La historia es repetida en España. Una gran empresa llega a un territorio rural, que vive de la agricultura y su valor paisajístico y natural, con planes de extracción de recursos que, se prevé, cambiarán para siempre la manera de vivir de la comarca. Encuentran oposición, pero también apoyos, entre los vecinos: estos últimos, muchas veces, seducidos por la promesa de generación de empleo de la compañía en cuestión. Entran en juego las administraciones y la política, con permisos y con posicionamientos. Y, finalmente, el proyecto sale adelante… o no. Ejemplos hay varios, con matices y diferencias: el cementerio nuclear de Villar de Cañas, la extracción de tierras raras en el Campo de Montiel, de la que informó infoLibre, y otro que lleva dando vueltas por despachos, reuniones y protestas en la calle durante años: la mina de uranio de Salamanca. A la complejidad habitual de estos temas se le suma no solo la innumerable lista de permisos que necesita al tratarse de un elemento radioactivo, cancerígeno con dosis mínimas, sino que también cuenta con unas relaciones que despiertan las sospechas entre los que la rechazan: los exdirectivos de la empresa detrás de los planes, Berkeley, son los mismos directivos que, a través de la empresa Uramin, hicieron perder al Gobierno francés 2.500 millones de dólares al venderles unos terrenos donde no había tanto uranio como prometían.
El Proyecto Salamanca, el nombre oficial que le da Berkeley Minera a sus planes de extraer uranio de la región, se ubica en el municipio de Retortillo y sus alrededores. Se encuentra en el Campo Charro, la inmensa llanura de la dehesa salmantina. Es lugar de cerdos, toros, encinas y, al parecer, también de combustible para los reactores nucleares. Las reservas, según estimaciones de la minera, se encuentran esparcidas entre el mismo Retortillo y Villavieja de Yeltes, distanciados por unos 13 kilómetros. La empresa defiende que el impacto ambiental será "mínimo" gracias a que restaurarán continuamente el entorno en una práctica que se conoce como minería de transferencia: utilizar los materiales arrancados del recubrimiento de la mina a cielo abierto para realizar la restauración. Los empleos, como no podía ser de otra manera, son otra de las promesas: aseguran que ya se forman 100 personas para sus futuros puestos de trabajo, todas de la zona, y que generarán empleo indefinido. ¿Y en cuanto a los peligros de la radioactividad? Lo tienen claro: "No se va a recibir una radiación superior a la ya que existe de forma natural cuando paseamos por esta zona", aseguran.
Cartel que anuncia las obras en Retortillo de la mina de uranio.
La oposición al proyecto está encabezada por fuerzas como Ganemos Salamanca, Equo, Podemos o la plataforma Stop Uranio. Los argumentos para oponerse a la mina son muchos y variados. Dudan de que remover la tierra para extraer un elemento radioactivo no afecte a la salubridad de las tierras del Campo Charro, a sus aguas, al entorno natural de una zona protegida por la Red Natura 2000 y, en definitiva, a la salud de sus habitantes. Para ello se apoyan, a la espera del pronunciamiento definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en varios informes de radioactividad y riesgo de cáncer en instalaciones nucleares y en la voz de expertos como el francés Bruno Chareyron y el nigeriano Almoustapha Alhacen, que denunció durante años las extracciones de una empresa francesa en su país por el daño a la comunidad local. "Las actividades mineras de uranio implican el uso de recursos acuíferos muy valiosos que quedan contaminados durante millones de años por metales pesados radioactivos", aseguró el experto nuclear francés. Ambos acudieron a Retortillo invitados por la plataforma Stop Uranio.
Los antecedentes: el 'affaire' Areva
Pero para entender la mayor de las suspicacias de los opositores a la mina, hay que acudir al que se conoce en la prensa francesa como affaire Areva. En los tribunales galos se investiga cómo Areva, una empresa estatal francesa dedicada al negocio nuclear, compró Uramin, una empresa canadiense con los derechos de explotación de una futurible mina en Trekkopje, en Namibia. La transacción se anunció por 2.500 millones de dólares en junio de 2007. Uramin fue fundada por el banquero canadiense Stephen Dattels y su socio James Mellon en 2005, y le ofrecen un puesto como directivo y socio a Ian Stalker. El 27 de octubre de 2006 Areva anuncia sus intenciones de comprar la empresa norteamericana y a partir de este momento suben las acciones como la espuma, alimentadas por una serie de buenas noticias alentadas por la misma empresa y unos estudios de viabilidad financiados por ellos mismos. El affaire comienza cuando a finales de 2011 Areva abandona el proyecto de Namibia.
