Los 17,1 millones de euros adjudicados a dedo, desde hace año y medio y mediante tramitación de "emergencia" por el Gobierno de Murcia para la empresa que gestiona la televisión pública regional se han convertido en el eje de la denuncia que el PSOE acaba de interponer ante la Fiscalía Anticorrupción. Presentada la mañana de este viernes y a la que ha tenido acceso infoLibre, la denuncia detecta indicios de prevaricación, malversación y cohecho en todos los pasos que el Ejecutivo murciano ha ido dando en relación a CBM Servicios Audiovisuales SL. Filial del Grupo Secuoya, CBM tiene como director general a Antonio Peñarrubia. Asesor de Ignacio González en su primera etapa como presidente de Madrid, Peñarrubia es el marido de Mar Moreno, secretaria general de Presidencia en el Gobierno de Fernando López Miras (PP).
De forma inicial "y sin perjuicio" de que pudieran sumarse otros nombres, los socialistas dirigen la denuncia contra tres altos cargos: el exconsejero de Economía y Hacienda que hasta junio firmó las órdenes de adjudicación, Javier Celdrán; su sucesor, Luis Alberto Marín; y el director general de informática, Javier Martínez.
La tardanza en la convocatoria del nuevo concurso constituye un elemento clave de la denuncia. Y el primer episodio de una bola de nieve que ha ido creciendo a base de tropiezos burocráticos. Como recalca el escrito presentado en la Fiscalía, el expediente para la gestión de la TV pública –7 TV– de la Comunidad de Murcia (CARM) se inició en febrero de 2020, solo dos meses antes de que el contrato en vigor expirase sin opción de prórroga y pese a que la adjudicación a CBM en abril de 2015 había tardado un año en tramitarse. Con el retraso, continúa el texto, "se provocó una situación que permitió, desde mayo de 2020 –de facto y fraudulentamente– seguir contando con el actual contratista, CBM Servicios Audiovisuales". Se trata, agrega el PSOE murciano, de una empresa en la que "a mayor abundamiento, existen vínculos personales más que cuestionables entre responsables políticos de alto rango de la CARM y responsables de dicha adjudicataria (la secretaria general de Presidencia de la CARM es la esposa del director general de la adjudicataria)".
Junto con la demora en la apertura del expediente, los socialistas destacan otros dos elementos. El primero, el uso de la contratación "de emergencia" bajo el paraguas de la pandemia: "Lo que ampara la normativa de emergencia es una situación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del suceso en cuestión". Y ese, añade la denuncia, "no es el caso que nos ocupa, máxime cuando desde el pasado 9 de mayo de 2021 ya no nos encontramos en Estado de Alarma, pese a lo cual, la situación se perpetúa, ya sin coartada alguna, e incurriendo en actuaciones que podrían ser calificadas como presuntamente constitutivas de delitos de prevaricación administrativa, malversación o aquellos otros que pudieran derivarse de las investigaciones que se practiquen".
El otro dato en que incide la denuncia es el importe del pago aprobado, 900.000 euros por mes para CBM hasta el próximo diciembre. En las cinco órdenes de adjudicación por "emergencia", dice la denuncia, "se señala expresamente" que “sería inasumible económicamente la ejecución por cualquier otro licitador, teniendo en cuenta el periodo de amortización del equipamiento técnico necesario para desarrollar los servicios contratados”. Y aquí viene el pero. Porque "si el equipo técnico está amortizado, debería de ajustarse el precio del contrato al coste en el que incurre el contratista, ajuste que no se realiza, con el coste ocasionado para las arcas públicas".
El expediente no se inició hasta el 25 de febrero de 2010, dos meses antes de que el 30 de abril expirase de forma irreversible el contrato con CBM. "Al emitir –se lee en la denuncia– la Orden de 25 de febrero de 2020, el consejero que la emite es -o debe ser- plenamente consciente de que en dos meses no va a estar dispuesto el contrato para que el día 1 de mayo pueda prestar sus servicios el nuevo contratista".
Sobre por qué necesita mucho más que dos meses la adjudicación de un contrato que comporta un gasto de "más de 77 millones de euros y que requiere un comité de expertos que asesore a la mesa de contratación", la denuncia se expresa en estos términos: "Un procedimiento de estas características mínimo puede durar seis u ocho meses si no hay recursos que suspendan la licitación, algo normal en un procedimiento de esta cuantía, en cuyo caso, se supera el año. Y a las pruebas -crisis del coronavirus al margen- nos remitimos, puesto que el procedimiento para la adjudicación del servicio constantemente se ve sometido a retrasos e irregularidades que por un lado impiden que se verifique la adjudicación y, consecuentemente, perpetúa que la empresa contratista actual siga prestando el servicio directamente y sin licitación".
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El comité de expertos de cuya existencia habla la denuncia no se creó hasta el 23 de diciembre de 2020. El sobre relativo a los "criterios evaluables mediante juicio de valor" y sobre el que debía emitir opinión se abrió el 27 de enero de 2021. El 9 de septiembre, y así consta en un acta oficial, seguía sin haber dictamen en ese punto. Uno de los tres miembros del comité había pedido en julio que se diera por concluida su intervención. Ahora hay un nuevo comité con tres integrantes distintos de los iniciales. Uno de los nuevos componentes del comité es el director de comunicación del Gobierno murciano.
Según la Orden de la Consejería de Hacienda que en marzo de 2020 inauguró la serie de adjudicaciones directas a CBM, el concurso de gestión indirecta de la televisión murciana no se convocó antes porque había que aprobar un nuevo contrato programa. Y como en mayo de 2019 hubo elecciones autonómicas –proseguía el razonamiento– no se nombró nuevo director general de la radiotelevisión murciana hasta octubre de ese año: porque era conveniente que ese nuevo director "participara" en el contrato programa. En julio de este año, y después de que infoLibre desvelase las adjudicaciones a dedo por 17,1 millones para CBM, el anterior director de la cadena pública murciana, Juan Miguel Aguado, desmontó ese argumento en declaraciones a este medio: "En 2016 remití al Gobierno regional un borrador de contrato-programa.No quisieron aprobarlo". Aguado recordó con cierta amargura que su aviso había caído en saco roto: "Lo dije, que si no se licitaba antes de 2019 no iba a dar tiempo".
Los 17,1 millones de euros adjudicados a dedo, desde hace año y medio y mediante tramitación de "emergencia" por el Gobierno de Murcia para la empresa que gestiona la televisión pública regional se han convertido en el eje de la denuncia que el PSOE acaba de interponer ante la Fiscalía Anticorrupción. Presentada la mañana de este viernes y a la que ha tenido acceso infoLibre, la denuncia detecta indicios de prevaricación, malversación y cohecho en todos los pasos que el Ejecutivo murciano ha ido dando en relación a CBM Servicios Audiovisuales SL. Filial del Grupo Secuoya, CBM tiene como director general a Antonio Peñarrubia. Asesor de Ignacio González en su primera etapa como presidente de Madrid, Peñarrubia es el marido de Mar Moreno, secretaria general de Presidencia en el Gobierno de Fernando López Miras (PP).
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