El PSOE ha recurrido al Constitucional 24 leyes de Gobiernos del PP desde 2012

En todas las legislaturas siempre se queda un espejo retrovisor, que mira hacia el pasado y lo recuerda. Y es así porque el Tribunal Constitucional (TC), el máximo intérprete de la Carta Magna, suele resolver a toro pasado, cuando esas leyes que fueron recurridas ya no están en la refriega política cotidiana y casi cayeron en el olvido o incluso cuando quien ocupa la Moncloa no es el mismo partido que las aprobó. Pasó, por ejemplo, con el matrimonio homosexual, que el TC validó en 2012, con Mariano Rajoy de presidente y siete años después de que el PP impugnara la ley. Y probablemente pase con la Ley del Aborto de 2010, que los conservadores recurrieron, para la que aún no hay sentencia... y quizá llegue cuando esté en marcha la contrarreforma de Alberto Ruiz-Gallardón. 

Y ocurre porque los dos grandes partidos tienden a utilizar el TC como una suerte de tercera Cámaratercera Cámara, como el último instrumento a su alcance para protestar contra las normas del Ejecutivo. Cada uno lo defiende con sus argumentos, pero lo cierto es que la llamada al Alto Tribunal es frecuente cada legislatura, y ahí están los números. El PP, por ejemplo, presentó al menos 15 recursos contra normas aprobadas bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, de 2004 a 2011, y en algunas ocasiones fueron derrotados: contra la derogación del trasvase del Ebro, las bodas gays, la Ley de Igualdad, la reforma de la Ley Orgánica del TC, la Ley del Suelo, la modificación del Reglamento del Senado, la Ley del Aborto o varias leyes de Presupuestos. A esa cifra habría que sumar las iniciativas contra decisiones de gobiernos autonómicos, como el Estatut o contra la ley que prohíbe los toros en Cataluña. Los socialistas, desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, han registrado 14 recursos de inconstitucionalidad contra normas del Ejecutivo central, más otros diez contra leyes autonómicas del PP. 24 en total, según la relación actualizada del partido. Y anuncia más contra leyes en cocina: la reforma local, la ley Wert o la modificación del Estatuto de Castilla-La Mancha.

El PSOE, en su época en el poder, se quejó del "uso abusivo" que los conservadores hacían del TC, como un mecanismo para bloquear las leyes estrellas de Zapatero. Así en el debate electoral a cinco en TVE previo a las elecciones generales del 20-N, las que ganó Rajoy, le decía Ramón Jáuregui a Gallardón: "No es posible, Alberto, que sigáis presentando recursos al Tribunal Constitucional. A la ley de igualdad, la del matrimonio homosexual, la del aborto... El avance moral y cívico que ha hecho este Gobierno no puede volver atrás con un Gobierno del PP". El propio Zapatero acusó al PP en 2010 de llevar al PP "lo que pierde, siempre, políticamente por las mayorías parlamentarias o por la mayoría social". Y su ministra de Igualdad, Bibiana Aído, también clamó contra el torpedeo de Rajoy a las leyes que suponían "avances". Los conservadores acababan de impugnar la Ley del Aborto. El partido de Rajoy, mientras, alegó que trasladarían al Alto Tribunal todo aquello que tuviera trazas de inconstitucionalidad. 

"Peor oposición de Europa"

Ahora las tornas han cambiado. El PP, en un argumentario distribuido el pasado 7 de noviembre a sus cargos públicos y militantes, en vísperas de la Conferencia Política del PSOE, acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba de liderar "la peor oposición de Europa". "La política del PSOE se basa en bloquear el bienestar de los ciudadanos y recurrir las reformas de la recuperación", escribía. El secretario general del PSOE "se sitúa en el no permanente y recurre ante el Constitucional las soluciones a la situación que él mismo dejó". Y remachaba: "El PSOE ha llegado a un punto de bloqueo en el que anuncia recursos al TC incluso antes de que se presenten las medidas".

Los socialistas lo ven desde una óptica diametralmente opuesta. "La Constitución se defiende andando, día, no envolviéndose en la bandera, como hace el PP. Nosotros tenemos la obligación de defenderla frente a los ataques del PP", prologa la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez. El PSOE sostiene que Rajoy legisla "vulnerando la Constitución" y, "lo peor es que lo hace a sabiendas, consciente de que buena parte de sus leyes son contrarias a la Constitución". Para el partido de Rubalcaba, el problema es que el Gobierno, con sus recortes sociales, está "cambiando el modelo", afectando "al hueso, a la Ley Fundamental", haciendo "estructural la desigualdad", dinamitando los "consensos básicos labrados en democracia".

