La querella de Guanyem, Podemos, el Partido X e ICV presentada en la Audiencia Nacional acusa a la familia Pujol y a varios empresarios vinculados a ella de establecer una "conexión criminal" cuya consecuencia es la defraudación de recursos públicos y la alteración de las políticas públicas, según consta en el documento al que ha tenido acceso infoLibre.
Para los querellantes, "la trama financiera de la familia Pujol" constituye "un complejo entramado que consentía pagos por adjudicaciones de obras públicas y por favores políticos". Y según especifican, esta forma de actuar "podría encuadrarse el famoso 3% que refirió y luego se retractó el señor Maragall en sede parlamentaria".
Los hijos
A su vez, la querella sostiene que el entramado de los Pujol "permitía presuntamente a los hijos utilizar facturas de sus empresas para simular trabajos o encargos no realizados y para ocultar pagos ficticios".
Pero el documento se refiere también a la "impunidad" de la familia el expresidente catalán. "La familia Pujol se beneficia de un amplio margen de impunidad gracias al gran poder político en diferentes ámbitos". Como por ejemplo la presidencia de la Generalitat durante 23 años, pero también por el apoyo parlamentario que dio a sucesivos gobiernos españoles del PSOE y del PP.
Y un claro ejemplo de la falta de efectividad de los mecanismos de control, explica la querella, fue el archivo de la instrucción del caso Banca Catalanacaso Banca Catalana. "Es indispensable, por razones de justicia, determinar si el patrimonio oculto procede del entramado financiero creado por la familia Pujol de beneficios obtenidos por las actividades económicas ilícitas vinculadas a la obtención de contratos públicos para sus propias empresas o por el cobro de comisiones".
La querella explica que los hermanos Pujol son los titulares de una cincuentena de empresas relacionadas con un amplio elenco de negocios dentro y fuera de España. "Y en los últimos meses se ha sabido que una empresa de Oleguer Pujol Ferrusola, por ejemplo, recibió 8 millones de euros de las Islas Vírgenes para comprar un hotel en las Islas Canarias. Y que el matrimonio de Jordi Pujol Ferrusola ingresaron 15,3 millones de euros en cinco días con motivo de diversas operaciones empresariales. Y que la Policía eleva a 500 millones la fortuna acumulada por la familia Pujol en Andorra, al mismo tiempo que un informe de la UDEF cifra entre 1.500 y 1.800 millones de euros los que han circulado por las cuentas de la familia Pujol con destino a bancos de Luxemburgo".
Posteriormente, el documento especifica el nombre de las 28 empresas vinculadas a la familia Pujol inscritas en los registros mercantiles de Barcelona, Tarragona, Madrid, Bilbao, Melilla y Las Palmas de Gran Canaria. Entre estas destacan las ya conocidas de Irigem 2012, en la que Mercès Gironés, la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, ingresó alrededor de 7,5 millones de euros; y Active Traslation, del primogénito de los Pujol-Ferrusola, que también recibió la misma cantidad de dinero (7,5 millones).
Ada Colau
Guanyem Barcelona, el partido encabezado por la exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Ada Colau, ha presentado este martes junto a Podemos la querella contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, así como contra su mujer y sus hijos, por presuntos delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, soborno, malversación de caudales públicos y prevaricación. Además, también han sido querellados los empresarios Sumarroca Claverol, Mercè Gironés, Jordi Puig i Godés. Este último hermano del conseller de la Generalitat de Catalunya Felip Puig.
A los dos partidos, que han redactado la querella, se les unirán también las formaciones Partido X e ICV-EUiA y los movimientos sociales Procès Constituent y Observatori DESC, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona.
El portavoz de Guanyem Barcelona, el abogado Jaume Asens, ha concretado que entre los presuntos delitos destacan tráfico de influencias, blanqueo de capital, cohecho, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos; y la también portavoz de Guanyem Ada Colau ha constatado "indicios suficientes" de que el caso no habría sido posible sin la complicidad de CiU, PP y PSOE.
