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Rajoy usará “todos los mecanismos políticos y jurídicos” para evitar la secesión de Cataluña

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El presidente del Gobierno no renuncia a ninguno de los instrumentos legales ni a los que contempla la Constitución para frenar a JxSí y la CUP después de que este martes, ambas formaciones proclamaran el inicio del proceso hacia una república catalana. A las 14.00 horas, desde el palacio de La Moncloa, Mariano Rajoy leyó ante la prensa una declaración [consúltala en PDF] en la que consideró que la propuesta de resolución de las fuerzas independentistas es "contraria a la Constitución, contraria a la ley" y al sentir mayoritario de los españoles y los catalanes.

En este sentido, el presidente subrayó que ambas fuerzas no sumaron mayoría en las elecciones catalanas del 27 de septiembre.

Tras definir de "provocación" el gesto de los promotores de la propuesta de resolución, Rajoy advirtió "a quienes quieren dividir a Cataluña de España" que "no lo van a lograr". Porque el Estado "no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos" en defensa de la soberanía nacional.

El jefe del Ejecutivo no entró a los "mecanismos concretos". Pero sí citó al Tribunal Constitucional y a la Constitución. El primero, a raíz de la reforma del pasado verano, está facultado para tomar medidas contra quienes incumplan sus sentencias. Y, la Carta Magna contempla, en el artículo 155 la suspensión de la autonomía. Es el último paso al que Rajoy querría llegar. Todo esto, insistió, "garantiza que que eso que se dice no va a surtir efecto alguno".

Mensaje de "tranquilidad"

El presidente quiso, con su comparecencia mandar "un mensaje de tranquilidad a todos los españoles, y muy especialmente a los catalanes". "Mientras yo sea el presidente del Gobierno, España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. La Justicia prevalecerá sobre la sinrazón y todos, repito, todos, estaremos sometidos a la ley y a las resoluciones de los tribunales", mantuvo.

La Vicepresidencia del Gobierno, en manos de Soraya Sáenz de Santamaría, ha encargado ya varios informes jurídicos para todos los escenarios que se manejan, desde el recurso ante el TC hasta la suspensión de la autonomía. El primer paso, no obstante, queda en manos del Grupo Parlamentario Catalán en el Parlament, que planteará a la Mesa que reconsidere la admisión de la resolución.

La comparecencia del presidente del Gobierno se produjo este martes horas después de que JxSí y la CUP registraron en el Parlament una propuesta de resolución conjunta [consúltala aquí] para que el pleno de la cámara apruebe el "inicio del proceso" independentista con una república.

El texto fue registrado por los parlamentarios Jordi Turull (CDC) y Marta Rovira (ERC), por parte de JxSí, y Antonio Baños y Anna Gabriel por parte de la CUP.

"Estado catalán independiente en forma de república"

La intención de ambos grupos es la votar en el primer pleno de la XI Legislatura a favor de "declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república".

Esta declaración, de nueve puntos, proclama la apertura de un proceso constituyente ciudadano "para preparar las bases de la futura Constitución catalana", e insta al futuro Govern a adoptar una hoja de ruta para lograrlo.

Además, calcula un periodo de 30 días para tramitar tres iniciativas legislativas que consideran clave para el nuevo escenario: la del proceso constituyente, la de seguridad social y la de hacienda pública.

Ambos grupos dejan por escrito que el Parlament "no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado, particularmente del Tribunal Constitucional", al que consideran deslegitimado y sin competencias tras la sentencia del Estatut de 2010.

De hecho, instan al futuro Govern a cumplir "exclusivamente" las normas y mandatos emanados del Parlament y sostienen que la cámara catalana cuenta con una mayoría absoluta de escaños independentistas surgidos de las elecciones del 27 de septiembre.

También abogan por adoptar las medidas necesarias para abrir un proceso de desconexión "democrático, masivo, sostenido y pacífico con el Estado español", así como por un proceso de participación activo e integrador que empodere a los ciudadanos.

El texto concluye con la voluntad de iniciar negociaciones con el resto de grupos y trasladando sus intenciones "al Estado español, la Unión Europea y el conjunto de la comunidad internacional".

Hernando aboga por una respuesta "proporcional"

"Quien desafía al Estado de derecho tiene que saber que el peso del Estado de derecho va a caer sobre ellos y que con la soberanía nacional no se juega, porque ni es fracturable, ni es fraccionable, ni está en liquidación, sino todo lo contrario, ahora está más reforzada", sostuvo el portavoz del PP, Rafael Hernando, preguntado sobre esta cuestión.

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Para el dirigente conservador, el Tribunal Constitucional (TC), tiene ahora herramientas que le hacen "sentirse más sólido y fuerte" tras la reforma unilateral emprendida por su Grupo Parlamentario a la vuelta de las vacaciones del verano y según la cual puede sancionarse a los responsables públicos que incumplan las sentencias.

Preguntado por la posibilidad de que, en este escenario, el Gobierno pudiese aplicar el artículo 155 de la Carta Magna que le autoriza para disolver la autonomía de Cataluña, Hernando se mostró partidario de responder a los desafíos con "proporcionalidad".

"Cuando se vayan tomando decisiones, más allá de declaraciones, tenga la seguridad de que se va a actuar conforme al Estado de derecho, como hemos hecho con anterioridad", mantuvo el portavoz de los conservadores en el Congreso.

El presidente del Gobierno no renuncia a ninguno de los instrumentos legales ni a los que contempla la Constitución para frenar a JxSí y la CUP después de que este martes, ambas formaciones proclamaran el inicio del proceso hacia una república catalana. A las 14.00 horas, desde el palacio de La Moncloa, Mariano Rajoy leyó ante la prensa una declaración [consúltala en PDF] en la que consideró que la propuesta de resolución de las fuerzas independentistas es "contraria a la Constitución, contraria a la ley" y al sentir mayoritario de los españoles y los catalanes.

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