El PSC vuelve a abrirse a que en Cataluña se celebre una consulta de secesión. No como primera opción, no sin antes reformar la Constitución, pero sí en el caso de que todo lo demás falle. Los socialistas catalanes, que celebrarán su XIII congreso entre el 4 y el 6 de noviembre, han abierto la puerta en la ponencia política de ese cónclave a una ley de claridad a la canadiense y a un referéndum de autodeterminación. En el PSOE la noticia no ha sido bien recibida, e incluso en sectores del PSC se admite abiertamente que expresar ese planteamiento ahora es un "error".
En cualquier caso, los socialistas catalanes dejan claro en el citado texto que en primer lugar hay que intentar la vía que defiende el partido a nivel nacional, la reforma de la Carta Magna como prioridad absoluta y con la esperanza de que solvente la cuestión del encaje territorial. De hecho, se rechaza explícitamente "preguntar primero" sobre la independencia. Entre los elementos que debería incorporar la Constitución, el PSC cita "el pleno reconocimiento del carácter nacional de Catalunya, de sus derechos históricos y de la singularidad de su autogobierno".
"Empezar por el final como algunos pretenden, preguntando primero por la última de las opciones a considerar, es tanto como descafeinar la presión negociadora hoy acumulada (...). Si una consulta de esas característica fuera viable de entrada, querría decir que estamos ante un nuevo marco de diálogo restablecido entre Cataluña y España, ante un nuevo clima de entendimiento cosa que, junto con un debate sereno y profundizado sobre los efectos de la independencia, daría como resultado, bien probablemente, un no a la secesión", apunta el documento.
Un 'plan B' como última opción
Ahora bien, la formación que dirige Miquel Iceta agrega en el texto que se someterá a debate en otoño que, si el "acuerdo bilateral" que alcancen Cataluña y el Estado en la reforma de la Constitución no fuera ratificado por los catalanes en las urnas y cosechara un "fracaso", los socialistas catalanes propondrían "al conjunto de los españoles otros instrumentos democráticos (por ejemplo, una ley de claridad como la canadiense) que establecerían las condiciones para, si procede, verificar el apoyo ciudadano a una eventual secesión".
Fuentes de la cúpula del PSC consultadas por infoLibre reiteran que la propuesta del partido es "la reforma constitucional y un referéndum que se vote en toda España". "Nuestro modelo no es el canadiense: queremos una reforma y un referéndum para unir, un Estado federal y apurar al máximo las posibilidades en ese sentido", apunta un dirigente. "Pero si la correlación de fuerzas impide que ese plan prospere, tiene que haber un plan B", admite. "Es una propuesta de fondo que siempre ha estado ahí y si no funciona la reforma constitucional, tenemos que saber qué proponer", apunta otro miembro de la dirección próximo a Iceta.
El propio primer secretario, de hecho, ya planteó a finales de marzo que aceptaría un referéndum soberanista con una pregunta inequívoca si los catalanes rechazaran masivamente la reforma constitucional y que, para ello, debería redactarse previamente una "ley de claridad a la canadiense". Iceta se mostró convencido de que los catalanes y el resto de españoles apoyarán la reforma constitucional del PSOE porque se redactará de tal modo que "tenga un consenso muy amplio para que pueda ganar el referéndum", pero dejó abierta esa otra posibilidad.
La vía canadiense
La ponencia de los socialistas catalanes toma como ejemplo el caso de Québec en Canadá. En la provincia francófona se celebraron referendos en 1980 y 1995, ambos ganados por el no: el primero de ellos con un 59,5% de rechazo a la independencia y el segundo de ellos por estrecho margen, por apenas un 50,6%. Tras esas convocatorias, en marzo de 2000, la Cámara de los Comunes canadiense aprobó la denominada Ley de la Claridad, que determina las reglas de un hipotético tercer referéndum que no se ha celebrado hasta la fecha.
