Los socialistas madrileños presentaron el pasado 5 de febrero una querella contra Ana Gomendio López de Asiaín, directora gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), a la que atribuyen los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber aprobado unos pliegos que implicaron la venta a un precio que consideran "irrisorio" –68.484 euros de media por inmueble– de 2.935 viviendas de protección pública a la sociedad de gestión Azora y el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación. Ambas pagaron por las 32 promociones, situadas en varios emplazamientos de la Comunidad de Madrid, 201 millones de euros. Los querellantes creen que esta venta, que se llevó a cabo en agosto de 2013, ha generado un "enorme perjuicio patrimonial" a la Administración pública y se ha hecho con el ánimo de favorecer "intereses privados".
En la querella, que todavía debe ser admitida a trámite y a la que ha tenido acceso infoLibre, el PSM aporta un informe de valoración elaborado por la Sociedad de Tasación utilizado por el Ivima para determinar el presupuesto base de la operación. En este documento se determina en 128.053 euros de media el valor protegido en la fecha de opción de compra de estos inmuebles, es decir, el precio medio al que pueden ser vendidos estos pisos cuando se cumplan los siete años en régimen de alquiler que establece el contrato. Y los pisos fueron vendidos a 68.484 euros de media a Azora y Goldman Sachs. De ahí la plusvalía de más del 180% por vivienda que, según los querellantes, puede obtener la actual dueña. La querella también recalca el hecho "inexplicable" de que sea una nueva sociedad denominada EnCasaCibeles la que procedió a adquirir los edificios y no las adjudicatarias.
Sobre las viviendas que por su fecha de construcción no pueden ser enajenadas hasta 2018 y 2019, el PSM señala que este hecho tampoco supone perjuicio para la actual dueña porque de esos pisos se seguirán cobrando los arrendamientos hasta esa fecha. Además, señalan que 10 de las 32 promociones –que incluyen 634 viviendas– fueron construidas en 2007 por lo cual su opción de compra es ejercitable ya desde este 2014. Así, dicen que la Administración podría haberlas vendido a los arrendatarios titulares del derecho de superficie obteniendo este año, al precio mínimo que se indica en el informe de tasación, más de 80 millones de euros.
Los querellantes basan la atribución del delito de prevaricación en la consideración de que la directora gerente del Ivima y las personas que participaron de forma "activa o pasiva" en el proceso eran conocedoras de la "injusticia" de la medida que estaban tomando fijando un precio que, a su juicio, "resulta a todas luces ridículo para el producto objeto de la venta". Con una simple operación aritmética se puede comprobar que, si vendieran todos los pisos con el precio más barato de los fijados en el informe de tasación, la administradora obtendría 372,4 millones, cuando pagó por ellos 201.
En la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, de la que depende el Ivima, defienden que esta fue una "operación de éxito" para Madrid porque se obtuvo un 20% más de dinero que el precio de salida del que se partía (168,9 millones). Y que su objetivo en todo caso es obtener liquidez con la que construir nuevas viviendas protegidas y acondicionar otras de las que ya gestiona y que tienen desperfectos. "Es una operación financiera, no inmobiliaria", subrayan. En este sentido, explican la diferencia entre el precio al que las empresas compraron los inmuebles y el precio máximo medio al que los pueden vender porque se trata de una venta conjunta. "No es igual comprar una casa que 3.000", destacan. Además, señalan que la actual administradora se encarga también de los gastos de mantenimiento, las reformas, arreglos, el IVI o tasa de basuras. Algo que, según estas fuentes, ahorra al Ivima tres millones de euros anuales.
