Mario Rodríguez tenía 21 años cuando falleció de leucemia. Ocurrió en 2014, después de haber abandonado durante semanas el tratamiento contra la leucemia que le habían propuesto en el hospital. En su lugar, pasó a tratarse por José Ramón Llorente, un especialista en "medicina naturista y ortomolecular". Su fórmula mágica era muy simple: ingerir altas cantidades de vitaminas conseguiría parar la enfermedad de Mario. No ocurrió así y, seis meses después de ser diagnosticado, murió. Su padre, Julián Rodríguez, decidió en ese momento sentar a Llorente ante un tribunal, aunque poco consiguió: salió absuelto de los dos delitos de los que se le acusaba, intrusismo y homicidio por imprudencia grave.
Algo parecido les ocurrió a los pacientes que decidieron tratarse con Bio-Bac, un tratamiento que aseguraba curar el cáncer, el sida y la hepatitis. Según publicó El País, en el año 2002 la Guardia Civil detuvo a 23 personas –13 de ellas médicos– que fabricaban y comercializaban el producto. Lo hacían, según los agentes, a través de una red que captaba a los clientes cuando acudían al médico. Les convencían para pagar 50 euros por la compra de 12 ampollas para inyecciones, o más de 300 euros si adquirían una caja con tres frascos de jarabe. Después de 17 años vendiéndolo y 12 desde que el Ministerio de Sanidad denunció su comercialización, los afectados consiguieron llevar el caso a los tribunales. La jueza absolvió a los cuatro acusados del delito contra la salud pública del que se les acusaba y sólo condenó a uno de ellos a una pena mínima de cuatro meses y 15 días de prisión por un delito contra los consumidores.
Elena Campos, presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), es quien recuerda todos estos casos. Pero la lista no termina ahí. En abril de este mismo año, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma archivó el denominado como caso Minerval, un fármaco comercializado como un posible futuro anticancerígeno. El juez señaló que no hubo estafa porque era un producto en fase experimental y nadie aseguraba su "eficacia curativa".
Los casos de pacientes tratados con este tipo de terapias –como la homeopatía o el reiki–, consideradas por médicos y científicos como pseudociencias, no dejan de sucederse. Sin ir más lejos, esta misma semana una mujer acabó en la UCI de un hospital de Córdoba después de que su médico naturista y homeópata le realizara varias punciones en el tórax que acabaron con un taponamiento cardiaco. Pocas semanas antes, Joaquim Bosch-Barrera, oncólogo, denunció a través de Twitter el caso de una mujer que acudió a urgencias con fiebre y con un cáncer de mama en un estado muy avanzado. Transcribió la conversación que tuvo con la paciente: "¿Y tu 'terapeuta' alternativo qué te dice de tu tumor? Dice que si sale hacia fuera es bueno, porque significa que se está oxigenando".
Sin embargo, aunque los casos son frecuentes, no lo son los procesos judiciales relativos a estos casos. Tiene, según explica Campos a infoLibre, una explicación: los pacientes no suelen salir con un resultado favorable. "Hay muy pocas denuncias", afirma. "Pero lo que sí es cierto es que, aun tratándose de atentados contra la salud pública en casos flagrantes y evidentes, normalmente estos pseudoterapeutas sólo se enfrentan al delito de estafa", añade.
La libertad de elección del paciente
No hay muchos procesos judiciales, por lo que Campos no se atreve a establecer un patrón común entre todos ellos. A pesar de esto, sí que establece una argumentación común de los jueces encargados de sentenciar estos casos. "Casi siempre se suelen apoyar en una hipotética libertad de elección del paciente alegando que no se puede demostrar que fueron obligados a elegir ese tratamiento", explica. De esta forma, prosigue, "es muy difícil cuantificar la culpa que tuvo el pseudoterapeuta en las secuelas o, en el peor de los casos, en la muerte del enfermo".
