La puesta en marcha de colegios privados concertados sirvió a la trama Púnica para hacer negocios por una doble vía. Por un lado, seis empresas que la Guardia Civil vincula con la red se embolsaron entre 2001 y 2011 al menos 222,8 millones de euros por la construcción de 12 centros concertados y uno totalmente privado, tal y como adelantó infoLibre este martes. Por otro, según consta en un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso este periódico, la compañía que promovía los centros se hizo con otros 19 millones de euros mediante el cobro a las cooperativas de profesores que son las que, en última instancia, gestionan los colegios. La trama garantizaba a los docentes, según se deduce de la investigación, que los municipios liberarían suelo para los centros y que la Administración les daría el concierto.
Alfedel es el nombre de la empresa que promovió los veinte colegios que aparecen citados en el informe, de los que 19 son concertados, es decir, se sostienen con fondos públicos. El otro es totalmente privado. De los 20 centros, 12 fueron construidos por empresas vinculadas a la trama. En los otros, la Guardia Civil no ha encontrado por el momento vinculación entre la red corrupta y las compañías que los edificaron.
El administrador de Alfedel, Alfonso Ferrón del Río, está imputado en el caso y tanto la Guardia Civil como el juez instructor, Eloy Velasco, lo consideran "testaferro" de David Marjaliza, socio del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y uno de los principales cabecillas de la Púnica. Marjaliza es, a su vez, dueño de Obrum Urbanismo y Construcciones, la principal sociedad beneficiada con la edificación de colegios (ingresó 202 de los 222 millones cobrados por la trama por la construcción de los centros). Algunos de estos colegios están situados en la localidad de Valdemoro (Madrid) –considerada epicentro de la Púnica–, así como en otros ayuntamientos del área de influencia del exdirigente conservador.
El informe, elaborado por la Unidad de Apoyo de Hacienda a la Fiscalía Anticorrupción y fechado el 25 de julio de 2014, recoge que de los citados veinte colegios sólo en uno, que coincide que no tiene licencia, no se han registrado pagos a Alfedel. De los otros 19 sí existen abonos a la compañía de Ferrón del Río por un valor total de 19.030.315 euros. Es decir, los cooperativistas tenían que pagar, de media, un millón de euros por colegio. Y lo hacían en contraprestación por supuestas labores de aseoría para la puesta en marcha del centro. Eso hacía que los cooperativistas iniciaran la actividad de colegio con deudas que, en algunos casos, han llegado a rozar el millón y medio de euros sólo por este concepto, tal y como ha podido confirmar este periódico.
En su página web –ahora está borrada, pero algunos de sus contenidos están recogidos en el citado documento de la Agencia Tributaria–, Alfedel detallaba que entre sus funciones estaba la de "realizar todas las gestiones necesarias para la adquisición del terreno, la obtención de licencias municipales, la obtención de autorizaciones y la concesión de los conciertos educativos", así como la realización del proyecto de cada edificio.
Cooperativistas consultados por infoLibre aseguran que en las reuniones con ellos, el administrador de Alfedel "presumía de tener garantizado el concierto educativo". Según estas fuentes, atribuía esta capacidad a su "amistad y confianza con personas cercanas a Esperanza Aguirre". "De esa manera nos hacía ver lo importante que era al mismo tiempo que conseguía situarse en una posición de poder ante nosotros", añaden. Ferrón del Río, en conversación con este diario, niega que él diera por hecho en las reuniones con los cooperativistas que iba a conseguir los conciertos por sus buenas relaciones con el entorno de la expresidenta Aguirre. "Eso es mentira, eso es falso", subraya.
Los pagos, tal y como consta en la documentación analizada por este diario, no se hacían de una vez. En algunos casos llegaron a extenderse a lo largo de seis años, aunque lo habitual es que la deuda con Alfedel se zanjara en dos ejercicios. No obstante, a preguntas de este periódico, Ferrón del Río aseguró no poder contestar con exactitud a la pregunta de cómo se hacían los pagos. "No se pagaba en tres años, yo creo que de una vez, pero no lo sé, tampoco puedo contestar", señaló.
Asimismo, Ferrón del Río señaló que él reclamaba a los cooperativistas el 7% de la inversión inicial aunque asegura que no ha cobrado "de la mayoría de los colegios". "Mi deuda es subordinada, cobraré dentro de 15 años, aunque yo ya sé que lo tengo perdido. Lo que yo cobro queda para cuando haya beneficios", señala. "No hay que olvidar que en el Colegio Villamadrid, que nadie quería hacer un colegio en la Colonia Marconi, nadie me daba un crédito y avalé hasta con los dientes un crédito de tres millones de euros. Realmente di el crédito para comenzar la obra, y todavía continúo de avalista", añade.
