La Conferencia de Presidentes celebrada este martes en el Senado concluyó sobre las 18.00 horas con una importante batería de comisiones y grupos de trabajo pendientes de creación. Este órgano no se reunía desde 2012 y se puso mucho más énfasis en la reactivación del mismo que en los acuerdos concretos -pocos- con los que cada presidente regresa a sus territorios. El avance de los temas que se tocaron depende ahora de la implicación del Gobierno y de las diferentes delegaciones que creen las comunidades autónomas.
Los presidentes regionales habían pactado previamente una agenda de materias sobre las que ponerse a trabajar y las principales novedades al respecto tienen que ver con los plazos marcados y la intención de que uno de los temas más complejos, el de la financiación autonómica, pueda cerrarse a lo largo de este 2017. Así lo admitió Mariano Rajoy en la conferencia de prensa con la que cerró la cita no negando la dificultad de lograr un sistema que guste a todos. "No será fácil", dijo. Ni será compartido al "cien por cien" ni habrá comunidades que estén "radicalmente en contra". Mención específica requiere el encaje de Cataluña en estas negociaciones. La Generalitat, junto al Gobierno vasco, se ausentó de esta cita.
En este contexto, Rajoy advirtió de que no existe bilateralidad a la hora de abordar el sistema de financiación. "Una cosa es que hablemos [él y Puigdemont] y otra es que el modelo de financiación tenemos que negociarlo entre todos", dijo.
El presidente del Gobierno recordó que hay una voluntad por parte de todas las comunidades asistentes a la conferencia de incorporarse a los grupos de trabajo que se han creado, insistió en que él se reune con todo aquel que se lo pida. Pero que si Cataluña quiere hablar de este tema y participar en el debate abierto tiene que sentarse en la mesa en la que se sienten todas las comunidades. "El Gobierno catalán tiene abierta la propuesta para que nombre un experto cuando quiera", dijo. "No pienso hacer ningún reproche", añadió.
Hace unas semanas, cuando la Generalitat confirmó que no acudía a la Conferencia de Presidentes, desde Moncloa se confiaba en que, una vez vista la agenda, Carles Puigdemont cambiase de idea. Ahora la confianza es la misma: en la Presidencia del Gobierno consideran que algún representante del Govern acabará asistiendo a las reuniones preparatorias del nuevo modelo. En todo caso, Cataluña estaría obligada a aceptar el nuevo modelo, pendiente de reforma desde 2014, en tanto que se trata de una ley orgánica.
"He pedido a todos que hagamos el mayor esfuerzo para llegar a un entendimiento en materia de financiación autonómica. No va a ser un tema en el que quepan imposiciones ni mayorías de unos sobre otros", subrayó el jefe del Ejecutivo.
Madrid, en el punto de mira
Uno de los temas principales de la conferencia giró en torno a la armonización fiscal. Prendieron la llama presidentes socialistas como Susana Díaz y como principal aludida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sostuvo que no tenía en mente subir los impuestos a los madrileños. A ojos de la líder de la gestora del Partido Popular en Madrid, el sistema impositivo de la comunidad, funciona.
Tres reducciones de impuestos desde 2007 han convertido a Madrid en la comunidad con menor presión sobre el contribuyente: aplica la tarifa autonómica del IRPF más baja, una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones, tiene el impuesto de transmisiones patrimoniales más exiguo de España y es la única que no grava el patrimonio. A juicio de las comunidades socialistas, se trata de un caso de competencia desleal. Las regiones limítrofes con Madrid son las que más hincapié hacen en este punto.
Respecto a este punto, el presidente del Gobierno admitió que había habido ese debate y que se había acordado hacer "un estudio" para conocer "cómo están ejecutando las diferentes comunidades autónomas la corresponsabilidad fiscal". "Está abierto. No se ha tomado ninguna decisión", dijo Rajoy.
