El discurso no fue muy diferente al de otras ocasiones. Los argumentos, tampoco. Pero, este lunes, los tres principales nombres del Gobierno catalán han exigido al Estado celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña en la misma sede del Ayuntamiento de Madrid, una oportunidad que el president Carles Puigdemont agradeció personalmente a la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena. Su mensaje fue muy similar al que mantiene el Ejecutivo desde hace meses: "Con voluntad política todo es posible" y la consulta se celebrará el 9 de noviembre, tal y como está previsto, haya acuerdo con el Estado o no, pero el Gobierno debería tener "sentido de Estado" para sentarse a negociar.
La conferencia se celebró en el auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles de Madrid, sede del consistorio de la capital, y tuvo como título Un referéndum para Cataluña. Invitación a un acuerdo democrático. El Gobierno catalán quiso que su petición al Estado tuviera el máximo halo de solemnidad posible, y por ello al president Puigdemont le acompañaron el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva. A la conferencia asistieron varios concejales del Gobierno municipal, así como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y portavoces de En Marea (Antón Gómez-Reino) y En Comú Podem (Xavier Domènech). Asimismo, estuvieron presentes en el acto los dos portavoces de ERC en el Congreso, Joan Tardà y Gabriel Rufián, y su homólogo del PDeCAT, Carles Campuzano.
El president fue el último en intervenir, y aprovechó su discurso para advertir al Gobierno central de que "no van a caber muchos más rechazos" y de que el proceso soberanista seguirá con o sin el aval del Estado. Las instituciones centrales, sostuvo Puigdemont, "no tienen tanto poder para impedir tanta democracia", y por ello el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería sentarse a negociar con él la fecha del referéndum de autodeterminación, así como la pregunta y las condiciones. Y es que la consulta, afirmó, se trata de una demanda que comparte "la mayoría de los catalanes, también los que no quieren la independencia".
El mandatario trató de transmitir la determinación de su Gobierno para llegar hasta el final. "Esperaremos hasta el último minuto de la prórroga", pero si no se alcanza un acuerdo con el Estado, el Gobierno catalán celebrará la consulta porque es "un compromiso inviolable", sostuvo Puigdemont, que aprovechó para cargar contra el Estado por los procedimientos contra altos cargos como Artur Mas o Irene Rigau. "Negar el carácter político de la demanda catalana y fiarlo todo al trabajo de fiscales y jueces no es la solución, sino que incrementa el problema", criticó el president.
Y es que, a juicio de Puigdemont, el problema para realizar el referéndum no es que esté prohibido por la Constitución, sino que el Gobierno carece de "voluntad política" para autorizarlo. "No voy a entrar a detallar todos los argumentos que centenares de juristas y expertos constitucionalistas han expuesto para demostrar que nuestra demanda cabe perfectamente en el ordenamiento constitucional", aseveró el president, que admitió que "es cierto que también hay juristas y expertos que dicen lo contrario" pero planteó que "son mayoría en uno y otro campo los que señalan que con voluntad política todo es posible".
No irá al Congreso
No obstante, Puigdemont rechazó la invitación del Gobierno central para exponer su petición de referéndum en el Congreso de los Diputados. Sólo irá a la Cámara baja, aseguró, si antes Rajoy pacta con él la celebración de la consulta. "Acudir al Congreso sólo como coartada para difuminar la falta de voluntad política del Gobierno es un error [...] en el que no vamos a participar", sostuvo el president catalán, que dejó claro al Ejecutivo central que no deben contar con la Generalitat "para ningún simulacro o escenificación, ni para nada que les permita hacer creer que renunciamos a nuestro derecho a la autodeterminación".
Para sostener su argumentación, Puigdemont puso la restauración de la Generalitat de Cataluña en 1977 –que facilitó el Gobierno de Adolfo Suárez tras el triunfo de las fuerzas autonomistas en Cataluña en las elecciones de ese año– como ejemplo de que para alcanzar un acuerdo únicamente hace falta intención por las dos partes. "Entonces, [el Gobierno] habilitó la solución antes de su debate en el parlamento, puesto que tenía voluntad sincera de acuerdo", sostuvo Puigdemont, que insistió en que "a través del sentido de Estado, las demandas del pueblo catalán pueden ser atendidas".
