La gestión de Alberto Núñez Feijóo en materia de ingresos y gastos durante sus trece años de mandato en Galicia revela una política dirigida a favorecer, sobre todo, a las rentas más altas y una contradicción: redujo la capacidad de Galicia de generar fondos propios mientras reclamaba más dinero al Gobierno central porque el que tenía no era suficiente para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales que necesitaban los gallegos.
El relevo de Pablo Casado al frente del PP ha cambiado parcialmente las formas y ha abierto la puerta a negociaciones que su antecesor mantenía bloqueadas, pero el nuevo líder no suelta la bandera de la bajada de impuestos como eje central de la propuesta económica del Partido Popular. La estrategia de Feijóo, en plena crisis de precios alimentada por la invasión rusa de Ucrania, pasa por poner en el centro del debate la pérdida de poder adquisitivo de los españoles y justificar así una rebaja del IRPF que compense la inflación.
Durante la gira que protagonizó por las 17 Comunidades Autónomas en busca del apoyo de los militantes a su candidatura y en sus intervenciones en el congreso extraordinario de Sevilla, el nuevo líder del PP incluyó entre los méritos que había acumulado como presidente de la Xunta haber reducido en 1.200 millones de euros los impuestos que pagan los gallegos.
¿De qué ha servido esa rebaja de impuestos? Desde luego no para mejorar el crecimiento de la economía gallega ni para atraer inversión. El ultimo año antes de la pandemia Galicia creció un 2,2% en proporción a su PIB, dos puntos por detrás de España. Y las previsiones para los años 2022 y 2023, según BBVA Research, son que seguirá pediendo posiciones respecto al conjunto del país a un ritmo de tres décimas el primer año y nueve el segundo. La rebaja fiscal de Feijóo tampoco ha sido capaz de acabar con su limitada capacidad de atracción de inversiones privadas, según la Fundacion BBVA.
Para colmo, el conselleiro gallego de Facenda, Miguel Corgos, sostiene que Galicia “recibe del actual modelo de financiación 800 millones de euros anuales menos de lo que le cuesta a la Xunta financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales”. La cifra forma parte de las alegaciones que el Gobierno de Feijóo trasladó a Hacienda el pasado mes de enero para pedir a la ministra María Jesús Montero una modificación de la propuesta de cálculo de la población ajustada, el criterio clave para regular la financiación de las comunidades autónomas. La Xunta sostiene que sólo el factor dispersión de la población representa un sobrecoste de 500 millones de euros.
La paradoja es que, mientras Feijóo reclama más dinero al Gobierno central para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales, presume de haber renunciado a recaudar entre 400 y 500 millones de euros anuales mediante reducciones de impuestos.
Galicia es una de las Comunidades Autónomas más dependientes de la financiación del Estado, muy por encima de territorios económicamente mucho más activos como Madrid o Cataluña. Sus ingresos propios, que apenas cubren el 20% del presupuesto de la Xunta, proceden de tributos cedidos al 100% en los que la gestión corresponde íntegramente a la comunidad gallega (los impuestos de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre el patrimonio y del juego) también aquellos cedidos pero que no gestiona la Xunta, aunque sí ejerce competencias (los tramos autonómicos del IRPF y del impuesto sobre los hidrocarburos).
Las reducciones aprobadas por Feijóo en el impuesto sobre el patrimonio, presentadas como una política destinada a “facilitar llegar a fin de mes” a las familias gallegas y compensar lo que la Xunta califica como “una subida indiscriminada de impuestos”, favorecen sin embargo a las rentas medias y altas y a los contribuyentes con patrimonios más elevados. Aunque para las rentas más altas el impuesto se mantuvo o se incrementó un punto.
Quienes más van a notar este año la rebaja en Galicia son los que tienen un patrimonio notable porque van a disfrutar de una bonificación del 25% con un mínimo exento de 700.000 euros. También los que presenten declaraciones de la renta en los tramos que van de 27.700 a 35.200 euros y en el de 47.600 a 60.000 de base liquidable, con rebajas superiores a las de los tramos más bajos.
El impuesto sobre las transmisiones patrimoniales ha bajado también en 2022 del 10 al 9%, ampliando las rebajas que se venían aplicando cuando el tributo afectaba a la compra de vivienda habitual o cuando esta estaba en zonas poco pobladas. Aunque en este último supuesto la Xunta incluye municipios turísticos y situados en las áreas metropolitanas de A Coruña y Vigo, las ciudades más pobladas de Galicia.
Los que más tienen
El impuesto sobre el patrimonio rebajado por Feijóo afecta en Galicia a unas 8.000 personas que poseen en torno a 50.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria de antes de la pandemia. El grueso de estas fortunas, según la misma fuente, son acciones en empresas que no cotizan en bolsa y que no están afectadas por el tributo (más de 32.000 millones) y bienes inmuebles (4.300 millones). Es a estos propietarios a quienes el actual presidente del PP rebajó, sólo en 2021, un total de 183,09 millones de euros, según estimaciones de la Xunta. La previsión para 2022, según los Presupuestos Generales aprobados en el Parlamento de Galicia, alcanza los 136,9 millones.
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En relación con el impuesto de sucesiones, a Feijóo no le pareció suficiente excluir del pago a las herencias por encima de 400.000 euros sin contar la vivienda habitual por un valor de hasta 300.000 euros. Así que en 2019 decidió ampliar la exención a quienes hereden hasta 1.000.000 de euros, si bien incluso estas herencias sólo tributan por la cantidad que exceda de esa cifra.
Las rebajas fiscales de 2021 se reparten del siguiente modo: 183,09 millones en favor de quienes más patrimonio tienen, 177,55 del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, 158,97 se sucesiones y donaciones y apenas 27,74 de IRPF.
No son estas las únicas rebajas de impuestos aprobadas por el Gobierno gallego. En 2020 el ejecutivo presidido por Feijóo decidió aprobar una rebaja de impuestos extraordinaria, durante un año, para compensar al sector del juego de las consecuencias de la crisis de actividad causada por el coronavirus. Por este concepto, las finanzas gallegas dejaron de ingresar 3,67 millones de euros, resultado de perdonar un 20% del pago que tendrían que haber hecho casinos y bingos y un 30% por máquinas de juego y azar. Es algo que Feijóo ya había hecho en 2012, también por un año pero entonces sin pandemia, con un coste para las arcas públicas de 3,8 millones.
La gestión de Alberto Núñez Feijóo en materia de ingresos y gastos durante sus trece años de mandato en Galicia revela una política dirigida a favorecer, sobre todo, a las rentas más altas y una contradicción: redujo la capacidad de Galicia de generar fondos propios mientras reclamaba más dinero al Gobierno central porque el que tenía no era suficiente para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales que necesitaban los gallegos.