Los países de la Unión Europea llevan unas semanas actuando sobre los activos de determinados jerarcas y oligarcas rusos. El respaldo legal para ello está en la normativa comunitaria aprobada en 2014, después de que Rusia se anexionase ilegalmente la península de Crimea. La lista de sancionados se ha disparado ahora, tras la invasión de Ucrania.
La UE entiende que esas personas son clave para sostener el régimen de Putin y que participan o se aprovechan de los ataques a Ucrania. Autoridades de países europeos han acordado la “retención provisional” de superyates (tres de ellos en España), “cancelado el registro” de aeronaves o “congelado” bienes inmuebles.
En este marco se encuadra el nuevo proyecto internacional de investigación periodística en el que participa infoLibre, “Radar de activos rusos” (“Russian Asset Tracker”, en inglés), cuyo objetivo es comprobar cuáles son los activos que realmente controlan los jerarcas próximos al Kremlin.
Se trata de un trabajo en el que participan 85 periodistas de 25 medios y organizaciones, entre ellos The Guardian, Le Monde, Miami Herald, la televisión alemana NDR y las ONG Transparency International UK y Follow the Money. infoLibre es el único medio español que participa en el proyecto, que está coordinado por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Las primeras informaciones se publicarán este lunes 21 de marzo.
infoLibre ha participado en el último año en otros dos grandes proyectos de investigación coordinados por OCCRP: OpenLux, que destapó los nombres de españoles con sociedades en Luxemburgo en busca de opacidad o ventajas fiscales, y Suisse Secrets, una filtración con los datos de más de 18.000 cuentas de Credit Suisse que desveló la identidad de dictadores, criminales y políticos corruptos a quienes la identidad financiera tuvo como clientes durante décadas.
Los países de la Unión Europea llevan unas semanas actuando sobre los activos de determinados jerarcas y oligarcas rusos. El respaldo legal para ello está en la normativa comunitaria aprobada en 2014, después de que Rusia se anexionase ilegalmente la península de Crimea. La lista de sancionados se ha disparado ahora, tras la invasión de Ucrania.