'Púnica', Camps o la corrupción en Murcia persiguen a Feijóo en su primer curso judicial

Silencio absoluto. Esa fue la estrategia marcada en su día por el PP de Pablo Casado para hacer frente al goteo continuo de novedades sobre los casos de corrupción que llevan tiempo persiguiéndoles. Al fin y al cabo, defendían, no eran más que "cuestiones pasadas". Ahora, un año después de la condena por el pago en negro de las obras de la sede en Génova, a la nueva formación conservadora no le queda más remedio que afrontar otro año más esos fantasmas del pasado. Es el primer curso judicial de la era Feijóo, a quien le sorprende que se siga insistiendo en que el PP es "un partido de mangantes". Y sobre la mesa tiene varios frentes importantes: Púnica, Gürtel, Puerto Lumbreras, Novo Carthago, Lezo o Kitchen. Además de una investigación abierta en Andorra sobre la operación Cataluña que ha puesto en la diana a varios exministros y hasta al expresidente del Gobierno.

Si la Gürtel marcó el arranque del último curso de Casado, en el caso de Feijóo será Púnica la primera que entre en escena. Durante todo el mes de noviembre está previsto que se celebre en la Audiencia Nacional el juicio de la llamada pieza leonesa de la macrocausa, que se centra en los trabajos de reputación online que Alejandro de Pedro hizo para diferentes políticos del PP, entre ellos el expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez. Pero no solo eso. En la causa también se pone el foco en la adjudicación de la estación de esquí de San Isidro. Además de Martínez y De Pedro, deberán sentarse en el banquillo el alcalde de Puebla de Lillo (León) o el exregidor de Cartagena José Antonio Alonso. Sobre la mesa, delitos de fraude, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias.

No será el único asunto que se juzgue en los próximos meses en la Audiencia Nacional. Enero es, justamente, otro de los meses clave dentro del calendario judicial que todavía persigue al PP. A mediados arrancará, salvo sorpresa mayúscula, el juicio por la quinta pieza de Gürtel. Tiene su importancia. Al fin y al cabo, es el último caso que acorrala al expresidente valenciano Francisco Camps, que de momento ha salido indemne de más de una década de procesos judiciales.

Se juzgará, en concreto, la contratación con Orange Market, una de las empresas de la trama, para la instalación del stand de Fitur. En su auto de procesamiento, el instructor mantenía que había "un arsenal de indicios, muy consistentes" como para afirmar que el expresidente valenciano "participó en el direccionamiento" del contrato y que lo hizo para favorecer a Orange Market por la "paciencia y resignación" que había tenido ante "el impago de la multimillonaria deuda" que tenía con ella el PP de la Comunitat Valenciana.

Nubarrones en Murcia

Antes, otro expresidente autonómico conservador tendrá que sentarse en el banquillo. Será Pedro Antonio Sánchez, exlíder del Ejecutivo murciano. Él es uno de los procesados en el denominado caso Auditorio, centrado en las supuestas irregularidades cometidas en el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era el alcalde de la localidad.

En su escrito de clasificación provisional, la Fiscalía pide para el exregidor cuatro años y medio de cárcel y una multa de casi seis millones de euros. Sobre la mesa, delitos de prevaricación y fraude. Para el Ministerio Público, Sánchez recurrió a "un ardid engañoso" cuya finalidad era "no perder la oportunidad de obtener una subvención y la liberación de fondos" al tiempo que podía presentar la obra "como gestión a publicitar políticamente" de cara a los comicios de mayo de 2007.

También en suelo murciano se celebrará el juicio por el caso Novo Carthago, cuyo arranque está fijado para comienzos de 2023. La causa se centra en las posibles irregularidades cometidas en relación a un proyecto urbanístico consistente en levantar miles de viviendas, hoteles y hasta un campo de golf en terrenos protegidos junto al mar Menor, proyecto para el que se llevaron a cabo las necesarias modificaciones normativas. En este caso, se sentarán en el banquillo dos de los consejeros de la época de Ramón Luis Valcárcel al frente del Ejecutivo autonómico –Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana–, además de otros altos cargos en materia de urbanismo o medio ambiente, siendo la prevaricación y la falsedad en documento público los delitos sobre los que se formuló la acusación.

