La reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, llega al final de su trámite parlamentario. El grupo confederal de Unidas Podemos ha apurado al máximo los plazos —este lunes era el último día habilitado para introducir cambios— y ha registrado nueve enmiendas parciales a la proposición de ley que el PSOE presentó el pasado 6 de febrero. El departamento de Igualdad, dirigido por Irene Montero, ha sido el encargado de redactarlas. Lo que proponen es elevar las penas a agresores sexuales en ciertos casos, pero con una fórmula distinta a la planteada por el PSOE para no "degradar el sistema del consentimiento", tal y como defendió la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, en declaraciones desde el Congreso. En el ministerio de Igualdad aseguran que están "muy seguras" de sus propuestas y se dan de plazo una semana para alcanzar un acuerdo con el PSOE, ya que está previsto que el texto llegue a la comisión de Justicia el próximo martes.
Aunque Unidas Podemos ha presentado sus propuestas de manera individual —en lugar de hacerlo conjuntamente con Esquerra Republicana (ERC) y Bildu— para marcar "perfil propio", la "sintonía" con ambas formaciones es "máxima", según destacan en el ministerio de Igualdad. Estas mismas fuentes aseguran que han estado trabajando conjuntamente con sus portavoces y que las diferencias entre las enmiendas que ha registrado cada grupo "son bastante pequeñas". De esta forma, creen que esta unión debería llevar al PSOE a regresar a la mesa de negociaciones y alcanzar un acuerdo con las "fuerzas feministas" y no con el Partido Popular, que también ha registrado sus propias enmiendas.
Los conservadores han presentado 14 enmiendas que tienen como finalidad "elevar nuevamente las penas hasta los límites anteriores a la última reforma y rectificar algunos errores generados por modificaciones sucesivas del Código Penal", según indican desde el PP. Los populares proponen un cambio en el artículo 178.4 que indique que "si la agresión se cometiera empleando violencia o intimidación se impondrá la pena de uno a cinco años de prisión", una redacción que se asemeja a la planteada por el PSOE.
En Igualdad aseguran que hay margen para el acuerdo y subrayan que ha sido el PSOE y, en concreto, el Ministerio de Justicia el que se levantó de la mesa de negociación el pasado mes de diciembre. En ese sentido explican que se ha intentado el acuerdo "por todas las vías", tanto a través del grupo parlamentario con la portavoz de Igualdad, Andrea Fernández, como en el propio Gobierno de coalición con los ministros Félix Bolaños, María Jesús Montero y Pilar Llop o sus respectivos equipos. El asunto, según estas mismas fuentes, también se ha abordado directamente con el presidente Pedro Sánchez. "Si el PSOE quiere, llegamos a un acuerdo en 30 segundos", afirman.
Una discrepancia más política que técnica
La revisión de las condenas impuestas a agresores sexuales y el goteo de rebajas tras la entrada en vigor de la norma el pasado mes de octubre han dado pie a un clima de tensión permanente entre los socios de la coalición. El PSOE presentó su propuesta de reforma sin consensuarla previamente con Unidas Podemos, que se opuso a su tramitación. Sin embargo, la norma consiguió salvar ese trámite en el Congreso gracias a los votos del Partido Popular. Los socialistas han tardado apenas unas horas en anunciar su rechazo a las enmiendas de Unidas Podemos, alegando que no solucionan "el problema" y tampoco "los efectos indeseados", en palabras de la portavoz de Ferraz y ministra de Educación, Pilar Alegría.
Lo cierto es que la discrepancia entre Unidas Podemos y el PSOE es más de detalle que de fondo. Los socialistas plantean crear un subtipo penal en las agresiones sexuales cuando exista violencia o intimidación, mientras que Unidas Podemos y otros aliados parlamentarios como ERC y EH Bildu introducen esta violencia o intimidación como un agravante recogido en el artículo 180 del Código Penal. Los morados alegan que la diferencia política es sustancial porque supone darle importancia al "sometimiento" o al "consentimiento". Por su parte, los socialistas insisten en que su propuesta no toca la definición del consentimiento y rechazan la reforma de UP porque consideran que "dispararía las penas".