Algunos directivos de Areva contrataron a investigadores privados para dilucidar los claroscuros de la operación, comandada por la máxima responsable de la compañía pública, Anne Lauvergeon. Seis años después del descubrimiento de esos 2.500 millones de euros que se quedaron en África, el caso sigue en instrucción. Ninguno de los dirigentes de Uramin, que presuntamente engordaron artificialmente un proyecto de mina de uranio para venderlo a precio de oro, ha sido llamado ante la justicia.
¿Y qué tiene que ver Uramin con Berkeley?
Los vínculos entre Uramin y Berkeley son varios. El más evidente es el que atañe a los puestos directivos de una y otra compañía. Stephen Dattels, fundador de Uramin, es nombrado director de Berkeley el 15 de mayo de 2009. En noviembre del mismo año entra también a ocupar un puesto de dirección en Berkeley Ian Stalker, el que fuera directivo de Uramin nada más conformarse la sociedad, al que se le encarga el informe provisional de viabilidad. En dicho informe también aparecen coincidencias: se le encarga a la consultora SRK, misma consultora que hizo el informe de viabilidad del proyecto de Uramin en Namibia, del cual Areva se fía para acabar perdiendo millones de euros. Ya en 2016, SRK hace otro informe que confirma el proyecto de Salamanca "como uno de los productores más baratos de uranio". En el mismo año, se publica el informe definitivo de viabilidad. Firmado, además de por SRK, por Bara Consulting, misma empresa que bajo el nombre Turgis Consulting participó en el mismo estudio en el país africano.
El tercer vínculo atañe al gran protagonista, y el único investigado, del affaire: Areva. En marzo de 2006 Berkeley y Areva firman un acuerdo de intenciones para una futura sociedad, que llega a materializarse en la entrada de Areva al accionariado años más tarde. Esa colaboración llega a su fin en 2010 cuando la compañía francesa decide vender su participación del 3%. Berkeley, en sus informes anuales, explica que fueron ellos quienes rompieron el acuerdo, pero no explica las razones. Poco después se destapa el pufo de Uramin y Namibia. Los activistas sospechan que Berkeley intenta hacer la misma jugada: subir las acciones con buenas noticias y vender el proyecto al mejor postor
Así pues, los activistas consultados por infoLibre sospechan de que Berkeley Resources, ahora renombrada a Berkeley Minera, intenta hacer la misma jugada que sus ex directivos hicieron con Uramin: instalarse en un terreno con uranio, empezar a publicar y a mover noticias positivas y alentadoras sobre la viabilidad y rentabilidad del proyecto de extracción y, una vez las acciones han subido, vender la empresa al mejor postor y dejarle con unos planes quizá no tan realizables como se había vendido. "Estoy convencido. Creo que es lo que está pasando. Por eso dan buenas noticias continuamente. Es posible que lo vendan, porque siempre es posible que se convenza a algún incauto". El que habla es César Ayllón, ex directivo de Berkeley e ingeniero de minas. Sus suspicacias no solo se basan en la relación con Uramin. También en su propio conocimiento. "El proyecto es de dudosa rentabilidad. El problema es que son yacimientos dispersos y distantes en kilómetros. Ninguno es grande y, por lo tanto, tienen que abrir varias minas. Y no puedes tener una planta de tratamiento en cada una. El transporte encarece muchísimo. Ellos hablan de tonelaje total del material, pero no cuentan estas circunstancias", asegura.
Otra sospecha más: el papel de ENUSA
Hay otra página de la hemeroteca que hace disparar las sospechas en este sentido: los antecedentes de Berkeley con ENUSA Industrias Avanzadas, una sociedad mercantil estatal española que se encarga del diseño, la fabricación y el abastecimiento de combustible para las centrales nucleares. Hasta 2000 ENUSA era acrónimo de Empresa Nacional del Uranio SA. El 24 de abril de 2009, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo entre la compañía estatal y Berkeley para explorar la mina de Saelices el Chico, en las inmediaciones del proyecto de mina actual. ENUSA tenía los derechos de explotación de esa zona junto a una planta de tratamiento, pero los abandonó en el 2000 por su bajo rendimiento.
