No ha pasado ni un mes desde su aprobación definitiva. Y no entrará en vigor hasta mañana, 31 de mayo. Pero sobre la nueva Ley de Costas pesa ya el anuncio formal de recurso ante el Tribunal Constitucional, formulado este mismo jueves por el PSOE.
No puede pillar al Gobierno por sorpresa. Cuando el texto pasó su último trámite en el Congreso el pasado 9 de mayo, PSOE e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ya advirtieron de que estudiarían impugnar la reforma. Los socialistas, sin cuyo concurso no es posible presentar el recurso ante el TC (se requiere la firma de al menos 50 diputados o 50 senadores), ya han tomado la decisión, hecha pública hoy, justo cuando la nueva ley, la 2/2013, se publica en el Boletín Oficial del Estado. Ferraz aún no ha hablado con los ecosocialistas para ver si se suman a su escrito ante el Alto Tribunal, según confirmaron fuentes de ambas formaciones. El texto, no obstante, no se registrará en el TC hasta dentro de "unas semanas".
El secretario federal de Ordenación y Territorio del PSOE, Hugo Morán, destacó en un comunicado que motivos hay "más que suficientes". "Esta ley ha tenido una tramitación vergonzante y opaca, supone una privatización en toda regla del dominio público marítimo terrestre protegido en nuestra Constitución, un monumento a la inseguridad jurídica y un descomunal despropósito medioambiental". La norma diseñada por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Miguel Arias Cañete salió de las Cortes con el solitario apoyo del PP, la abstención de CiU y el rechazo de toda la oposición.
Morán destacó las razones del próximo recurso ante el TC. El texto, dijo, "altera la titularidad de la zona marítimo-terrestre que la Constitución reserva al dominio público y, en lugar de preservar las características del mismo, las modifica en función de intereses privados".
El dirigente socialista se refiere así a dos puntos calientes de la norma: el indulto a las viviendas e industrias situadas en la playa –se les prorroga la concesión administrativa a 75 años, más los 30 que les otorgó la anterior ley, la de 1988– y los 12 núcleos urbanos que serán amnistiados al ser excluidos del dominio público marítimo-terrestre de forma "totalmente arbitraria". Son las zonas de El Palo y Pedregalejo (Málaga), Moaña (Pontevedra), la ría Punta Umbría, el casco urbano de Isla Cristina y Caño del Cepo (Huelva), Platja d'Aro y Empuriabrava (Girona), Oliva (Valencia), Xilxes (Castellón) y Serra Grossa y Puerto de Santa Pola (Alicante). A lo que se suma el deslinde más laxo de la isla de Formentera.
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Sin que se tenga en cuenta el cambio climático
El miembro del equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba denunció también que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "cercenó" cualquier participación externa en la elaboración del proyecto, "hasta el punto de vetar las comparecencias de expertos y de organizaciones en el Parlamento". "La ley se pone en marcha sin que los mapas de riesgo de zonas inundables se hayan realizado, lo que pone de manifiesto que han primado los beneficios particulares sobre los riesgos ambientales o los que pueda provocar el cambio climático, que aún el PP sigue negando”, añadió.
Morán hizo una última referencia a una denuncia que comparten asimismo los ecologistas, y singularmente Greenpeace: "Esta es una ley que deja traslucir una posición ideológica muy nítida, la que coloca los intereses privados por encima del interés general, aquella que predica que los bienes públicos carecen de valor fuera del mercado y que lo de menos es que haya de privarse a las generaciones venideras de su derecho a un planeta vivo si ello sirve hoy para el enriquecimiento de algunos privilegiados”.
No ha pasado ni un mes desde su aprobación definitiva. Y no entrará en vigor hasta mañana, 31 de mayo. Pero sobre la nueva Ley de Costas pesa ya el anuncio formal de recurso ante el Tribunal Constitucional, formulado este mismo jueves por el PSOE.