Más de media docena de juicios a la espera de fecha

El primer curso de Feijóo también será clave a la hora de ir fijando fecha de celebración de otros tantos vinculados a la corrupción que salpican, de una u otra manera, a la formación conservadora. Con autos de apertura de juicio oral sobre la mesa, pero a la espera de que se marquen fechas en el calendario para que los acusados se sienten en el banquillo, hay diferentes causas. Más de media docena.

En Gürtel, las piezas separadas relativas a los tejemanejes en Arganda del Rey y a la trama de evasión fiscal y blanqueo de capitales de la red. Y en Púnica, la pieza centrada en la rama murciana, la referente a la contratación de la empresa de eventos musicales Waiter Music o la que gira alrededor de varios contratos suscritos entre la multinacional francesa Cofely y varios ayuntamientos. En la diana, además de Francisco Granados, antiguos alcaldes de municipios madrileños, ex senadores y ex altos cargos de la Comunidad de Madrid.

A todas ellas hay que sumar, además, las derivadas de Lezo. La justicia todavía tiene que marcar los juicios vinculados a las compras fraudulentas de Emissao e Inassa con fondos del Canal de Isabel II, así como la pieza relativa al blanqueo de capitales. El expresidente madrileño Ignacio González se sentará en el banquillo por la adquisición de la sociedad brasileña Emissao. También lo hará en el caso de las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II relacionados con el campo de golf levantado en pleno centro de Madrid durante la época de Esperanza Aguirre. Y en la pieza centrada en la supuesta adjudicación irregular de las obras del tren que uniría Móstoles con Navalcarnero, que recayeron en una UTE participada por OHL y en base a las cuales Ignacio González habría cobrado parte de una comisión ilícita de 1,8 millones de euros.

Otro de los casos que se encuentran a la espera de juicio, y cuya fecha podría conocerse en los próximos meses, es el de las presuntas irregularidades en el Campus de la Justicia (CJM). Según el juez instructor, los acusados "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos". Entre ellos, el exconsejero madrileño Alfredo Prada, para quien Anticorrupción solicita ocho años de cárcel. Junto a él, varios directores y subdirectores del proyecto. Por ejemplo, quien fuera director de Seguridad del Campus, el policía Andrés Gómez Gordo, asesor de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha.

La policía política, en Andorra

Este agente es, justamente, uno de los procesados en Kitchen. Un asunto, el del uso de recursos policiales para fines políticos –en este caso, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas– que seguirá dando que hablar.

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El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de reabrir el asunto e imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal tras hacerse públicos unos audios de los que se desprende, a juicio del Ministerio Público, que la "finalidad" de los encuentros que Cospedal mantuvo con el comisario jubilado José Manuel Villarejo no era otra que poner en marcha "una estrategia para hacer desaparecer parte de las pruebas" que pudieran tener relación con la financiación irregular del PP. Sin embargo, el magistrado ha preferido, de momento, abrir una pieza separada centrada exclusivamente en las grabaciones y solicitar que se investiguen las mismas.

En Kitchen, el magistrado García Castellón ha colocado la X en la cúpula del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Y se ha negado a abordar la parte relativa a la denominada Operación Catalunya. Un asunto que, sin embargo, sí ha encontrado hueco en suelo andorrano. Allí, un juzgado investiga al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristobal Montoro a raíz de una querella por supuestas presiones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para intentar obtener información bancaria de políticos catalanes, una operación en la que habrían intervenido varios agentes de la Policía, algunos de los cuales están ya procesados en el marco de Kitchen. Queda por ver hasta dónde llegarán unas pesquisas que la jueza ha encargado ya a la unidad económica de la policía andorrana.

Otro de los asuntos que se encuentran aún en el aire es el que salpica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el contrato para la compra de mascarillas que su Ejecutivo adjudicó a Priviet Sportive, la empresa de un amigo de la familia, y del que se benefició el hermano de la líder del Gobierno regional. A comienzos de verano, Anticorrupción dio carpetazo al asunto al no ver "ilegalidad alguna" alrededor de la operación. Sin embargo, no se pronunció sobre los posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y cohecho. Esos tipos son, justamente, los que está analizando desde hace meses la Fiscalía Europea. Un fleco que todavía queda suelto alrededor del caso.