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La relación Estado-Iglesia volverá a abordarse en el seno socialista el próximo mes de octubre. Así se recoge en la ponencia del 40º Congreso del PSOE, un documento que deberá someterse ahora a un proceso de enmiendas y que incluye la propuesta de abordar de una vez por todas los acuerdos con el Vaticano. No es, ni mucho menos, algo nuevo. De hecho, es un asunto que lleva latente desde hace más de una década. Sin embargo, nunca ha terminado traduciéndose en hechos concretos. Los textos siguen ahí, en vigor, a pesar de que la Iglesia, en cuestiones económicas, ha incumplido su parte del trato. Y sus privilegios se mantienen inalterables. A pesar de los anuncios, el Gobierno no se ha atrevido a reformar cuestiones con impacto fiscal, mientras que en relación con las inmatriculaciones no ha ido más allá de la elaboración de un listado de propiedades. Por el momento, el Ejecutivo ha preferido no moverse más allá del terreno de lo simbólico.
La ruptura con los privilegios de la Iglesia es la eterna promesa del PSOE. Esa que viene y va y que siempre consigue poner en pie a sus bases. "Ahora que estamos en la oposición vamos a denunciar el Concordato con la Santa Sede; cuando estemos en el Gobierno lo derogaremos", decía en 2013 con una ovación de fondo el entonces líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la Conferencia Política del partido. Tres años después, en las elecciones generales de 2016, el PSOE incluyó en su programa electoral la intención de tumbar los acuerdos entre España y el Vaticano, aquellos textos suscritos entre 1976 y 1979 que abarcan cuestiones jurídicas, educativas y culturales o económicas, entre otras. Es exactamente lo mismo que se recogía en el documento de la candidatura de Sánchez en las primarias de 2017, el que llevaba por nombre "Por una nueva socialdemocracia".
La promesa que recogía esa suerte de programa del dirigente socialista para volver a alzarse con el liderazgo del partido quedó plasmada en las resoluciones del 39º Congreso del PSOE. Por entonces, se hablaba expresamente de derogar: "La condición laica del Estado requiere la derogación de normas y acuerdos constitutivos de privilegios heredados del pasado". Ahora, cuatro años después y tras desaparecer y reaparecer la cuestión en los programas del PSOE de las generales de abril y noviembre de 2019, el partido vuelve a recuperar la relación con la Iglesia de cara al nuevo cónclave federal. No obstante, lo hace con un planteamiento suavizado. La ponencia ya no habla directamente de derogación, sino que propone una "revisión" que se hará "en diálogo" con la Iglesia y "buscando el consenso" –otra novedad–.
El nuevo congreso está fijado para el próximo mes de octubre. Prácticamente a mitad de una legislatura en la que los únicos avances en materia de laicidad que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez han sido en el ámbito de lo estrictamente simbólico. Desde la llegada de los socialistas a la Moncloa en junio de 2018, la toma de posesión de los diferentes ministros que han formado parte del Gobierno –tanto el de entonces como el de coalición de ahora– se ha hecho sin biblias ni crucifijos, solo ante el clásico ejemplar de la Constitución. Todo un hito si se echa la vista hacia el pasado. Como lo fue, en relación con las víctimas del coronavirus, la decisión de Presidencia de organizar el primer homenaje de Estado aconfesional a las víctimas de una tragedia, rompiendo con ello un hilo histórico de asimilación litúrgica Iglesia-Estado en ocasiones solemnes.
Aval a las inmatriculaciones
Más allá de esto, el Ejecutivo ha evitado meterse en terreno pantanoso. De hecho, el acuerdo que firmaron socialistas con Unidas Podemos ya rebajaba las expectativas: ni mencionaba los acuerdos con la Santa Sede, ni la autofinanciación de la Iglesia, ni su fiscalidad... A lo que sí se comprometía aquel texto era a llevar a cabo "las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros". Una promesa que se encargó de reafirmar Sánchez durante su discurso de investidura: "No tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley ni disfrute de privilegios".
Las inmatriculaciones son un problema serio para la Iglesia, tanto para su imagen como para su patrimonio. El único paso dado por el Ejecutivo hasta el momento en este sentido ha sido la publicación del listado de bienes inmatriculados, que incluye 34.961 registrados a su nombre por la Iglesia entre 1998, año en que entró en vigor una reforma legal impulsada por el Gobierno de José María Aznar, y 2015, cuando otra reforma legal con Mariano Rajoy puso fin a esta práctica. Un catálogo que se acompañó, además, de un informe jurídico en el que se reconoce el "amparo legal" del registro masivo de bienes. Sobre la prometida recuperación, la entonces ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, la dejó en manos de las administraciones públicas, los particulares y los tribunales –en caso de que no haya acuerdo entre las partes–.
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Los privilegios fiscales y una autofinanciación que no llega
Calvo, sustituida ahora por Félix Bolaños, ha sido la ministra que más ha hecho por mantener vivas las expectativas de cambio de la posición de la Iglesia. En octubre de 2018 mantuvo en el Vaticano una reunión con el secretario de Estado Pietro Parolin, en la que abordaron una posible reforma de la fiscalidad eclesial. En concreto, se puso sobre la mesa la posibilidad de acabar con la exención del IBI del que goza la Iglesia católica incluso cuando hace negocio con los inmuebles, un privilegio que se calcula que priva a los ayuntamientos de 700 millones de euros anuales en el mejor de los casos. Sin embargo, más de dos años después de ese aviso que se lanzó en la Santa Sede, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin dar un paso en este frente.
Ahora mismo, la Iglesia no sólo conserva intactos los privilegios plasmados en los textos de 1976 y 1979, sino que además ha incumplido su parte del acuerdo. El quinto punto del artículo II del pacto económico declara su propósito de "lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". Una autofinanciación que, cuatro décadas después, sigue sin ser una realidad. La mejor prueba es que el Estado le dedica cada año más de 250 millones de euros públicos directamente inyectados en las arcas de la Iglesia diocesana tras recaudarlos de los impuestos de todos los contribuyentes vía IRPF. En 2007, esa cifra se situaba en los 150 millones. Un aumento fruto de la reforma llevada a cabo por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que decidió incrementar la asignación vía IRPF del 0,5239 al 0,7%. "Quiero una España laica", había dicho Zapatero seis años antes en una entrevista con El País.
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