El acuerdo incluía la creación de un consorcio en el que Berkeley tenía un 90% de participación y ENUSA un 10%. La empresa canadiense tenía un margen de 18 meses para entregar un informe a ENUSA para valorar el potencial de la zona a explotar. Si todo estaba bien, se crearía una sociedad gracias a la cual la sociedad mercantil estatal se llevaría el 2,5% del valor de la producción. Pero las malas noticias no tardaron en llegar. El 23 de julio de 2012 se llega a un acuerdo entre las dos compañías para que ENUSA se desvincule del proyecto. No se disuelve el consorcio, sino que la participación de la estatal se reduce a 0. El motivo de esta ruptura queda bien claro en un comunicado de la sociedad: "Tras analizar el último estudio de viabilidad presentado por Berkeley, ENUSA concluye que no se ha acreditado que la explotación del dominio minero del Estado en la provincia de Salamanca resulte viable y sostenible en el tiempo". Todas las fuentes consultadas coinciden en que este rechazo aumenta las sospechas de que los estudios de viabilidad de Berkeley son de todo menos fiables.
Paul Atherley, CEO de Berkeley Minera, ha respondido por correo a las preguntas de infoLibre. Cuestionado sobre la coincidencia en los directivos de Berkeley y Uramin, así como sobre la coincidencia en las empresas que realizaban los estudios, ha sido lacónico: "Los estudios desarrollados para el Proyecto Salamanca han sido revisados de forma exhaustiva por nuestros accionistas, que han invertido 120 millones de dólares en el desarrollo de la mina (…) Berkeley no tiene ninguna relación con Uramin o Areva y está plenamente comprometida con el desarrollo y la ejecución de este proyecto minero".
Los peligros de la radioactividad
El portavoz de Stop Uranio, José Ramón Barrueco, se apunta sin dudarlo a la hipótesis de que la empresa infla el proyecto para revenderlo después. "Creemos que buscan un comprador. Pero no lo han encontrado. Lo intentaron con Areva. Pero como no lo podía vender, se han transformado en una explotadora (pasaron de llamarse Berkeley Resources a Berkeley Minera) No sabemos cuál va a ser la salida". Barrueco pone el énfasis en el peligro de radioactividad latente en proyectos como este. Señala que, de los permisos que le faltan por obtener a Berkeley, aún tiene que pronunciarse la institución más importante cuando hablamos de uranio: el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En 2013, el organismo dio el visto bueno a la concesión de explotación. Y en 2015, y gracias a un informe favorable del CSN, el por entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió la autorización previa de la planta de beneficio de uranio, infraestructura necesaria para tratar el mineral una vez extraído. Pero falta que el consejo determine la autorización definitiva, toda vez que el visto bueno a la planta está recurrido a la Audiencia Nacional por Equo y Ecologistas en Acción.
Hasta la certificación oficial definitiva, los opositores se apoyan en otros informes de proyectos similares. En concreto, citan uno de 2001 del Centro Nacional de Epidemiología, del Instituto Carlos III, que asegura que "aparte de los efectos de la radiación natural, los resultados de los NFF (plantas de tratamiento de uranio, como la que se prevé en Salamanca) podían muy probablemente demostrar la influencia en la salud pública ejercida por el impacto medioambiental de la minería de uranio". Señalan específicamente el sospechoso aumento de la incidencia de cáncer de pulmón y renal en las poblaciones cercanas a este tipo de plantas. Sin embargo, otro estudio de 2009 más extenso, de colaboración entre el CSN y el citado instituto, señala que la relación entre el cáncer y estas instalaciones no es estadísticamente concluyente.
Una lista interminable de permisos y recursos
Más allá de lo recurrido ante la Audiencia Nacional con la planta de tratamiento, la lista de permisos que Berkeley necesita para un proyecto de tanta envergadura es muy larga, y abarca a todas las instituciones que tienen algo que decidir o legislar sobre Retortillo: desde los Ayuntamientos hasta la Unión Europea, pasando por el Gobierno estatal y la Junta de Castilla y León. Muchos de ellos están concedidos, otros en trámite y otros impugnados. Cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental favorable de la Junta de Castilla y León y con la concesión minera de la misma institución. Recurrida está la autorización de uso excepcional en uso rústico de la mina, también concedida por la Junta, y a la espera de resolución. Stop Uranio mantiene que a Berkeley le faltan varios permisos, pero la empresa insiste en que ya está todo en regla
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Berkeley está a la espera de la autorización definitiva a la construcción de la planta, dependiente de Energía y del CSN, según Stop Uranio: "El consejo de Seguridad Nuclear ha pedido más tiempo para evaluar la documentación presentada por Berkeley", afirma Barrueco. Consecuencia directa de ello es que la minera tampoco cuenta con la licencia urbanística del Ayuntamiento de Retortillo, que tiene que esperar a la luz verde gubernamental. La empresa desmiente este extremo: "Berkeley ha obtenido todos los permisos necesarios para iniciar la construcción del proyecto. Las constantes reclamaciones de los grupos de oposición han sido rechazadas por las autoridades respectivas", asegura Paul Atherley, CEO de Berkeley Minera.