Este lunes Irene Montero ha aludido en TVE a su alianza con las dos formaciones independentistas, que el pasado jueves registraron sus propias enmiendas, para presionar al PSOE: "El hecho de que toda la mayoría de investidura vaya en una misma línea tendría que hacer reflexionar al PSOE para hacer posible un acuerdo con la mayoría feminista", defendió. Un argumento que también sacó a relucir Rosell: "Es necesario mejorar la aplicación de la ley, pero no retroceder ni degradar el sistema del consentimiento. Es básico llegar a este equilibrio y así lo han entendido también las fuerzas que sostienen la mayoría progresista y feminista. No hace falta ese retroceso que pretende el PP para mejorar la aplicación de la ley en los tribunales". Por su parte, los socialistas insisten en que no se ha producido ningún tipo de negociación con la formación de Alberto Núñez Feijóo, que votó a favor de la toma en consideración el pasado 7 de marzo, al igual que Ciudadanos, PDeCAT, PNV, UPN, Coalición Canaria, PRC y Foro Asturias.
En respuesta a la sentencia de La Manada
Unidos en el fondo, alejados en las formas: la reforma del ‘sí es sí’ se enreda en su fase final
En Igualdad recuerdan que esta fue una de las primeras leyes que llegó al Consejo de Ministros tras el clamor feminista que inundó las calles tras la sentencia de La Manada en el año 2018. La Audiencia Provincial de Navarra condenó por abuso –y no por agresión– a los cinco miembros de La Manada. Aunque el acto sexual no había sido consentido, los magistrados se decantaron por este tipo penal al entender que no se habían producido las circunstancias de violencia o intimidación que determinaban la calificación de violación, una interpretación que posteriormente sería corregida por el Supremo. Con estos hechos en mente, se planteó la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que acababa con esta distinción, estableciendo que cualquier acto sin consentimiento sería considerado agresión sexual.
Esta fusión de los delitos de abuso y agresión sexual conllevó que la horquilla de pena se ampliara, ya que englobaba supuestos más leves y tipos delictivos más graves. Esto ha provocado un goteo de reducciones a la baja de agresores sexuales condenados, en su día, a la pena mínima en base al Código Penal, dado que la pena mínima –en su literalidad y sin tener en cuenta circunstancias agravantes– es inferior tras la entrada en vigor de la ley. Tal y como recuerdan tanto desde el PSOE como desde UP, la nueva reforma no servirá para cambiar estas rebajas porque aunque se vuelva a endurecer el marco normativo, se les aplica la norma más beneficiosa para el reo.
En los seis primeros meses de vida la de la norma, según las cifras facilitadas hace un mes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han producido 721 reducciones de condena –y al menos 74 excarcelaciones– decretadas por los diferentes órganos judiciales tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Esta información, pendiente de ser actualizada, también reflejaba que la disminución de la pena no se producía con carácter general. En las 31 audiencias provinciales que aportaron datos completos, se registraron rebajas en un 25,5% de los casos.
La reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, llega al final de su trámite parlamentario. El grupo confederal de Unidas Podemos ha apurado al máximo los plazos —este lunes era el último día habilitado para introducir cambios— y ha registrado nueve enmiendas parciales a la proposición de ley que el PSOE presentó el pasado 6 de febrero. El departamento de Igualdad, dirigido por Irene Montero, ha sido el encargado de redactarlas. Lo que proponen es elevar las penas a agresores sexuales en ciertos casos, pero con una fórmula distinta a la planteada por el PSOE para no "degradar el sistema del consentimiento", tal y como defendió la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, en declaraciones desde el Congreso. En el ministerio de Igualdad aseguran que están "muy seguras" de sus propuestas y se dan de plazo una semana para alcanzar un acuerdo con el PSOE, ya que está previsto que el texto llegue a la comisión de Justicia el próximo martes.