El PSOE rechaza las alegaciones de los diputados multados por votar 'no' a Rajoy

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Ibon Uría

El comité permanente del grupo parlamentario del PSOE rechazó en la tarde de este lunes los recursos de ocho diputados socialistas que votaron contra la investidura de Mariano Rajoy. El órgano, por tanto, acordó mantener las sanciones económicas de 600 euros. La decisión es ya definitiva.

La decisión de la permanente, según fuentes consultadas por infoLibre, se tomó por asentimiento. Este órgano está integrado por los miembros de la dirección del grupo parlamentario, así como por todos los portavoces del PSOE en las comisiones parlamentarias.

Quienes recurrieron fueron Sofía Hernánz, Pere Joan Pons, Susana Sumelzo, Luz Martínez Seijo, Rocío de Frutos, Odón Elorza y las independientes Margarita Robles y Zaida Cantera-. Los siete diputados del PSC, que también se opusieron al candidato del PP, no recurrieron y decidieron acatar la sanción.

Sanción económica

El pasado 7 de diciembre, la dirección del grupo socialista sancionó con una multa de 600 euros a los 15 diputados díscolos. La noticia les fue comunicada a través de una carta remitida por correo electrónico y firmada por el secretario general del grupo, Miguel Ángel Heredia [ver en PDF].

La cuantía de la multa fue la mayor de las previstas en el reglamento del grupo. Las normas del PSOE también contemplan la expulsión a quienes se aparten de la disciplina de voto, extremo con el que algunos dirigentes advirtieron a los díscolos y que no habría tenido precedentes, mientras que la sanción de 600 euros ha sido habitual en otros casos de indisciplina.

El proceso para imponer estas sanciones arrancó el 31 de octubre, dos días después de la sesión de investidura de Rajoy, cuando el PSOE inició los trámites para castigar a estos diputados y notificó por escrito la apertura de un expediente disciplinario.

Además, tres semanas después de la votación, la gestora aprobó una reorganización del grupo en la que castigó a varios de los díscolos y a parlamentarios afines al ex secretario general, Pedro Sánchez, relegándolos de sus puestos en comisiones parlamentarias. A juicio de los algunos críticos, fue una "doble sanción" por votar contra Rajoy.

Recurso por coherencia

Los diputados del no apuraron su plazo para presentar el recurso. En sus escritos, señalaron que la multa era "improcedente" y que el cumplimiento del programa electoral está por delante de las resoluciones del Comité Federal, el órgano que aprobó la resolución que consumó el viraje del no es no a la abstención ante el PP.

Entre otros argumentos jurídicos y técnicos, recordaron que no están sujetos al "mandato imperativo", que gozan de "inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones" y que su voto es "personal e indelegable". También alegaron indefensión por no haber tenido acceso al informe de la comisión de disciplina del grupo, documento en el que se basó la sanción.

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En cuanto a las motivaciones de fondo político, señalaron que el reglamento del grupo establece que los diputados se orientarán por "los compromisos adquiridos en el programa electoral del PSOE, así como por las resoluciones aprobadas en el Congreso Federal y por las directrices del Comité Federal".

En este sentido, los díscolos subrayaron que la normativa interna "sitúa en primer lugar" y "por delante de las resoluciones" de los órganos del partido el cumplimiento del programa. Y su no a Rajoy, remacharon, fue "necesario" para "salvaguardar" los "compromisos con el programa" y el electorado.

Por último, argumentaron que el sentido de su voto, además de responder a razones "éticas y de defensa del proyecto del PSOE", reflejó "el sentir mayoritario" de la militancia y los votantes socialistas, ante quienes se comprometieron precisamente a que ningún voto al PSOE sirviera para que gobernase el PP.

El comité permanente del grupo parlamentario del PSOE rechazó en la tarde de este lunes los recursos de ocho diputados socialistas que votaron contra la investidura de Mariano Rajoy. El órgano, por tanto, acordó mantener las sanciones económicas de 600 euros. La decisión es ya definitiva.

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