"Papá, me he equivocado", dijo Mario a su padre. En su caso, el juez "no pudo distinguir claramente cuál fue el impacto que el naturópata tuvo en la decisión final de Mario", lamenta Campos. "El juez no lo vio por el lado de que alguien sin formación sanitaria estuvo ejerciendo las labores propias de esa profesión y, por tanto, era un intrusista. Lo que hacía así era dar malos consejos que podían poner en riesgo la vida de una persona, pero esto no se utilizó como agravante", critica.
"Esta es la tónica que se suele repetir. los jueces consideran que el paciente es mayor de edad y que tiene conocimientos como para no caer en un engaño tan evidente", explica Campos. Es decir, la culpa es del paciente y de su credulidad, censura.
Es complicado demostrar lo contrario. "Muchas veces, el curandero dice que una persona ha acudido a él por su propia voluntad y que nunca le convenció para que abandonara el tratamiento médico anterior", explica Fernando Frías, abogado de la APETP. "Y el fallecido no puede dar el testimonio contrario", lamenta. No obstante, aunque el paciente sobreviva, es muy difícil establecer quién dice la verdad y quién miente. "Es la palabra de uno contra la del otro", añade.
Por eso, continúa Frías, lo normal es que los delitos de los que se les acusa se queden en una mera estafa. Pero, como dijo Campos, no siempre. "La doctrina del Tribunal Supremo mete estos tratamientos en el mismo saco que, por ejemplo, el tarot, y establece que son engaños tan evidentes que la responsabilidad recae en la víctima y no en el estafador".
¿Elección viciada?
Pero, ¿existe realmente esa libertad de elección? Según explica Carlos Bardavío, abogado penalista, doctor en Derecho y autor de Las sectas en derecho penal: estudio dogmático de los delitos sectarios, no está muy claro. Los pacientes, explica, tienen una libertad absoluta de escoger a qué tratamiento someterse para tratar una enfermedad. El problema, continúa, es cuando "se le oculta la realidad científica de tal manera que el único camino posible a seguir es el que indica el pseudoterapeuta". "Todas las personas nos ponemos en riesgo de manera libre", explica. Y pone un ejemplo: "Una persona puede decidir boxear teniendo en cuenta que esa actividad implica cierto peligro". Sin embargo, si no lo sabe y cree que no asume ningún riesgo, la decisión está "viciada" porque falta información.
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Esto se consigue, explica, mediante la autoridad de quien vende el producto, que es "casi indiscutible y se forma de manera progresiva". "Cuando alguien llega a la consulta de un naturista no sucumbe a un engaño de manera automática", asegura. "Es lo que le ocurrió a Mario Rodríguez", añade. Los adultos, como los niños, son "susceptibles de ser engañados".
Pero se suma otro factor: la situación del paciente. Las personas afectadas con una enfermedad, explica, tienen una "vulnerabilidad social" de la cual se aprovechan estas personas, adquiriendo todavía mayor autoridad. Es decir, un paciente al que se le diagnostica una enfermedad grave podría aferrarse a cualquier tratamiento que le aseguren que surtirá efecto, más todavía si quien lo aconseja es una persona especialista en cualquier terapia.
El problema, añade, es conseguir demostrar ante un tribunal que realmente ha existido esta persuasión. Y ahí, añade Campos, es necesario una mayor formación de los jueces que, hasta ahora, han evidenciado "una falta de información" sobre el problema.
Mario Rodríguez tenía 21 años cuando falleció de leucemia. Ocurrió en 2014, después de haber abandonado durante semanas el tratamiento contra la leucemia que le habían propuesto en el hospital. En su lugar, pasó a tratarse por José Ramón Llorente, un especialista en "medicina naturista y ortomolecular". Su fórmula mágica era muy simple: ingerir altas cantidades de vitaminas conseguiría parar la enfermedad de Mario. No ocurrió así y, seis meses después de ser diagnosticado, murió. Su padre, Julián Rodríguez, decidió en ese momento sentar a Llorente ante un tribunal, aunque poco consiguió: salió absuelto de los dos delitos de los que se le acusaba, intrusismo y homicidio por imprudencia grave.