Y la burocracia relativa al proyecto Salamanca no va solo de permisos: también de justicia. Los ecologistas llevaron a Berkeley ante la Fiscalía de Madrid y de Salamanca por la tala de encinas centenarias, de manera ilegal según los activistas. La empresa se compromete a restaurarlos una vez acaben las obras. Ambas fiscalías archivaron los casos por vía penal. "Nos dijeron que lo encaucemos por vía contenciosa, que es lo que estamos haciendo", asegura el portavoz de Stop Uranio. Y hasta la Unión Europea ha intercedido: en respuesta a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de Podemos Xabier Benito, la Comisión Europea informó de que había "lanzado una investigación con las autoridades españolas para comprobar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la legislación de la UE, en particular de las directivas en materia de evaluación de impacto medioambiental y hábitats". La pregunta mencionaba que la DIA favorable de la Junta no mencionaba el posible daño a la salud de los habitantes del Campo Charro.
La última noticia con respecto al proyecto es de principios de mes. Berkeley Minera anunció que comenzará los trabajos del proyecto "antes de final de año". "La compañía ha recibido más de 100 informes y permisos favorables para el proyecto, y ha sido analizado minuciosamente por diferentes órganos administrativos a todos los niveles", aseguran en la empresa. Inciden en los millones de euros que han invertido y que invertirán, los 140 empleos (entre los ya contratados y los que prevén contratar) y en el absoluto respeto tanto al medioambiente como a la salud de los salmantinos. Stop Uranio insiste: aún no tienen todos los permisos, por lo que no entienden el anuncio, y consideran que la "buena noticia" es una pata más de la estrategia para elevar el precio de las acciones y buscar compradores. Los últimos con los que se ha tenido contacto: el Sultanato de Omán, que ha anunciado una inversión de 120 millones de dólares en la mina de uranio. A pesar de los antecedentes y de las trabas impuestas por el camino, parece que Berkeley y la explotación en Retortillo van adelante, si no la venden antes: la mayoría de los permisos concedidos, inversión en prensa local y en el equipo de la ciudad, proyectos sociales y un optimismo que el tiempo determinará si es fingido o realista. Stop Uranio y los activistas que se oponen al proyecto, desde luego, no darán la batalla por perdida: como en otros tantos casos similares, ven amenazado su modo de vida.
La historia es repetida en España. Una gran empresa llega a un territorio rural, que vive de la agricultura y su valor paisajístico y natural, con planes de extracción de recursos que, se prevé, cambiarán para siempre la manera de vivir de la comarca. Encuentran oposición, pero también apoyos, entre los vecinos: estos últimos, muchas veces, seducidos por la promesa de generación de empleo de la compañía en cuestión. Entran en juego las administraciones y la política, con permisos y con posicionamientos. Y, finalmente, el proyecto sale adelante… o no. Ejemplos hay varios, con matices y diferencias: el cementerio nuclear de Villar de Cañas, la extracción de tierras raras en el Campo de Montiel, de la que informó infoLibre, y otro que lleva dando vueltas por despachos, reuniones y protestas en la calle durante años: la mina de uranio de Salamanca. A la complejidad habitual de estos temas se le suma no solo la innumerable lista de permisos que necesita al tratarse de un elemento radioactivo, cancerígeno con dosis mínimas, sino que también cuenta con unas relaciones que despiertan las sospechas entre los que la rechazan: los exdirectivos de la empresa detrás de los planes, Berkeley, son los mismos directivos que, a través de la empresa Uramin, hicieron perder al Gobierno francés 2.500 millones de dólares al venderles unos terrenos donde no había tanto uranio como prometían.