La huida de Puigdemont, un "ridículo" policial que los Mossos buscan compensar cercando a sus cómplices
Todo el mundo daba por hecha la detención. Se especuló con una entrega discreta. O con la posibilidad de que pudiese ser arrestado en el Parlament. Pero al final, nada de nada. El expresident Carles Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención, reapareció este jueves en pleno corazón de Barcelona. En el Arco del Triunfo, a pocos metros del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Cámara catalana, donde todo estaba listo para la investidura de Salvador Illa. Desde allí, con los focos apuntándole, arengó a los fieles que habían ido a recibirle. Y tan rápido como se dejó ver, se esfumó. Como si se tratase de una escena propia de Lupin, la serie inspirada en las novelas de Maurice Leblanc. El expresident desapareció entre la multitud. Y aún sigue en paradero desconocido.
Que Puigdemont iba a dejarse ver en la Ciudad Condal coincidiendo con la investidura del líder del PSC era algo que se sabía desde hace días. De hecho, lo anunció él mismo. "He emprendido el viaje de retorno desde el exilio", lanzó en sus redes sociales. Desde primera hora de este jueves, los aledaños del Parlament estaban completamente blindados. En el parque de la Ciutadella, en cuyo interior se encuentra la Cámara legislativa catalana, los Mossos d'Esquadra establecieron un cordón de seguridad para controlar el acceso de todos aquellos diputados o periodistas. El cuerpo policial autonómico trabajaba con la idea de llevar a cabo la detención antes de que el expresident pudiera alcanzar el Parlament. Pero el plan fracasó.
La performance arrancó pocos minutos antes del inicio del Pleno, cuando Puigdemont apareció agitando el puño sobre un escenario instalado a los pies del Arco del Triunfo. "Un país en el que la amnistía no amnistía tiene un problema de normalidad democrática", lanzó desde el atril entre los aplausos de más de cuatro millares de fieles que habían acudido a recibirle. Tras diez minutos de comparecencia emitida en todas las televisiones, una comitiva compuesta por miles de personas emprendió el camino hacia el Parlament. Pero en el transcurso de dicha marcha, el expresident se montó en un vehículo y emprendió la huida. Los Mossos intentaron detenerle, pero no lo lograron. Y la operación Jaula montada tras la fuga tampoco ha dado sus frutos.
La orden nacional de detención emitida por el instructor del procés, Pablo Llarena, contra Puigdemont no iba dirigida solo al cuerpo policial autonómico. "Se ha cursado a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", recuerdan fuentes judiciales. Es decir, que también mandata a Policía Nacional o Guardia Civil. El dispositivo para la detención, sin embargo, lo asumieron los Mossos, que ejercen funciones de policía judicial en suelo catalán –tal y como marca su ley reguladora o el Estatut–. El plan establecía que el arresto se haría "de forma proporcional" y en el "momento más oportuno" para "no generar desórdenes públicos", lo que explica que no se interviniera, por ejemplo, en pleno mitin. La Consellería de Interior ya ha anunciado una investigación para averiguar qué ha fallado.
"Enfado" y "malestar" por el "ridículo"
El fracaso de la operación para arrestar al expresident de la Generalitat ha caído como un jarro de agua fría dentro de los Mossos d'Esquadra. Algunas voces dentro del cuerpo hablan de "enfado" por el "ridículo" hecho. "Hay malestar con la cúpula política y policial", continúan sobre un dispositivo que, visto el desenlace, consideran que no estaba bien diseñado. Y culminan: "Estamos esperando explicaciones con ansia". "En ningún caso podemos entender que todavía ni el Conseller de Interior ni el Director General de la Policía hayan salido ante la ciudadanía a dar todas y cada una de las explicaciones necesarias", han señalado, por su parte, desde el Sap-Fepol, el sindicato mayoritario dentro del cuerpo policial autonómico.
El fracaso ha reavivado el fantasma de la supuesta connivencia que persiguió a los Mossos tras el referéndum del 1-O. Y a la que hizo alusión el Supremo en la sentencia del procés: "Han quedado evidenciados episodios de auténtica complicidad y casi connivencia motivadas quizás por la coincidencia ideológica o por la seguridad de que de esa forma podían granjearse el aplauso y beneplácito de ciudadanos rebeldes o responsables políticos". La Audiencia Nacional llegó a sentar en el banquillo por esos hechos a la excúpula de la policía autonómica, liderada por Josep Lluís Trapero. Pero les absolvió. El fallo, de hecho, recordaba que el mayor había preparado incluso un dispositivo para detener a cargos y representantes políticos tras la declaración unilateral de independencia.
Los agentes han rastreado, durante toda la mañana, el área metropolitana de Barcelona y los puntos fronterizos. Una búsqueda que continúa por todo el territorio catalán. Mientras, la policía autonómica está estrechando también el cerco sobre algunos sospechosos que podrían haber colaborado en la huida. Por ahora, se ha detenido a dos personas, ambos agentes de los Mossos d'Esquadra. El primero de ellos es el titular del vehículo utilizado en la fuga. En cuanto al segundo, se desconoce por el momento la implicación que habría tenido en los hechos. No es la primera vez que se relaciona a miembros del cuerpo con los movimientos del expresident. En su primera huida a Bruselas, participaron cuatro mossos. Y cuando fue detenido en Alemania, iba en compañía de otros dos.
En el marco de la investigación liderada por la Comisaría General de Información, la policía catalana también está "valorando", según fuentes oficiales, la "imputación o detención" del secretario general de Junts, Jordi Turull. "La orden de detención la puede dictar un juzgado o un cuerpo policial en caso de flagrante delito", completan. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sostienen que el juzgado de guardia de incidencias de Barcelona "no tiene abierta ninguna diligencia" ni tampoco ha "ordenado" ninguna "detención" ni "citación para tomar declaración" de "ninguna persona" en relación a la fuga de Puigdemont. Un extremo que han aclarado después de que algunas informaciones apuntasen hacia una supuesta orden contra Turull, convenientemente utilizada por Junts para intentar suspender el pleno de investidura de Salvador Illa.
El encubrimiento
En cuanto a posibles responsabilidades penales, algunas fuentes judiciales consultadas apuntan, fundamentalmente, hacia el delito de encubrimiento. Y, en concreto, en la modalidad que se recoge en el artículo 451.3 b) del Código Penal, que impone penas de prisión de entre seis meses y tres años a quienes ayuden a quienes obrando con "abuso de funciones públicas" ayuden a los presuntos responsables de un delito a "sustraerse a su busca o captura". Un tipo que ven más fácilmente aplicable en el caso de los mossos que en el de Turull, que no es funcionario y al que tampoco parece que se le pueda aplicar la modalidad que se recoge en el 451.3 a), que se reserva para el encubrimiento de una lista de delitos muy tasada en la que no se encuentra la malversación por la que está procesado Puigdemont.
En el caso de los agentes policiales, no obstante, habrá que ver todavía hasta dónde llega su implicación en los hechos y la situación en la que se encontraban en el momento de producirse para poder discernir si existió ese "abuso de funciones públicas". Y, para ello, un elemento relevante es saber si estaban de servicio. Así lo expuso la Audiencia Nacional cuando en julio de 2021 absolvió de encubrimiento a los dos mossos que acompañaban a Puigdemont por Europa: "Tampoco se refiere que los acusados en la realización de los hechos hayan obrado con abuso de funciones públicas, lo que expresamente se descarta al dejar patente que ambos, al tiempo de los hechos enjuiciados, se encontraban disfrutando de días de permiso que reglamentariamente les correspondían".
