso y el Senado los que participen en la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Se cuestiona la independencia de la justicia por la participación del Parlamento”, lamentó en el debate la portavoz socialista, Isaura Leal, “denigrando” así la política. El actual sistema, explicó, es “de doble legitimación”, como el de países de nuestro entorno europeos e incluso el norteamericano. “En nuestro caso, la designación parlamentaria es compartida con la propuesta que hace la propia carrera judicial. Son los jueces los que proponen y, de entre los propuestos, el Congreso y el Senado, donde reside la soberanía nacional, participan de esa legitimación para elegir a los mejores”.
El Poder Judicial no es el CGPJ
El Poder Judicial, proclamó la portavoz socialista, no es el CGPJ. “Hay un órgano de gobierno con rango constitucional que vela, entre otras cosas, por la independencia de los jueces, pero el Poder Judicial no es un poder concentrado en un solo órgano, sino que se ejerce por cada uno de los jueces, que son totalmente independientes cuando resuelven sus asuntos, aplicando las leyes, interpretándolas y actuando con su propia conciencia”.
Se opuso también Unidas Podemos. Su portavoz, Santiago Romero, calificó el sistema de elección de órganos de Gobierno del Poder Judicial que proponía Cs —y apoyaba el resto de la derecha— de “corporativo, endogámico, sin legitimidad democrática ni representatividad”. “Ese modelo no es propio de una democracia, no tiene ningún reconocimiento en la Constitución de 1978 ni en ninguna constitución democrática. En ningún país de nuestro ámbito se eligen los órganos de gobierno del Poder Judicial por los propios jueces, sino que intervienen los poderes Legislativo, Ejecutivo o ambos, así es en Francia, Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, incluso en votación directa popular en este último caso”.
Vox en cambio votó a favor de la propuesta de Cs. Igual que el PP, que este viernes anunció que el lunes registrará en el Congreso la reforma del Consejo que ya propuso hace dos años —y que fue rechazada— para entregar a los jueces la elección de los doce vocales que dependen de la ley. En eso la ultraderecha ya se les adelantó este viernes presentado su propia propuesta: una reforma legal para volver al modelo anterior a 1985.
La posición del PP de Pablo Casado es singular. En dos ocasiones ha estado a punto de cerrar un acuerdo con el Gobierno —de hecho estaba cerrado, según declaró él mismo— La primera se frustró cuando unos mensajes de teléfono de su antiguo portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, revelaron la satisfacción del PP con un reparto que le garantizaba el control político de la institución, especialmente en lo que hacía referencia a la renovación de jueces en la Sala Segunda del Supremo. El segundo lo rompió Casado en agosto con la excusa de que Unidas Podemos había criticado la salida de España del rey emérito después de que se conociese su fortuna en el extranjero.
Ahora el PP se mueve entre los dos mundos. De un lado, ha asumido la defensa del modelo de Ciudadanos para el CGPJ —que es también el de las asociaciones judiciales—, pero por otro se muestra dispuesto a negociar el reparto de los 20 vocales con el PSOE siempre y cuando en la negociación no participe Unidas Podemos, en lo que parece una asunción de que el modelo de selección le sigue pareciendo válido.
La del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), la de Cs y la del PP no son las únicas propuestas de reforma del CGPJ. Hay muchas otras. +Democracia (+D), una plataforma cuyo objetivo declarado es formular debates y promover reformas para mejorar la democracia “desde la pluralidad ideológica y la diversidad social”, planteó recientemente la suya, poniendo el énfasis en tres cosas: que el Ejecutivo no controle la actividad de los jueces y les conmine a acatar, de forma directa o indirecta, sus mandatos, que el CGPJ rinda cuentas de su labor a la ciudadanía y que no trasladen a su seno las disputas de intereses electorales y “gestione el sistema con rigor, transparencia, eficacia y honestidad”.
Esta organización no gubernamental sostiene la necesidad de evitar que el Ejecutivo pueda nombrar, ni directa, ni indirectamente, a los miembros del Consejo, que “el pueblo valide su nombramiento y controle que sirven a los intereses nacionales” y que entre sus miembros no pueda haber “miembros de partidos y personas señaladas por su afiliación”.
De igual modo, si todos los miembros del Consejo son elegidos por los jueces, asegura +Democracia, “se atenta contra la naturaleza democrática del órgano, que quedaría blindado frente a todo control ciudadano”. Y “si el Parlamento nombra a sus miembros siguiendo lógicas partidistas, transmitirá a su seno la tensión electoral y atentará contra su eficacia e independencia”.
¿Qué hacer, entonces? Esta plataforma propone que se apruebe una ley de naturaleza provisional (lo que los anglosajones llaman sunset law) que establezca un método de renovación de los miembros de origen judicial (12, según el artículo 122.3 CE) que fije los requisitos de jueces y magistrados para aspirar a formar parte del órgano de gobierno. Una comisión técnica de cinco miembros, con participación de las asociaciones de jueces, universidades y colegios de abogados, se encargaría de revisar sus currícula y harían “entrevistas psicotécnicas de selección” en un proceso supervisado por el Defensor del Pueblo.
La comisión, propone +Democracia, haría una selección de hasta 10 personas por puesto a ocupar, garantizando la paridad de género. De ese grupo de 120 personas saldrían, mediante un sorteo que garantice la paridad de género, doce nombres. La idoneidad de los seleccionados sería revisada después por el Parlamento, que podría vetar a cualquiera de ellos por mayoría de 3/5. De ese visto bueno del Congreso saldrían los doce vocales.
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Las asociaciones de jueces también tienen su propia opinión sobre lo que debe hacerse. Las cuatro más representativas (APM, AFV, JJD y FJI) propusieron en 2017, todavía con Mariano Rajoy el PP en el Gobierno, que fuesen los jueces quienes eligiesen a los 12 vocales que dependen de la ley “asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías”.
Un año después, en noviembre de 2018, la Asociación Francisco de Vitoria envió al Gobierno una propuesta articulada para reformar el CGPJ que daba forma a la iniciativa del conjunto de asociaciones entregando a jueces y magistrados la capacidad de elegir a los doce vocales que la Constitución no reserva al Congreso y al Senado. La elección se llevaría a cabo mediante voto personal, igual, directo y secreto, admitiéndose el voto por correo y cualquier juez o magistrado en servicio activo en la carrera judicial podría presentar su candidatura si reuniese 25 avales o, en su defecto, el respaldo de una asociación.
No fue esa la última propuesta que la Francisco de Vitoria ha llevado al Congreso. El pasado marzo, justo antes de que estallase la pandemia, entregó a los grupos parlamentarios otro documento en el que recordaba que “el deterioro de la institución es tal, desde el punto de vista de la confianza que merece a los ciudadanos, que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha reiterado, tras una primera recomendación, en su Segundo Informe Intermedio de 21 de junio de 2019, que “las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial” del CGPJ. Una propuesta que, en esos términos, es incompatible con la Constitución misma, que reserva al Congreso y al Senado al menos la designación de 8 de los 20 vocales.
Que la propuesta de socialistas y morados, impulsada por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, va a tener serias dificultades para salir adelante es un hecho. De un lado está la opinión de la Comisión Europea, que esta misma semana recordó la importancia que a su juicio tiene “reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial a fin de fortalecer la independencia judicial”. También la necesidad de “asegurarse de que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización”.