En la consejería explican también que el valor de mercado que sirvió de referencia para sacar a concurso las 32 promociones tiene en cuenta otros supuestos como el tipo libre de riesgo, el tipo de actualización adoptado o el IPC estimado en plazo. "La experiencia dice que la mayoría de viviendas no se suelen vender cuando vence el plazo de arrendamiento", abundan. Sin embargo, desde la adjudicación el pasado verano, ya hay dos promociones que han cumplido el plazo de alquiler. De las 52 viviendas que las componen a día de hoy se han vendido 20. El resto de arrendatarios podrán permanecer durante un año más en los pisos en régimen de alquiler. Transcurrido este tiempo tendrán que volver a negociar con el casero actual. Si no hay acuerdo, tendrán que dejar la vivienda que será ofrecida en régimen de alquiler a otra familia. Este procedimiento, aseguran en Vivienda, es el mismo que se venía desarrollando cuando los pisos todavía eran propiedad de la empresa pública.
Falta de rigor del informe de tasación
El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo, que firma la querella junto al también parlamentario regional José Quintana Viar, cree que esta adjudicación es un "negocio cautivo" por el margen de beneficio que pueden obtener las empresas al vender estos inmuebles a las personas que tienen contratos de arrendamiento con opción a compra. Asimismo, los socialistas creen que en esta adjudicación ha habido "falta de rigor" en la disposición de bienes públicos, pues el tipo de subasta ofertado por el Ivima –168,9 millones de euros– se basa en un informe de nueve páginas que no contiene detalles de las 2.935 viviendas. De hecho, las visitas interiores de los pisos se hicieron en sólo dos días, los 4 y 5 de marzo de 2013. "No parece adecuado despachar la venta de 3.000 viviendas públicas basándose en un informe impreciso", señalan.
Recursos contenciosos
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Además de esta querella, que discurre por la vía penal, decenas de afectados han presentado recursos por la vía contencioso-administrativa contra esta adjudicación. Los afectados, que recurren amparados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), alegan que esta venta también ha supuesto una importante pérdida patrimonial para la administración pública. Consideran que su futuro en estos pisos de los que son simples arrendatarios o arrendatarios con opción a compra es menos seguro bajo la administración de una empresa privada. "No les interesamos, quieren echarnos de allí cuanto antes para meter a otra gente", se quejaba hace semanas unos de los inquilinos en una asamblea dinamizada por la PAH en la que los afectados se asesoran, se dan apoyo mutuo y preparan nuevas movilizaciones.
En su mayoría son inmuebles de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie por los que los inquilinos pagan entre 370 y 520 euros al mes, dependiendo de sitio en el que estén ubicados y la superficie. El problema es que muchos de ellos viven en situaciones precarias, son desempleados de larga duración y ya han agotado prestaciones y subsidios, por lo que lo tienen muy complicado para hacer frente a los alquileres de forma regular. Ante este panorama, las empresas privadas, asegura el letrado de la PAH Manuel San Pastor, se muestran menos proclives a la negociación.
Aunque en el pliego de condiciones se establece que no cambiarían las características del contrato, los afectados temen que las reducciones de renta de entre el 20% y el 90% que venían recibiendo los inquilinos por su situación de especial vulnerabilidad no sean renovadas. "Ya está habiendo problemas en este sentido porque los arrendatarios se dirigen al Ivima a pedir la subvención y allí se lavan las manos. Les dicen que hablen con las empresas y éstas no están por la labor", añade San Pastor. Desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda intentan trasladar un mensaje de tranquilidad. "La gente no se va a quedar en la calle, hace un año y medio que no hay desahucios en el Ivima. Sólo hay desalojos de ocupaciones ilegales", aseguran. Sin embargo, admiten que la prórroga a esas ayudas sí se tendrá que negociar con los nuevos caseros.
Los socialistas madrileños presentaron el pasado 5 de febrero una querella contra Ana Gomendio López de Asiaín, directora gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), a la que atribuyen los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber aprobado unos pliegos que implicaron la venta a un precio que consideran "irrisorio" –68.484 euros de media por inmueble– de 2.935 viviendas de protección pública a la sociedad de gestión Azora y el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación. Ambas pagaron por las 32 promociones, situadas en varios emplazamientos de la Comunidad de Madrid, 201 millones de euros. Los querellantes creen que esta venta, que se llevó a cabo en agosto de 2013, ha generado un "enorme perjuicio patrimonial" a la Administración pública y se ha hecho con el ánimo de favorecer "intereses privados".