La realidad es que, según los datos de Hacienda, Alfedel ingresó más de 19 millones de euros procedentes de las cooperativas.
Una mordida de 1,14 millones
¿Y cuál era la relación entre Ferrón del Río y la trama Púnica? La investigación judicial debe aclarar si el administrador de Alfedel era realmente un testaferro de Marjaliza. Pero de lo que no hay duda es de que, por cada colegio puesto en marcha, Marjaliza se llevaba una comisión de 1,14 millones de euros. Al menos desde 2007.
Entre los documentos presentes en la investigación de la trama Púnica está un contrato [consultar aquí en PDF] firmado dicho año, al que ha tenido acceso infoLibre, que viene a legalizar ese cobro de las mordidas por parte de Marjaliza, el socio del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados. En virtud de ese contrato, el presidente de Alfedel –a través de su sociedad cooperativa Magerit– acuerda con Marjaliza –que participa con su empresa Servicios Logísticos– que "le gestione la adquisición de suelo en la Comunidad de Madrid con el fin de construir un centro escolar".
El contrato estipula que en el caso de que se adjudicara a Magerit la parcela apta para la construcción del centro "se considerarán finalizados los servicios contratados" a la compañía de Marjaliza, recibiendo esta unos honorarios de 990.000 euros, a los que se añadía el IVA para sumar en total 1.148.400 euros. La comisión pactada, según recoge el contrato, se abonaría en dos plazos y mediante "un talón nominativo".
Es decir, que por "buscar" el suelo para cada colegio Marjaliza ingresaba una comisión de casi un millón de euros.
Entre los documentos que están siendo analizados por el juez Velasco constan también sendos informes tanto de la Guardia Civil como de la Fiscalía Anticorrupción que ponen negro sobre blanco el papel que Granados y Marjaliza jugaban en la trama en relación al negocio creado en torno a la construcción de colegios concertados. Así, en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que tiene fecha del 24 de octubre de 2014, se detalla que Marjaliza "con el transcurso de los años ha ido ampliando su complejo entramado de sociedades", unas compañías que ha utilizado "para poder rentabilizar los contactos e influencias públicas y políticas en sectores diversos como el de los colegios".
La Fiscalía, en otro escrito, en este caso del 29 de enero de 2015, señala que Marjaliza "a raíz de la crisis del negocio inmobiliario se introdujo en otros sectores donde siguió utilizando sus influencias". Y la principal influencia política que tenía era su amigo y socio Granados.
No obstante, la Guardia Civil advierte –en este caso en un escrito fechado el 22 de abril de 2015– que en el caso de los colegios de Alfedel "pese a que ya se han iniciado ciertas indagaciones no ha sido posible todavía ni siquiera comenzar el análisis", circunstancia que atribuyen a "la amplitud de la investigación y la limitación de medios". Por tanto, la cuestiones reveladas hasta el momento pueden ser sólo el principio.
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Denuncia de CCOO
Las revelaciones de infoLibre sobre los ingresos de la trama, gracias a la puesta en marcha de los colegios concertados han generado malestar en la comunidad educativa. La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid denuncia el "escándalo" que suponen estos ingresos, referidos exclusivamente a construcciones de colegios concertados y privados. Así, aseguran que para poner las cifras en contexto es importante ver la evolución de las cantidades destinadas a conciertos y subvenciones en la Comunidad de Madrid, que pasaron de 399,6 millones de euros en 2001 a 913,6 millones en 2011. El incremento es, por tanto, del 129%. En el mismo período –según cifras aportadas por el sindicato– el resto de los capítulos del presupuesto de Educación sólo tuvieron un incremento del 53%.
El sindicato ha solicitado personarse en la causa que investiga el juez Eloy Velasco. Su secretaria general, Isabel Galvín, asegura que CCOO seguirá "hasta el final para exigir responsabilidades y que el dinero se recupere para la educación madrileña".
La puesta en marcha de colegios privados concertados sirvió a la trama Púnica para hacer negocios por una doble vía. Por un lado, seis empresas que la Guardia Civil vincula con la red se embolsaron entre 2001 y 2011 al menos 222,8 millones de euros por la construcción de 12 centros concertados y uno totalmente privado, tal y como adelantó infoLibre este martes. Por otro, según consta en un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso este periódico, la compañía que promovía los centros se hizo con otros 19 millones de euros mediante el cobro a las cooperativas de profesores que son las que, en última instancia, gestionan los colegios. La trama garantizaba a los docentes, según se deduce de la investigación, que los municipios liberarían suelo para los centros y que la Administración les daría el concierto.