Sin embargo, el dirigente advirtió que ignorar el problema no va a hacer que desaparezca. "No somos ningún suflé, ni una enfermedad, ni fruto de ningún trastorno emocional", planteó Puigdemont, que sostuvo que el aumento de los anhelos de independencia se remonta a la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto, en 2010. Entonces "tomamos conciencia que verdaderamente nunca habíamos pintado nada, sólo habíamos sido un espejismo de utilidad que, en la práctica, siempre favorecía a los mismos", señaló el president.
Una crítica que se remonta a tres siglos atrás
Romeva, por su parte, dedicó buena parte de su discurso a argumentar que un eventual Estado catalán independiente seguiría teniendo una estrecha relación con España. "Desde Cataluña valoramos enormemente los lazos familiares, de amistad y de fraternidad que nos unen con los diversos pueblos de España, y no queremos perder nada de eso", sostuvo el conseller de Asuntos Exteriores, que planteó que "Cataluña no va contra nadie" y, poco después, afirmó que la resolución del problema en esa comunidad es determinante para el país. "No hay un problema catalán, pero España tiene un problema: se juega su democracia en Cataluña", planteó Romeva.
"Nadie propone aislarse, sino que lo que se propone es encontrarnos libremente en una Europa que acepte la voluntad de cada uno", señaló el dirigente, que, no obstante, lanzó una crítica que se remonta a 300 años atrás. "España tiene que actuar de manera distinta a como lo ha venido haciendo los últimos tres siglos, debemos hacerlo en colaboración, como dos países capaces de acordar el modo en el que definimos nuestro futuro", sostuvo Romeva, que apuntó que la "mano tendida" de la Generalitat es una "triple oportunidad: para Cataluña, para España y para el conjunto de Europa".
El papel de Junqueras, por su parte, consistió en defender el modelo económico aplicado por el Gobierno catalán. El vicepresidente y conseller de Economía aseguró que en la comunidad hay un "récord histórico" en inversión extranjera y en exportaciones, y desglosó varios datos macroeconómicos de la comunidad, antes de enfocar sus palabras al referéndum. "A nosotros nos gusta tanto la responsabilidad que queremos ser responsables de nuestro presente y nuestro futuro", proclamó Junqueras, que aseguró que "a quien les dice a los ciudadanos que no les dejará votar no le importa su opinión".
Ver másPuigdemont reta a Rajoy a aclarar si usará "la fuerza" y avisa de que eso no le frenará
Desde minutos antes de que comenzase el acto, varias decenas de personas se congregaron frente a la puerta principal del Ayuntamiento de Madrid portando banderas franquistas y de partidos de ultraderecha como Falange Española o Alianza Nacional. A la salida, el grupo –al que separaba del consistorio un cordón policial– gritó consignas a los asistentes como "no nos engañan, Cataluña es España" o "Puigdemont a prisión", y profirió insultos como "ratas" o "traidores" a todo aquel que salía del edificio. La protesta se disolvió, finalmente sin incidentes, sobre las 20.00.
Medio centenar de personas con banderas de España, algunas de ellas preconstitucionales, se concentraron a las puertas del Ayuntamiento de Madrid.
El discurso no fue muy diferente al de otras ocasiones. Los argumentos, tampoco. Pero, este lunes, los tres principales nombres del Gobierno catalán han exigido al Estado celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña en la misma sede del Ayuntamiento de Madrid, una oportunidad que el president Carles Puigdemont agradeció personalmente a la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena. Su mensaje fue muy similar al que mantiene el Ejecutivo desde hace meses: "Con voluntad política todo es posible" y la consulta se celebrará el 9 de noviembre, tal y como está previsto, haya acuerdo con el Estado o no, pero el Gobierno debería tener "sentido de Estado" para sentarse a negociar.