PSOE y Equo lideran el pacto de nueve partidos contra la reapertura de la central de Garoña

En la próxima legislatura, si no gobierna el PP de nuevo (y si se llega a tiempo), la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) no reabrirá. Porque a eso se va a comprometer la mayor parte de la oposición en un manifiesto que se presentará este jueves por la mañana en la Sala Martínez Noval del Congreso.

La declaración comenzó a gestarse el pasado octubre, a iniciativa del PSOE y de Equo. En un encuentro entre ambos partidos, se propusieron "aunar voluntades", redactar un texto para ratificar la promesa de no permitir que la planta burgalesa vuelva a operar y atraer al resto de grupos. Poco a poco se fue dando forma a un documento al que se han ido adhiriendo Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, Coalición Canaria, Amaiur, ERC, BNG, y Geroa Bai. O sea, todos menos PP, UPyD, CiU y, dentro del Mixto, UPN y Foro Asturias. 

"Consideramos que nunca debe volver ponerse en marcha la central nuclear de Garoña. Por ello nos comprometemos a no reabrirla, si en el año 2015 llegamos a formar parte del Gobierno de la nación, y abogamos por un nuevo modelo energético que deje atrás la energía nuclear, tras un período de transición hacia ese nuevo modelo energético", sanciona el texto. 

El documento comienza recordando que Garoña se inauguró en 1971 y es la central más antigua del parque nuclear español, que ya ha cumplido los 40 años de vida y que es "el momento" de desmantelarla. Por varias razones. Primero, porque es "innecesaria" desde el punto de vista energético ya que no ha habido "ningún problema de abastecimiento" desde que dejó de operar, en diciembre de 2012. Dos, porque presenta "graves déficits de seguridad" y es "gemela al reactor número 1 de la central japonesa de Fukushima", la que sufrió la explosión en marzo de 2011 después de un terremoto y un tsunami. 

El Gobierno de Mariano Rajoy y la empresa propietaria, Nuclenor –participada al 50% por Endesa e Iberdrola–, "están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente". 

Permiso para operar 17 años más

El pasado 26 de noviembre, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con el voto contrario de la consejera socialista Cristina Narbona, aprobó una serie de inspecciones en la vasija del reactor y de otros elementos de la central burgalesa. En la reunión se trató la retirada transitoria de las compuertas entre la piscina de almacenamiento de combustible gastado y la cavidad del reactor, y la revisión del estudio de seguridad en parada. Puntos necesarios para evaluar la seguridad de la planta y la solicitud de renovación del permiso de explotación de Garoña, que ha pedido operar 17 años más. 

"El Gobierno –dice el manifiesto– está utilizando el caso de la nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años. Por ello plantea alargar 17 años más la vida de Garoña, hasta completar esos 60 años. Reclamamos que el actual proceso puesto en marcha por el Gobierno del PP para reabrir Garoña no presuponga la adopción de decisiones irreversibles desde el punto de vista económico, que supongan un coste a los ciudadanos en el futuro, si la central no se reabre".

Tras subrayar el compromiso de no reabrir la planta, los firmantes señalan que el cierre de la misma debe acompañarse de un "plan de reactivación económica de la zona" y de dinamización de la comarca "alrededor de alternativas productivas, sostenibles, limpias y seguras, incrementando la competitividad de la economía local y mejorando las condiciones sociolaborales de aquellos ciudadanos que se vean directa o indirectamente afectados por la decisión". 

Satisfacción de los impulsores

Pilar Lucio, secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad de la ejecutiva socialista de Pedro Sánchez, y Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo, se mostraban ayer miércoles satisfechos con el acuerdo alcanzado y el nivel de apoyo logrado. UPyD se desmarcó porque "no está de acuerdo con que se hable de una central concreta", según Lucio, y CiU no rechaza la energía nuclear. El PNV propondrá "una pequeña modificación", pero lo suscribe, y como recordaban fuentes del partido, el grupo ha hecho "muchas iniciativas" en el Congreso (preguntas orales en pleno, por escrito, proposiciones no de ley...) pidiendo el cierre definitivo de Garoña desde hace mucho tiempo, incluida esta legislatura. 

Con la planta burgalesa "se juega el alargamiento de la vida de las nucleares", incidía López de Uralde, en conversación con este diario. "Quieren prolongar 17 años la vida de Garoña para llegar así a los 60 años, al máximo de vida útil, y hacerlo de golpe, cuando ni siquiera todos los consejeros del CSN están de acuerdo", completó Lucio. 

El Gobierno, en una respuesta al diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, señaló que la actual legislación –el real decreto 1836/1999– no limita a diez años la autorización de renovación a una nuclear. Nuclenor presentó a Industria su solicitud el 27 de mayo para poder operar hasta 2031, que fue trasladada al CSN para su evaluación y correspondiente informe "preceptivo y vinculante". Y agregó que la empresa justificó su solicitud de 17 años porque ese marco temporal "le proporcionaría la estabilidad y certidumbre necesarias para acometer las inversiones para la explotación segura y fiable de la instalación". 

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* Esta información fue modificada a las 12 horas del jueves 18 de diciembre de 2014 para incluir, dentro del pacto contra la reapertura de Garoña, a ERC, formación que por error no fue incorporada en una primera versión. Los firmantes, pues, son PSOE, Compromís-Equo, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, Amaiur, ERC, Coalición Canaria, BNG y Geroa Bai. dentro del pacto contra la reapertura de GaroñaERCNueve en total.