En la actualización que los socialistas han hecho de sus programa electoral para el 28 de abril hay dos grandes ausencias: la reforma federal de la Constitución y la denuncia de los acuerdos de España con el Vaticano.
El programa con el que Pedro Sánchez se presentó a las últimas elecciones, en un contexto muy diferente al de hoy —con el PSOE en la oposición, obligado a pelear por el liderazgo de la izquierda frente a Unidos Podemos, al que algunas encuestas situaban en situación de superar a los socialistas, y sin que los partidos independentistas hubiesen llevado a cabo la declaración unilateral de independencia de Cataluña— incluía un amplio apartado sobre la reforma federal de la Constitución.
Los socialistas promovían entonces “un nuevo pacto territorial para una sociedad plural” a partir de una reforma de “la estructura territorial del Estado con los principios y técnicas del federalismo”. Entre otras medidas, el PSOE defendía “incluir en la Constitución a las Comunidades Autónomas por su nombre” e “incorporar la referencia a la autonomía de las ciudades de Ceuta y Melilla”; mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España con el objetivo de “establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía de la libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en los territorios de las respectivas comunidades”, así como reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara territorial. Esta última medida se ha modulado y ahora se limita a proponer que la Cámara alta se convierta “en un lugar de encuentro de las comunidades autónomas con el Gobierno de España y de éstas entre sí, para que contribuya de manera más eficaz al funcionamiento integrado del modelo territorial”.
Del programa de 2016 en materia territorial apenas sobreviven dos propuestas: racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial, incluyendo la delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en las competencias compartidas y enunciando de manera precisa los títulos competenciales de carácter horizontal del Estado, y el reconocimiento en los Estatutos de autonomía de las “singularidades”.
Aunque donde el programa de 2016 hablaba de “las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos; insularidad; ultraperificidad; organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil”, el de 2019 se limita a proponer “una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios”.
En el programa de estas elecciones sí se mantiene la idea de que las reglas fundamentales de la financiación autonómica pasen a formar parte de la Constitución. La principal diferencia es que ahora los socialistas hacen una referencia poco precisa: proponen incluir en la Carta Magna “las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos”, establecer “la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial” y “garantizar la participación de los territorios en la concreción del modelo a través de una configuración distinta del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.
Hace tres años el PSOE enumeraba los principios que debían regir la regulación estable de la financiación autonómica en la Constitución: de “certeza, estabilidad, y equilibrio en el reparto de los recursos públicos y los de autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial”. La nivelación financiera debía reconocer “niveles similares de servicios públicos” y “el alcance del concepto de esfuerzo fiscal similar en todos los territorios entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales”, de manera que “la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye, impulsando asimismo la convergencia de renta y riqueza entre las Comunidades que permita garantizar el principio de igualdad”.
Sin propuestas sobre la Iglesia Católica
Los socialistas proponían, hace sólo tres años, “denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede” —el Concordato que rige las relaciones con el Vaticano— y “reclamar la titularidad del dominio de derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad a su favor del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento”. Ninguna de las dos medidas está ya en el programa del PSOE para las generales.
También se ha caído del nuevo programa electoral del PSOE la idea de transformar los lugares de culto situados en centros públicos en sitios “de oración multiconfesionales”, así como “establecer un nuevo y renovado marco legislativo que vele por el buen uso y correcto funcionamiento de aquellos bienes inmuebles de interés cultural pertenecientes a la iglesia católica o a otras instituciones, y que establezca mecanismos que eviten que los inmuebles lleguen a encontrarse en situación de abandono”.
La propuesta con la que el PSOE de Pedro Sánchez se presentó a las elecciones en junio de 2016 promovía, en sintonía con el artículo 16 de la Constitución, evitar “cualquier tipo de confusión entre funciones públicas y religiosas en todo lo referente a actos institucionales, símbolos y espacios públicos”. Apostaba por la “autofinanciación de las confesiones religiosas” mediante “la contribución activa y voluntaria de las personas afines a sus iglesias” y consideraba que “el sistema de asignación tributaria actual” no era “aceptable, debiendo de ser suprimido en aplicación del principio de laicidad”.
Los socialistas también defendían “una escuela pública laica y gratuita como garantía de los valores públicos y respeto de las creencias privadas” y una escuela pública en la que no cupiese “la integración, ni en el currículo ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales”. Sólo admitía “la incorporación de la enseñanza cultural sobre el hecho religioso en términos de integración y convivencia, como parte de nuestro patrimonio cultural y para evitar, por ignorancia, los riesgos de los fundamentalismos”. Ambas propuestas ya no forman parte de la oferta electoral del PSOE.
Del programa también ha desaparecido la propuesta de suprimir de la Constitución la actual referencia a la Iglesia Católica y establecer “el sometimiento de los representantes de los poderes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones”.
La promesa de aprobar una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia, que estableciese un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas, ha sido sustituida por una simple Ley de Libertad de Conciencia sobre la que el PSOE no ha ofrecido ningún detalle.
En la actualización que los socialistas han hecho de sus programa electoral para el 28 de abril hay dos grandes ausencias: la reforma federal de la Constitución y la denuncia de los acuerdos de España con el Vaticano.