Rodríguez pone además dos ejemplos que están por venir: la Ley de Servicios Mínimos que anunció este jueves el presidente en RNE, o la reforma de las pensiones, para la que ha hecho "saltar por los aires el Pacto de Toledo". "No se dan cuenta de que un partido solo no puede hacer todos esos cambios profundos, por mucha mayoría absoluta que tenga. Ese es el gran error de Rajoy: pensar que con sus 185 diputados puede cambiar estructuras básicas del Estado. No lo hizo ni José María Aznar, ni tampoco Felipe González en 1982, pese a que tenía una mayoría absoluta aún más amplia. Entonces se acordó que había cuestiones a las que una sola fuerza no podía meter mano. Por eso estamos yendo al TC, para salvar lo construido en estos años", insiste la portavoz, en declaraciones a infoLibre.

La necesidad de controlar la institución

Marcelino Iglesias, su homólogo en el Senado, coincide: "La presentación de recursos en el TC es el único mecanismo de defensa al que podemos recurrir para que el Gobierno no sobrepase determinadas líneas rojas en su gestión política. Estamos hablando de un Ejecutivo que no tiene ninguna intención de pactar absolutamente nada y que se limita a imponer sus políticas. La alternativa jurídica del TC es la única respuesta posible a la política del PP y a su utilización espuria de la mayoría absoluta en el Parlamento. Los populares se han olvidado de consensuar las leyes y aprueban reformas trascendentales sin aceptar una sola enmienda".

La importancia del TC como epílogo de las batallas políticas explica la lucha por su control, en la que el PP es especialmente experto. Valga este dato: Rajoy ha sido el presidente que más rápido ha logrado una mayoría favorable, menos de 18 meses, frente a los cinco, seis y siete años que tardaron González, Aznar y Zapatero. Y hoy el Alto Tribunal tiene al frente a Francisco Pérez de los Cobos, afiado al PP, como mínimo hasta 2011. ¿No predispone la composición el signo de las sentencias? "No podemos dejar de recurrir al TC por el perfil de sus integrantes, porque no podemos dejar de defender la Constitución. Hay que apelar a la profesionalidad de los magistrados, aunque el golpe que el PP que ha asestado a la institución con un presidente militante es muy fuerte", responde Rodríguez, quien se muestra confiada con que, a la vuelta de los años, la Justicia dará la razón a su partido. "Quienes hoy cuentan número de recursos tendrán que contar luego número de derrotas", sentencia. 

¿Judicialización de la política?

El riesgo que siempre se menciona es la judicialización de la política, empantanar las leyes en un largo proceso que acaba dividiendo al TC y evidenciando sus dos bloques, progresista y conservador, como ocurrió, de forma paradigmática, con el Estatut o con el matrimonio homosexual. La portavoz socialista en el Congreso no lo ve así: "No, no creo que haya ese peligro. El Gobierno utiliza su mayoría para cambiar el modelo y estallar los consensos y nosotros tenemos que usar todos los recursos a nuestro alcance para frenarlo". 

Los 24 recursos del PSOE presentados contra Gobiernos del PP se dividen en dos bloques: los 14 contra leyes del Ejecutivo de Rajoy, firmados por 50 diputados del Congreso (y a veces por más grupos), los 9 contra normas autonómicas aprobadas también por los conservadores, suscritos por senadores socialistas (y, en una ocasión, con el concurso de IU), y un caso particular: uno contra una ley regional canalizado a través del Congreso. Todas las iniciativas han sido admitidas a trámite por el TC, salvo la que protesta por la imposición de un nuevo equipo directivo en Canal 9, que se presentó hace poco más de una semana. Y todas están pendientes de sentencia excepto una, la que se refería a la supresión de la exigencia del catalán en las oposiciones en Baleares. Las 15 impugnaciones registradas por el Grupo Socialista en el Congreso son las siguientes:

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Gana la Comunidad de Madrid

El Grupo Socialista del Senado, por su parte, ha presentado estos nueve recursos en lo que va de legislatura, todos contra leyes autonómicas aprobadas por Ejecutivos del PP, en su mayoría el de la Comunidad de Madrid. Todos han sido admitidos a trámite por el TC, y uno de ellos, el relativo al uso del catalán en Balears, fue desestimado recientemente: 

La palabra ya es del TC. Y cuando hable, un partido u otro, PSOE o PP, podrá proclamarse ganador o perdedor. Aunque la victoria o derrota llegue tarde. A toro pasado.

En todas las legislaturas siempre se queda un espejo retrovisor, que mira hacia el pasado y lo recuerda. Y es así porque el Tribunal Constitucional (TC), el máximo intérprete de la Carta Magna, suele resolver a toro pasado, cuando esas leyes que fueron recurridas ya no están en la refriega política cotidiana y casi cayeron en el olvido o incluso cuando quien ocupa la Moncloa no es el mismo partido que las aprobó. Pasó, por ejemplo, con el matrimonio homosexual, que el TC validó en 2012, con Mariano Rajoy de presidente y siete años después de que el PP impugnara la ley. Y probablemente pase con la Ley del Aborto de 2010, que los conservadores recurrieron, para la que aún no hay sentencia... y quizá llegue cuando esté en marcha la contrarreforma de Alberto Ruiz-Gallardón.