En concreto, la norma establece que son el Parlamento nacional y el Gobierno federal quienes deben decidir si la pregunta que se somete a votación es clara y qué porcentaje de votos a favor de la independencia se considera suficientes en una eventual consulta. La propuesta del PSC, por tanto, implicaría tres fases: primero, una reforma constitucional. Segundo, y sólo si la primera fracasase, un debate a nivel estatal sobre las condiciones del referéndum de autodeterminación de Cataluña. Y por último, la votación.
Un posible error de estrategia
Pese a que el contenido de la ponencia de los socialistas catalanes no es estrictamente nuevo, dirigentes de la cúpula del partido consideraron este viernes que exponerla ahora es un "error". "Lo más inteligente había sido evitar que esto apareciera ahora. Es un error. En la ponencia deberíamos habernos limitado a hablar de un Estado federal y punto, y la ley a la canadiense se debería haber incorporado, en todo caso, en la fase de enmiendas", asegura un miembro de la ejecutiva del PSC. "Proponer la reforma constitucional y abrirse al referéndum al mismo tiempo transmite la sensación de que no confías en la reforma", insiste.
Otro cargo de la dirección del partido, en cambio, cree que incluir en la ponencia la posibilidad de establecer por ley las condiciones de una votación sobre la independencia de Cataluña puede servir para forzar la negociación sobre la reforma constitucional. El razonamiento de este dirigente es que queda claro que el PSC "no dice que no al referéndum porque no", sino porque considera que tiene "una propuesta mejor". "Ahora nos toca forzar al máximo nuestro plan A y trabajar en la reforma de la Constitución, pero la ponencia lo que hace es prever todas las posibilidades", añade.
El PSOE lo rechaza
En la dirección del PSOE y en las distintas federaciones se acogió con críticas la reapertura del debate sobre el referéndum, que se interpreta como el enésimo giro argumental del PSC en su discurso territorial. "Espero que esto no prospere y que la solución que nosotros pensamos que es la viable y la que beneficia al país y a Cataluña sea la de la reforma constitucional", aseguró en la mañana de este viernes la secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red de la ejecutiva federal socialista, María González Veracruz.
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"Lo que necesita este país es un referéndum constitucional para que todos los españoles votemos sobre la unión y no sobre la separación", insistió González Veracruz, quien recordó que la opción del partido es la revisión de la Carta Magna, tal como acordaron todas las federaciones en la llamada declaración de Granda de 2013 [ver en PDF]. En esa misma línea, el presidente de Asturias, Javier Fernández, dijo no compartir "en absoluto" la propuesta de una consulta en Cataluña al estilo canadiense. A su juicio, la propuesta del PSC "rebasa" la posición del PSOE. "Deberán revisarla. Quien tiene que reflexionar es el propio PSC", advirtió.
Fuentes de los socialistas andaluces consultadas por este diario coinciden con el planteamiento de la dirección federal y de Fernández. "Es una vuelta a las andadas. Nuestra referencia es la declaración de Granada, y no entiendo para qué reabrir el debate", señala un cargo del entorno de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. "El PSOE sigue en la declaración de Granada y eso es todo", apuntan otras federaciones, como la castellanomanchega, liderada por Emiliano García-Page.
La referida declaración de Granada pide reformar la Carta Magna con "un nivel de consenso al menos tan amplio" como del de 1978 para, entre otros elementos, "incorporar el mapa autonómico de España", "clarificar y delimitar" el reparto de competencias, "sustituir el Senado por una auténtica Cámara de representación territorial" e "incorporar los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas". Esa reforma constitucional debería aprobarse posteriormente en un referéndum en todo el Estado.
El PSC vuelve a abrirse a que en Cataluña se celebre una consulta de secesión. No como primera opción, no sin antes reformar la Constitución, pero sí en el caso de que todo lo demás falle. Los socialistas catalanes, que celebrarán su XIII congreso entre el 4 y el 6 de noviembre, han abierto la puerta en la ponencia política de ese cónclave a una ley de claridad a la canadiense y a un referéndum de autodeterminación. En el PSOE la noticia no ha sido bien recibida, e incluso en sectores del PSC se admite abiertamente que expresar ese planteamiento ahora es un "error".