Al término de las reuniones, varios barones socialistas incidieron en la necesidad de estudiar qué tipos aplican las distintas regiones a los tributos cuya gestión tienen cedida y de tener en cuenta esos cálculos en la elaboración del nuevo modelo de financiación. El argumento de fondo que deslizaron varios de ellos fue el mismo: si una determinada comunidad se permite rebajar los impuestos es -o puede ser- porque está relativamente bien financiada o, al menos, porque no está en una situación crítica.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró que hay que estudiar qué impuestos se aplican de media, quién está "muy por encima" y quién "muy por debajo", y determinar "por qué": "Saber a quién le falta y a quién le sobra", remachó. Y las cifras que arrojen esos estudios, insistió, deben ser tenidas en cuenta en la confección del nuevo modelo de financiación. La dirigente andaluza dijo que "armonización no es uniformidad" ni tampoco que el Estado invada niveles competenciales, pero sí recalcó la necesidad de estudiar la situación de los impuestos que se cedieron a las regiones "deprisa y corriendo" y en los que no existe un tipo mínimo y otro máximo marcado por el Estado y a aplicar por las regiones, como el el caso de sucesiones y patrimonio.
¿"Paraíso fiscal"?
Díaz no quiso responder a la pregunta de si Madrid es de facto un paraíso fiscal -"no voy a señalar a nadie", replicó-, mientras que el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, sí que apuntó directamente al Gobierno de Cifuentes. Y lo hizo con una frase muy gráfica: "Si en una hora y cuarenta minutos puedes pagar o no pagar, la gente prefiere no pagar". Puig alertó de la "situación crítica" en la que está la Comunitat en el terreno financiero y reclamó la apertura de un debate sobre la corresponsabilidad y la armonización que culmine con la erradicación de la "competencia desleal" entre regiones. "Es verdad que hay dumping fiscal, es una realidad", advirtió.
Rajoy: "Voy a intentar que esta legislatura dure cuatro años"
Puig insistió en que Madrid tiene determinados "elementos de capitalidad" que favorecen a esa comunidad y que se deben "equilibrar" por otras vías, y recalcó que 2017 "tiene que ser" el año en que se reforme definitivamente la financiación autonómica y en que se apruebe un nuevo modelo que respete tanto la "singularidad" de los territorios como la "igualdad entre los ciudadanos". "O sea cambia el modelo de financiación o el Estado de las Autonomías no es viable", dijo.
El extremeño Guillermo Fernández Vara se sumó a la reclamación de estos barones socialistas y denunció que "cuando hay diferencias como las que hay" entre los impuestos en unas y otras regiones, "se produce el fenómeno de que mucha gente está domiciliada fiscalmente en Madrid y vive en provincias". "Y esa es una realidad que hay que corregir", apuntó el mandatario extremeño, que apostó por estudiar la situación y establecer unas "horquillas de [tipos impositivos] máximos y mínimos" que eviten la "deslocalización fiscal de empresas y personas" que se está produciendo en la actualidad y que favorece a Madrid en detrimento de otras comunidades.
Emiliano García-Page, presidente castellanomanchego, también pidió evitar que "se establezca en España el dumping fiscal". Esa "competencia" entre regiones, apuntó, resulta un problema para su región porque, al ser limítrofe con la Comunidad de Madrid, hay gente que se puede empadronar en Castilla-La Mancha y reclamar allí la prestación de servicios públicos, mientras que para pagar impuestos "puede ponerse el domicilio fiscal donde más barato le resulte".
La Conferencia de Presidentes celebrada este martes en el Senado concluyó sobre las 18.00 horas con una importante batería de comisiones y grupos de trabajo pendientes de creación. Este órgano no se reunía desde 2012 y se puso mucho más énfasis en la reactivación del mismo que en los acuerdos concretos -pocos- con los que cada presidente regresa a sus territorios. El avance de los temas que se tocaron depende ahora de la implicación del Gobierno y de las diferentes delegaciones que creen las comunidades autónomas.