El PSOE rechaza ahora la tesis de los letrados del Congreso y votará no a la comisión sobre Juan Carlos I

Los servicios jurídicos del Congreso han informado este martes a favor de que la Mesa de la Cámara admita a trámite la comisión de investigación registrada por Unidas Podemos y otros ocho partidos para abrir pesquisas sobre el uso de tarjetas con fondos opacos por parte de Juan Carlos I. Es la primera vez que los letrados de las Cortes no informan en contra de dar trámite a una comisión relativa al rey emérito, pero será también la primera vez que el PSOE, cuyos votos son determinantes para que la propuesta salga adelante, se posicione en contra de iniciar la tramitación.

Apenas unos minutos después de que se conociese la decisión de los servicios jurídicos del Congreso, que ponía al PSOE ante la tesitura de tomar una decisión, ya que en todas las propuestas de este tipo había seguido el criterio de los letrados, fuentes socialistas se han apresurado a aclarar que en esta ocasión su voto será contrario al informe y, por tanto, seguirán votando no a la creación de una comisión de investigación sobre el exjefe del Estado, un rechazo que impedirá que la cuestión sea elevada al Pleno y debatida allí.

Las fuentes consultadas por infoLibre explican su posición contraria a dar su aval en la Mesa de la Cámara Baja recordando que las funciones del Poder Legislativo están claramente tasadas en la Constitución y que ésta no establece el control del jefe del Estado por parte del Congreso. Además, remarcan que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional avalando su tesis, pues este órgano ya tumbó varias iniciativas dirigidas a investigar las actividades de la monarquía. La última fue en el otoño de 2019 sobre una resolución del Parlament de Cataluña sobre crear una comisión acerca de las "actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real española".

Segundo intento

El pasado mes de diciembre, la Mesa del Congreso, amparándose en la opinión de los letrados, vetó esta misma petición por un defecto de forma, ya que únicamente se había presentado con la firma de Unidas Podemos, que no cuenta con los 50 diputados suficientes para solicitar en solitario una comisión de investigación. El grupo confederal volvió a registrar la solicitud añadiendo también la firma de ERC, Bildu, Más País, Compromis, CUP y BNG, un texto cuyo contenido sí ha sido ahora analizado por los letrados, que le han dado su visto bueno. Eso sí, en su informe, los letrados, especifican como es habitual que, en el caso de que el Pleno dé vía libre a esa comisión de investigación, será ésta la que elabore su propio plan de trabajo y decidir sobre la celebración de comparecencias "sin que quepa predeterminar cómo han de acordarse aquéllas".

El argumento de la inviolabilidad y de que las actividades del jefe del Estado son ajenas al control parlamentario es el que han venido esgrimiendo los servicios jurídicos para mostrarse en contra de la admisión de las comisiones de investigación registradas hasta la fecha relativas al rey emérito. Sin embargo, en esta ocasión los letrados no mencionan nada al respecto y se limitan a avalar que se califique la iniciativa y se lleve a la Junta de Portavoces para poner fecha a su discusión en el Pleno. Eso sí, este informe de los letrados, como todos, no es vinculante.

Nada más conocer el informe, desde Unidas Podemos pidieron a su socio en el Gobierno de coalición que cambiara de posición y se abriera a que la Cámara Baja iniciara indagaciones sobre el uso de tarjetas de crédito con fondos opacos por parte de Juan Carlos I y algunos de sus familiares. "Ya no hay excusa. A partir de ahora, la decisión es puramente política", apuntó el portavoz morado, Pablo Echenique, en su cuenta de Twitter. "O se está con la verdad o se está con la impunidad", enfatizó después la formación, para añadir que "todos los partidos del arco parlamentario deberían apoyarla por higiene democrática".

La respuesta no se hizo esperar, puesto que el PSOE ya tiene decidido no seguir el criterio fijado por los letrados y volverá a votar en contra de esta investigación como ha venido haciendo hasta la fecha ante iniciativas similares coincidiendo en su rechazo con el PP y Vox.

La diferencia ahora es que el Grupo Socialista se apartará el miércoles del criterio de los servicios jurídicos, algo que no venía haciendo en las anteriores iniciativas que tanto Unidas Podemos como otros partidos –ERC, Más País, EH Bildu, Compromís, CUP y BNG– habían presentado. Será el partido que lidera Pablo Iglesias el que ahora sí vote en la Mesa del Congreso en la misma línea con lo manifestado por los letrados en su informe.

No será la primera vez en esta legislatura que el grupo mayoritario actúe en el sentido contrario al marcado por los servicios jurídicos, cuyos informes no son vinculantes. El pasado mes de junio, por ejemplo, los socialistas votaron en contra de la admisión por la Mesa de una comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), pese a que ésta contaba con el aval de los letrados de la Cámara. Fue una iniciativa impulsada por ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, la CUP y el BNG tras salir a la luz unos documentos de la agencia de inteligencia estadounidense CIA que vinculaban a González con la creación de este grupo terrorista protagonista de la denominada guerra sucia contra ETA. En aquel momento, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, admitió que sus representantes en la Mesa vetaron esa iniciativa por una "posición política" y no por motivos reglamentarios.

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Hechos posteriores a la abdicación

En el caso del rey emérito, los anteriores intentos de crear una comisión de investigación se referían a hechos anteriores a la abdicación de Juan Carlos de Borbón y desde el PSOE justificaban que no se podía admitir a trámite "porque al rey emérito lo protege el artículo 56.3 de la Constitución" durante su etapa en la Jefatura del Estado, es decir, que era inviolable. La diferencia en esta ocasión es que la propuesta firmada por Unidas Podemos y otros seis partidos se refiere a hechos posteriores a junio de 2014.

Se trata de la investigación que la Fiscalía Anticorrupción abrió en 2019 y que ahora está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo que indaga en los gastos que habría realizado el rey emérito entre 2016 y 2018 a través de tarjetas de crédito a nombre del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga y cuyos fondos provendrían de un empresario millonario amigo de Juan Carlos de Borbón. Fondos que el exjefe del Estado no declaró a la Hacienda Pública y por los que regularizó recientemente casi 700.000 euros.