"Un clan"
"No es un caso personal y familiar, sino de responsabilidades posiblemente penales y seguramente políticas de todo un clan", según Colau, que lo enmarca dentro del sistema de corrupción estructural que en su opinión se ha forjado en España desde la transición.
"La ciudadanía tiene derecho a saberlo todo. Estamos hablando de recursos públicos y de instituciones secuestradas por intereses particulares", ha dicho la exportavoz de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), que resalta que hay más de 50 empresas vinculadas a la familia Pujol-Ferrusola.
Según Asens, el caso Pujol no es un episodio "aislado y un asunto de carácter privado y familiar", porque el expresidente ha ejercido en las últimas décadas un liderazgo político y moral en Catalunya.
Como prueba de que su confesión de finales de julio es una "simple y burda coartada mal preparada", ha destacado que la hermana del expresidente no sabía que el origen del dinero sin regularizar fuese una herencia.
También ha apreciado que la familia se repartía los papeles de tal modo que tres de los hijos se dedicaban a los negocios -Jordi, Oleguer y Pere- mientras a la política se dedicaban el padre y otro hijo, Oriol.
Además, ha asegurado que CDC estaba al caso de esta situación: "Este entramado no se entiende sin el apoyo implícito del partido o de una parte del partido. No nos creemos que nadie más lo supiese".
Extrema derecha
En cuanto a la querella, Asens ha justificado: "No queremos dejar que una organización de extrema derecha sea quien marque el ritmo", en alusión a la presentada por Manos Limpias y, después, la anunciada por PxC.
Por su parte, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha asegurado que la querella conjunta "contra Pujol y todos sus encubridores ya ha sido un triunfo histórico", y ha lamentado la pasividad, tibieza y abandono de sus funciones por parte del ministerio fiscal.
Considera que los Pujol han actuado con "favoritismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias" y que, gracias a iniciativas ciudadanas como esta, se va a lograr dar un vuelco y acabar con estos abusos.
En la rueda de prensa también han intervenido para expresar su apoyo a la iniciativa el presidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Lluís Rabell; Vanesa Valiño, del Observatori Desc; por parte de los partidos: Íñigo Errejón (Podemos), Joan Herrera (ICV), Joan Mena (EUiA), David Balbàs (Procés Constituent) y Simona Levi (Partido X).
Hervé Falciani
Precisamente, la comisión ciudadana anticorrupción del Partido X colabora en la querella contra los Pujol aportando el trabajo liderado por Hervé Falciani, "que cuenta con el apoyo de muchos ciudadanos comprometidos y expertos como el inspector de Hacienda del caso Palma Arena, Raúl Burillo, por poner solo un ejemplo", especifica el mencionado partido en una nota de prensa.
Falciani es el ciudadano de nacionalidad francesa e italiana que facilitó al Gobierno español y al francés los datos de miles de defraudadores que tenían sus cuentas en el banco HSBC.
"Tenemos razones para creer que las cuentas destapadas en Andorra son solo la puerta de salida de un entramado de sociedades offshore (deslocalizadas en paraísos fiscales) a través del cual se evadieron capitales mediante un complejo sistema de complicidades, para expolio masivo y continuado durante tres décadas y que sin duda implica a otros grupos y familias de las élites catalanas, del estado español e internacionales", completa el comunicado del Partido X, que prosigue: "Las primeras veces que el nombre Pujol salió a la luz, vinculado a casos de fraude financiero, fue gracias a las trazas descubiertas por Falciani".
La querella de Guanyem, Podemos, el Partido X e ICV presentada en la Audiencia Nacional acusa a la familia Pujol y a varios empresarios vinculados a ella de establecer una "conexión criminal" cuya consecuencia es la defraudación de recursos públicos y la alteración de las políticas públicas, según consta en el documento al que ha tenido acceso infoLibre.