En el año 2015 el Gobierno presidido por Mariano Rajoy introdujo las llamadas devoluciones en caliente en la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. La disposición adicional incluida en la norma permitía, así, expulsar sin asistencia jurídica a los migrantes que trataran de llegar a España a través de las fronteras en Ceuta y Melilla. “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”, reza el texto de la ley.
El PSOE asegura que su objetivo es sacar este punto de la ley mordaza y llevarlo a Ley de Extranjería —y así lo acordó con Unidas Podemos en noviembre de 2021—pero fuentes del partido admiten que ya no les da tiempo a realizar este cambio antes de que termine la legislatura. Desde las filas socialistas rechazan la propuesta de UP y PNV de realizar una modificación en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que encara su fase final en el Congreso.
Los morados y los nacionalistas vascos abogan por aprobar una enmienda transaccional que especifique que estas devoluciones deben hacerse siguiendo "la normativa internacional de respeto de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte". Tal y como consta en el texto, al que ha tenido acceso infoLibre, se da un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la nueva ley para que el Gobierno "dicte las disposiciones necesarias" para aplicar este nuevo criterio.
Desde el PSOE apuntan a febrero como el mes clave para aprobar la nueva norma en la Comisión de Interior y, según trasladan fuentes presentes en las negociaciones, el debate de las devoluciones es "una patata caliente" que "nadie" se atreve a tocar. Estas fuentes señalan que no ha estado encima de la mesa cómo dejarían la articulación dentro de la Ley de Extranjería.
El Constitucional avaló las devoluciones en caliente
Lo cierto es que no son los pocos los organismos que han criticado el proceso que se ha seguido en muchas de estas devoluciones. Sucedió con la tragedia de Melilla del pasado mes de junio, en la que murieron al menos 23 personas. Un informe elaborado por el Defensor del Pueblo concluyó que los 470 rechazos en frontera practicados "no cumplieron las previsiones legales nacionales e internacionales relativos a la protección internacional y a la garantía de otros Derechos Humanos". El ministerio del Interior, por su parte, respondió que que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron "dentro de las más estricta legalidad".
Desde Interior se escudan en que el Tribunal Constitucional dio su beneplácito a la disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana que permite el "rechazo" de los migrantes "detectados" mientras "intentan superar los elementos de contención fronterizos". Así, reiteraba que el Estado podía denegar su entrada en el territorio incluso "a los posibles solicitantes de asilo" si no recurrían a los mecanismos de entrada establecidos legalmente.
Aquel fallo, no obstante, contaba con el voto particular de María Luisa Balaguer. En su escrito, la magistrada desmonta la argumentación mayoritaria. Así, por ejemplo, consideraba sorprendente que se diga que los agentes deben prestar atención especial a las personas especialmente vulnerables sin que se explique de qué modo puede hacerse "en ausencia de un procedimiento desarrollado sin unas mínimas garantías esenciales".
El giro de Sánchez en política migratoria y su acercamiento a Marruecos
La llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa auguraba un cambio en materia migratoria. Este giro se evidenció pocas semanas después de desalojar al Gobierno del PP, cuando el líder del Ejecutivo decidió lanzar un salvavidas al barco Aquarius y acoger a los 629 migrantes y refugiados que viajaban a bordo. En paralelo, el propio Sánchez y su titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaban la retirada de las concertinas, la paralización de las devoluciones en caliente en las fronteras terrestres con Marruecos y la recuperación de la sanidad universal. De estas tres, tan solo se ha cumplido la tercera.
La declaración conjunta con Marruecos vuelve a mencionar el Sáhara y el apoyo de España al plan de autonomía
"Rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente", dijo el propio líder del Ejecutivo en 2017. Su prohibición era una medida contemplada, además, en el programa electoral con el que el PSOE se presentó a las elecciones generales del 26 de junio de 2016. Una vez en el Gobierno, Sánchez se comprometió a poner fin a las devoluciones en caliente conforme a la legalidad internacional, que exige que el país al que llegan compruebe si estas personas se encuentran bien de salud o corren peligro antes de ser devueltos. El Ejecutivo, de hecho, anunció que estudiaba retirar el recurso del PP contra una sentencia que les condenaba a indemnizar a dos migrantes devueltos de esta manera.
Sin embargo, coincidiendo con el inicio de la crisis migratoria con Marruecos, Marlaska comenzó a utilizar el eufemismo "rechazos en la frontera" para evitar denominarlas como devoluciones en caliente. Lo cierto es que el país vecino ha utilizado históricamente la migración como arma arrojadiza para imponer sus intereses. Y, dada la respuesta de Sánchez, la estrategia ha funcionado. Es más, el presidente del Gobierno ha asistido esta misma semana con una importante delegación ministerial a una cumbre entre ambos países, en la que ha destacado la ausencia del rey Mohamed VI.
A lo largo de la legislatura, el ala socialista ha pasado de puntillas sobre los muertos en la frontera de Melilla, sobre el espionaje de Pegasus o sobre la autonomía del Sáhara. Sobre esta última cuestión, Sánchez reconoció en una carta a Mohamed VI que la propuesta para la creación de un régimen de autonomía para el Sáhara era "la más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto. Una postura que granjeó críticas de Unidas Podemos, que ha rechazado acudir al país vecino esta semana en protesta a esta decisión.
En el año 2015 el Gobierno presidido por Mariano Rajoy introdujo las llamadas devoluciones en caliente en la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. La disposición adicional incluida en la norma permitía, así, expulsar sin asistencia jurídica a los migrantes que trataran de llegar a España a través de las fronteras en Ceuta y Melilla. “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”, reza el texto de la ley.