PSOE y Unidas Podemos cerraron este miércoles en el Congreso un “protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo de gobierno progresista de coalición”. El documento, de cinco páginas, detalla herramientas, comisiones y procedimientos ideados para evitar que “las discrepancias que se produzcan” afecten a “la estabilidad del gobierno” y erosionen “la confianza de la coalición”.
El protocolo, suscrito por las portavoces del PSOE, Adriana Lastra, y Unidas Podemos, Irene Montero, en presencia del secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, y de los portavoces adjuntos de la formación morada Ione Belarra y Jaume Asens, proclama que “el gobierno progresista se regirá por los principios de leatad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad” y actuará “en todo momento con diálogo, consenso, negociación y buena fe para implementar aficazmente el programa conjunto”.
Entre otras cosas, y anticipándose a lo que pueda ocurrir, el acuerdo establece que “en caso de reestructuración del Gobierno se mantendrá el número de áreas gestionadas por el PSOE y Unidas Podemos y su peso relativo en el conjunto del Gobierno”. Si la reestructuración implica “una alteración sustancial de lo acordado previamente”, las partes “volverán a abordar las cuestiones esenciales que se planteen en relación con dicha reestructuración”.
Ambas partes han puesto por escrito que “el principio de diálogo y búsqueda de consenso será especialmente aplicado para el caso de discrepancia entre los socios”. “En casos excepcionales, para el caso en que los instrumentos previstos en este acuerdo no fuera suficientes para superar una discrepancia, al menos se acordará su alcance y la publicidad que los socios darán a la misma, tanto en sede parlamentaria como ante los medios de comunicación”.
Los socios del nuevo Ejecutivo han pactado la creación de dos comisiones de coordinación, una dominada por representantes del PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno y la otra integrada por representantes de cada grupo parlamentario. Aunque el presidente Pedro Sánchez, que tomó posesión de su cargo este miércoles, no tiene intención de hacer pública la estructura ni la composición del nuevo Ejecutivo hasta la semana que viene, pese a que la formación morada ya ha filtrado los departamentos de los que se hará cargo y los nombres de la mayoría de sus altos cargos, la relación de miembros de la comisión permanente de coordinación ya revela una parte de la estructura gubernamental al prever que en ella tengan asiento dos representantes de la Presidencia, dos de la Vicepresidencia Primera, dos de la Vicepresidencia Segunda, un representante de la Secretaria de Estado de Comunicación, otro del “área de comunicación” de la Vicepresidencia Segunda, un representante del grupo socialista y un representante del grupo de Unidas Podemos. La Vicepresidencia Segunda será ocupada por Iglesias, según fuentes de Unidas Podemos.
El protocolo trata de minimizar el riesgo de discrepancia asegurando la coordinación y la difusión de las iniciativas de ambas formaciones, sobre todo en todo aquello que no está expresamente previsto en el acuerdo de gobierno. La comisión de coordinación se constituirá en los primeros 30 días desde la conformación del gobierno y su tarea consistirá en revisar el “funcionamiento de la coalición y el cumplimiento de los objetivos, así como coordinar la acción de ambos socios, unificar criterios y consensuar posiciones políticas”.
Las normas pactadas sujetan la acción del gobierno de coalición al “respeto a la Constitución y al resto de otdenamiento jurídico”. En particular “se cumplirá lo previsto en el artículo 98 de la Carta Magna y la ley del Gobierno de 1997”. El primero establece que “el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión”, y que “los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna”. Por su parte, el texto legal de 1997 contempla la organización, competencia y funcionamiento del Gobierno.
Máxima discreción
Los miembros del gobierno de coalición también “se comprometerán a la máxima discreción en relación con las negociaciones y acuerdos que se produzcan en el seno del Gobierno y, de manera singular, en la mesa permanente y en la comisión de seguimiento parlamentario”.
La comisión permanente será responsable de hacer el seguimiento del pacto e impulsar su cimplimiento y pondrá en común la agenda política y del gobierno para coordinar la acción de los socios y “la respuesta a los eventos políticos que se produzcan y las iniciativas de otros actores politicos a fin de mantener la unidad de acción de la coalición”. También coordinará y programará “de forma consensuada” las acciones decomunicación de las iniciativas del programa común y solventará “las discrepancias en el gobierno en relación con el acuerdo programático”.
PSOE y Unidas Podemos se comprometen además a apoyar en el Congreso, el Senado y en el Parlamento Europeo la acción del gobierno y el desarrollo de los acuerdos del programa común. Los grupos “actuarán con unidad de criterio y de sentido de voto ofreciendo soporte parlamentario al gobierno y permitiendo atender las demandas del resto de los grupos respecto del gobierno de coalición de un modo coherente y cohesionado”.
Cuando cualquiera de los dos socios desee presentar una iniciativa en las Cámaras deberá comunicarlo con antelación a la otra parte y no ésta podrá materializarse sin acuerdo. Socialistas y morados también deberán adoptar la misma posición ante las iniciativas de los demás grupos. Y, en caso de que PSOE o Unidas Podemos deseen adoptar iniciativas sobre asuntos ajenos a la acción de gobierno a al programa común, pero “tengan alta repercusión en la escena política o en ámbitos sectoriales de la política estatal”, los dos socios se comprometen a consultarse y a evitar contradicciones.
La coordinación parlamentaria afectará también a la tramitación de enmiendas, especialmente en relación con los Presupuestos, y a las iniciativas de control al Gobierno. Ambas partes se comprometen a coordinarse para buscar el apoyo se otros partidos a las propuestas del gobierno. “El compromiso de soporte parlamentario respaldará la confianza parlamentaria necesaria para la investidura y los supuestos de exigencia de responsabilidad política previstos en la Constitución”.
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La comisión de seguimiento parlamentario, integrada por diez personas —cinco de cada grupo— se ocupará de analizar el progreso de los objetivos del gobierno en las Cámaras, así como de consensuar y fijar posiciones de voto, además de solventar posibles discrepancias en el ámbito parlamentario. La libertad de voto se mantendrá en iniciativas que no afecten a los acuerdos explícitos alcanzados en el programa común, a la acción unitaria del gobierno o a los presupuestos.
PSOE y Unidas Podemos han pactado también el compromiso de “mantener una estrategia de comunicación coordinada y compartida” que se acordará en la comisión permanente de seguimiento. “Los ministerios deberán comunicar con antelación suficiente a la Secretaría de Estado de Comunicación”, que depende de Sánchez y es el órgano “encargado legalmente de la coordinación de la política informativa del Gobierno”, los “principales anuncios y compromisos que se vayan a realizar. Igualmente se comunicarán estos anuncios y compromisos a los gabinetes de comunicación del PSOE y de Unidas Podemos”.
“Los ministros”, añade el documento firmado este miércoles, “respetarán su ámbito competencial propio y evitarán opinar o dar publicidad a proyectos de otros ministerios antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros”.
PSOE y Unidas Podemos cerraron este miércoles en el Congreso un “protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo de gobierno progresista de coalición”. El documento, de cinco páginas, detalla herramientas, comisiones y procedimientos ideados para evitar que “las discrepancias que se produzcan” afecten a “la estabilidad del gobierno” y erosionen “la confianza de la coalición”.