El Tribunal Constitucional tendrá que decidir si la práctica con la que PP y Ciudadanos han bloqueado durante toda la legislatura la tramitación en el Congreso de las leyes a las que ambas formaciones se oponían pero contra las cuales no disponían de mayoría en el Pleno violó los derechos de los diputados y de los electores. La corte arbitral española tendrá que examinar el recurso de amparo que sobre este asunto le ha hecho llegar el Grupo Parlamentario Socialista contra esta práctica, que ha impedido que cerca de 50 iniciativas tomadas en consideración por la mayoría del Pleno siguieran adelante con su tramitación legislativa.
Para bloquear estas propuestas, PP y Cs se valieron durante estos años de su mayoría en la Mesa del Congreso y de la posibilidad que el Reglamento de la Cámara les da de ampliar sucesiva e indefinidamente el plazo de presentación de enmiendas, lo que en la práctica impide que las iniciativas prosigan su tramitación. La resolución del TC ya no tendrá efecto sobre los asuntos bloqueados durante la legislatura —la semana que viene las Cortes serán disueltas por la convocatoria de elecciones para el 28 de abril— pero su pronunciamiento sí servirá para establecer si la Mesa actuó correctamente o si, por el contrario, en el futuro nadie podrá recurrir a una treta semejante para paralizar la tramitación de iniciativas.
El recurso de los socialistas se centra en la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto —convalidado por el Congreso y cuya curso debía llevarse a cabo por el procedimiento de urgencia— de derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que fue sometido a veintisiete ampliaciones del plazo de enmiendas, lo que hizo imposible en la práctica su discusión y aprobación. El PSOE, sin embargo, se refiere también a otros ejemplos destacados de bloqueo, como los que afectaron a la ley de eutanasia, de Estabilidad Presupuestaria o de control de horas extras de los trabajadores. Y cita iniciativas de otros grupos, también afectados por el filibusterismo de PP y Ciudadanos, como la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En total, los socialistas aseguran que PP y Cs han impedido que cerca de cincuenta iniciativas tomadas en consideración por la mayoría del pleno del Congreso siguieran adelante con su tramitación legislativa, “hurtándole así al pleno su principal función constitucional, que es la de legislar”.
En su argumentación, el recurso presentado por el PSOE cita numerosa jurisprudencia para afirmar que “las Mesas de las Asambleas legislativas deben abstenerse de utilizar fraudulentamente sus funciones para bloquear, por razones de oportunidad política, las iniciativas legislativas que no sean de su agrado”. La “actuación abusiva y obstruccionista” de la Mesa del Congreso, dominada por PP y Ciudadanos, “ha supuesto una vulneración del derecho al ejercicio de la función representativa parlamentaria que ostentan los diputados en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes”.
El recurso sostiene que la Mesa hizo “una interpretación abusiva y arbitraria de la posibilidad de prorrogar los plazos de presentación de enmiendas” y, al hacerlo, vulneró “el derecho de los parlamentarios a la debida tramitación de las iniciativas”. Y cita expresa y detalladamente el caso del decreto ley de reforma de la ley de memoria histórica convalidado por el Pleno y que, por decisión de este órgano, debía haberse tramitado como proyecto de ley “por el procedimiento de urgencia”. En vez de eso, la Mesa ordenó una prórroga tras otra del plazo de enmiendas, lo que hizo imposible que la iniciativa continuase su tramitación.
Usurpación de funciones
La Mesa “no puede administrar su facultad de ampliar plazos de enmiendas sobre la base de criterios de oportunidad política, tales como la voluntad de los partidos” que la controlan “de impedir que ciertas iniciativas lleguen a un Pleno cuya mayoría la ostentan partidos de un signo político distinto. Si lo hiciese, estaría usurpando las funciones del Pleno, que es el único órgano facultado para rechazar, por consideraciones de oportunidad política, la tramitación de una iniciativa”, argumenta el recurso.
Una interpretación de la ampliación de los plazos de enmiendas como “facultad libre e incondicionada de la Mesa” permitiría a los grupos que cuentan con presencia mayoritaria en ella “administrar a su antojo los tiempos parlamentarios y utilizarlos para obstruir las iniciativas planteadas por el resto de grupos políticos”. Haría posible “obstaculizar las iniciativas promovidas por las opciones políticas diferentes a las que controlan la propia Mesa y, en consecuencia, impedir ‘la posibilidad de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria’, lo cual sería contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
Lo que ha hecho la Mesa durante la legislatura, sostiene el PSOE, constituye “una usurpación de las funciones del Pleno y una utilización fraudulenta de las funciones de organización del trabajo parlamentario que le atribuyen la Constitución y el Reglamento de la Cámara”.
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“La presencia mayoritaria en la Mesa de la Cámara de Partido Popular y Ciudadanos que, sin embargo, no alcanzan la mayoría absoluta en el Pleno”, ha sido “aprovechada” para “impedir que ciertas iniciativas” impulsadas por el resto de grupos parlamentarios pudiesen completar su tramitación legislativa y llegasen a ser objeto de debate y, en su caso, de aprobación.
No es está la única cuestión procedimiental de la legislatura que ha acabado en el TC. El Constitucional ha condenado hasta en cuatro ocasiones las estrategias de bloqueo del Congreso puestas en práctica por el Gobierno de Mariano Rajoy durante la primera parte de la legislatura para protegerse de las iniciativas de la oposición. En este caso la estrategia consistía en alegar que las propuestas vetadas afectaban a los Presupuestos, algo que el Gobierno no llegó nunca a justificar.
La corte arbitral también falló en su momento en contra de la interpretación que en su día hizo Rajoy de que, cuando está en funciones, el Gobierno no tiene obligación de ser sometido a control de las Cámaras.
El Tribunal Constitucional tendrá que decidir si la práctica con la que PP y Ciudadanos han bloqueado durante toda la legislatura la tramitación en el Congreso de las leyes a las que ambas formaciones se oponían pero contra las cuales no disponían de mayoría en el Pleno violó los derechos de los diputados y de los electores. La corte arbitral española tendrá que examinar el recurso de amparo que sobre este asunto le ha hecho llegar el Grupo Parlamentario Socialista contra esta práctica, que ha impedido que cerca de 50 iniciativas tomadas en consideración por la mayoría del Pleno siguieran adelante con su tramitación legislativa.