"Silenci. Seguimos hablando”. Esta premisa sale del círculo de poder de Junts sobre la negociación que está abierta con el PSOE. Las palabras altisonantes se han rebajado y los dos partidos están afanados para poder llegar a un punto de encuentro que salve la ley de amnistía en el trámite que se abre de nuevo en la Comisión de Justicia tras el traumático ‘no’ de la semana pasada en el Congreso por parte de los posconvergentes.
Desde el fin de semana el tono ha cambiado. Y las dos partes vuelven a la técnica con la que abordaron la negociación de la investidura y buscan una solución de manera discreta. Los partidos trasladan su intención de llegar a buen puerto y saben que el reloj ha empezado a contar hacia atrás. Este martes la Mesa del Congreso aprobará el calendario de la Comisión de Justicia, con la base no vinculante del informe de los letrados que considera que el plazo debe de ser de quince días al tratarse de una proposición de ley tramitada por la vía de urgencia.
Y en esa negociación se están planteando soluciones externas al propio redactado de la ley, que el Gobierno no quiere tocar para no poner en peligro el texto ante las futuras interpretaciones por parte del Tribunal Constitucional y de las instancias judiciales de la Unión Europea. El PSOE ha trasladado a sus interlocutores la intención de que el articulado se mantenga fiel al dictamen que salió de la Comisión de Justicia.
Los límites del PSOE
En ese diálogo los socialistas han comunicado que se oponen, como hicieron durante la votación de las enmiendas, a que todos los casos del terrorismo queden incluidos dentro de la amnistía. Además, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó durante una entrevista en Al rojo vivo que vayan a acceder a la petición de tocar la propia definición de terrorismo en el Código Penal, una vía que había planteado el exdiputado Jaume Asens, que ha hecho en algunas ocasiones de vínculo entre el espacio de Sumar y los posconvergentes gracias a su buena relación con Carles Puigdemont.
Una de las posibilidades que tiene sobre la mesa el Gobierno para llegar a un acuerdo con Junts es acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar los plazos de las instrucciones. Este debate está abierto especialmente dentro del independentismo por las últimas decisiones de los magistrados Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre para ampliar las investigaciones por los casos de Tsunami Democràtic y de la trama rusa, que han puesto en el ojo del huracán a Carles Puigdemont y la posibilidad de que acabe fuera de la medida de gracia por supuestos vínculos con el terrorismo.
El presidente del Gobierno se mostró absolutamente convencido de que terminará saliendo la ley de amnistía y llamó a la “templanza” y la “firmeza” en relación a Carles Puigdemont ante la posibles interpretaciones por parte de los jueces de esa ley. El jefe del Ejecutivo defendió que se trata de una ley “reparadora” y “valiente” y tiene la convicción de que es “cien por cien” constitucional. Las palabras del socialista tenían el mensaje que no se puede tocar en grandes rasgos porque ya está atada para poder pasar el Tribunal Constitucional y las instancias europeas.
Los movimientos de García-Castellón
El rechazo de Junts a la ley que había apoyado en todas las votaciones hasta la semana pasada viene determinado por los últimos movimientos judiciales y el temor a que no sirva para Carles Puigdemont. La solución de acortar la instrucción es una señal de que no se va a dejar en manos de García-Castellón la investigación durante meses. Además, como siempre recuerdan en el PSOE o en ERC, el caso luego debe pasar a una instancia superior y el magistrado no será el encargado de dictar la sentencia correspondiente. Por lo tanto, creen que es hora de dar el paso de la aprobación definitiva en el Congreso y que la norma encamine su recta final, convencidos de que luego no terminará acusado de un delito de terrorismo el expresident catalán.
El juez García-Castellón dictó este lunes un nuevo auto por el que acuerda que la Guardia Civil localice al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, que se encuentra en Suiza y está investigado por el caso Tsunami. El magistrado considera que "determinar la localización de Wagensberg y asegurar su disponibilidad ante el órgano de instrucción, resulta un hecho relevante para los fines de la instrucción sumarial" y explica que cabe la posibilidad de que “pudiera haber tratado de abstraerse de la acción judicial".
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La instrucción de García-Castellón ha chocado con la postura del fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo, en cuyo informe concluyó que no hay indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont que justifiquen una investigación por Tsunami. Además, remarcó que no concurre el tipo penal de terrorismo.
De esta manera respondió a la exposición razonada remitida por García-Castellón. Para el fiscal, el Alto Tribunal es "competente para conocer, en su caso, de las actuaciones provisionalmente atribuidas a los señores aforados", pero subraya que "procede indicar al instructor que debe continuar las investigaciones, al no concurrir indicios racionales de criminalidad en este momento procesal, que justifiquen la elevación de la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en relación con los referidos señores".
El informe del fiscal ha levantado mucha polvareda por supuestamente haber cambiado de parecer en el último documento. Pero él mismo, a través de un comunicado, ha desmentido las supuestas presiones por parte de la Fiscalía General del Estado, algo de lo que también se desvinculó Álvaro García Ortiz. “Mi único criterio de actuación es y ha sido siempre la más estricta aplicación de la ley y la promoción de la justicia, desde la más alta imparcialidad y sin aceptar presión alguna de nadie, actuando en defensa de la ley, y cumpliendo además con rigor los principios éticos que deben orientar la actuación de los magistrados. Y este seguirá siendo mi único criterio de actuación”, dejó por escrito.
"Silenci. Seguimos hablando”. Esta premisa sale del círculo de poder de Junts sobre la negociación que está abierta con el PSOE. Las palabras altisonantes se han rebajado y los dos partidos están afanados para poder llegar a un punto de encuentro que salve la ley de amnistía en el trámite que se abre de nuevo en la Comisión de Justicia tras el traumático ‘no’ de la semana pasada en el Congreso por parte de los posconvergentes.