El debate sobre la Ley Electoral, sus límites, las necesidades de actualizarla, o no, es cíclico y suele ir pegado a las convocatorias electorales. Los partidos aprovechan la coyuntura para incluir iniciativas de este tipo en sus programas o, una vez transcurrida la cita ante las urnas, para intentar agilizar o facilitar los trámites para la formación de Gobierno. Como España lleva inmersa varios años en elecciones generales, este se ha convertido en un debate recurrente, sobre todo en un momento en el que el declive del bipartidismo clásico y la irrupción de nuevos partidos complica las sumas para la configuración de mayorías en el Congreso.
El pasado 6 de diciembre, en la celebración institucional del día de la Constitución, el Partido Popular recuperó una iniciativa que, en el caso de repetirse una nueva convocatoria electoral, pondría más fácil al partido más votado que su candidato fuese investido presidente. Fuentes de la dirección nacional del PP recordaban que su propuesta es que la formación que más apoyos logre en las urnas sea premiado con un plus de 50 diputados. Esto implicaría que el Congreso pase de los 350 diputados actuales a 400. En su artículo 68, la Constitución establece que "el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley". La iniciativa que el PP estaría dispuesto a dar luz verde, destacan los conservadores, no implicaría una reforma constitucional. Bastaría, destacan, una modificación de la ley electoral.
El PP ha rebuscado en su cajón de propuestas antiguas y ha recuperado esta oferta en un momento político en el que acaparan muchas de las miradas. Casado critica con dureza que Pedro Sánchez esté negociando con Unidas Podemos y con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para ser investido presidente, pero se niega de forma tajante a ofrecer cualquier tipo de alternativa que impida ese pacto. Pero los conservadores niegan que haya "oportunismo" tras esta iniciativa. "Llevamos años con ello. Es coherencia", dicen.
"Nosotros no queremos terceras elecciones en absoluto. Pero si la irresponsabilidad de Sánchez nos lleva a ello, el PP estaría dispuesto a que el partido más votado tenga más fácil formar un Gobierno con plenos poderes", completan
Lo que dijo el Consejo de Estado
El 27 de junio de 2008, el entonces Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero encomendó al Consejo de Estado la elaboración de un informe sobre las principales propuestas de reforma del régimen electoral general. El documento de respuesta llevaba fecha del 24 de febrero de 2009.
Aunque en ninguna de las propuestas que estudió el órgano consultivo se aludía concretamente a esa prima de 50 escaños para la formación más votada, el Consejo de Estado sí se refiere en varias ocasiones a esa posibilidad de incrementar la Cámara Baja hasta los 400 parlamentarios.
"Así, el número de diputados del Congreso, que actualmente está fijado en trescientos cincuenta (artículo 162.1 de la LOREG), puede ser incrementado por vía legislativa, siempre y cuando se respete el tope máximo de cuatrocientos diputados (artículo 68.1 de la Constitución)", puede leerse en el texto.
"Un aumento del número de diputados elevaría, como es lógico, el de escaños a repartir entre circunscripciones en función de sus habitantes, lo que compensaría la infrarrepresentación de las provincias más pobladas", consideraba hace diez años el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado avaló por tanto la posibilidad de incrementar el número de diputados, pero ello no significa que diese su visto bueno a la concreta fórmula de otorgar esos 50 nuevos diputados al partido más votado. No se pronunció sobre ello porque nadie se lo pidió, ni entonces ni ahora. Pero hay que recordar que el artículo 68.3 de la Constitución señala que la elección de diputados al Congreso "se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional". Así que es probable que los partidos minoritarios se planteasen llevan una reforma como la planteada por el PP al Tribuna Constitucional, para que determinase si es conforme con la "proporcionalidad" que exige la ley fundamental.
La ley electoral y los programas electorales
Este lunes, el líder del PP se reúne a las 9.30 horas en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez en el marco de la ronda de contactos que el jefe de los socialistas ha convocado tras haber sido propuesto candidato a la investidura por el rey. En esta cita, Casado reiterará al presidente del Gobierno en funciones que no contará con el apoyo del PP para seguir en el Ejecutivo. Pero que, si lo logra gracias a otros apoyos, el PP estará a su lado en asuntos de Estado. Fuentes conservadoras consultadas por infoLibre aseguran que esta reforma será puesta sobre la mesa por su jefe de filas. Insisten en que, si hay "voluntad política", no es necesario que haya Gobierno para registarla. Porque las Cámaras ya están constituidas desde la primera semana de diciembre.
Pese a que la idea no es nueva dentro de las filas conservadoras, no fue incluida en el programa electoral con el que Casado concurrió a las elecciones generales del 10 de noviembre. De hecho, el Partido Popular no incluyó en su oferta a los españoles ninguna iniciativa que afectara a la ley electoral. Tampoco se encuentra ninguna promesa en esta materia en el programa del Partido Socialista, la formación que ostenta el Gobierno en funciones.
Unidas Podemos, partido político con el que Pedro Sánchez negocia un Gobierno de coalición, sí apuesta por modificar la legislación en este campo. Con la intención de que la ley atienda al principio de "una persona, un voto" y aumentar la proporcionalidad del sistema, el partido morado propone sustituir la fórmula de reparto de escaños D'Hondt por la de Sainte-Lagüe, "más proporcional". Con este cambio, reflejaban en su programa, se atenuaría "la diferencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños que obtiene cada partido y, con ello, las desigualdades en el valor del voto y la representación". La reforma también afectaría al Senado, para hacerlo "más proporcional", y a la derogación del voto rogado.
La tercera formación con mayor presencia en el Congreso de los Diputados tras PSOE y PP, PSOE Vox (52 escaños), abogaba en su programa por una reforma del sistema electoral "para que valga lo mismo el voto de todos los españoles y los diputados respondan ante los electores y no tanto ante los partidos políticos". "Una parte de los diputados serán elegidos en distrito único nacional", añaden. También prometían la supresión de las cuotas "por sexo o por cualquier otra causa" en las listas electorales.
Ciudadanos (10 escaños) apostaba en su programa por "una ley electoral más justa e igualitaria". Entre otras cuestiones, el partido naranja se comprometía a eliminar el voto rogado, a "mejorar" la proporcionalidad del sistema electoral para que el reparto de escaños se ajuste a lo votado, al desbloqueo de las listas y a modificar la legislación para que los partidos tengan que conseguir un mínimo del 3% del voto nacional para entrar en el Congreso.
Los parlamentos autonómicos... y la reforma del 99 de la Constitución
La dificultad que en los últimos años han encontrado los representantes de los partidos más votados para buscar apoyos para la investidura ha hecho también que se ponga el foco sobre los reglamentos de algunos parlamentos autonómicos o sobre algunos Estatutos de autonomía que impiden, o al menos complican, el bloqueo.
Ni la Constitución, ni la Ley electoral, ni el Reglamento del Congreso de los Diputados prevén ningún mecanismo que abra la puerta a deshacer el bloqueo. Pero no ocurre lo mismo en todos los órganos legislativos del territorio español. Hay algunos ejemplos de parlamentos autonómicos en los que, o bien se elimina la posibilidad de una repetición electoral, o bien existen normas que hacen prácticamente imposible el bloqueo. No obstante, son minoría. De los 17 parlamentos autonómicos, sólo tres prevén tienen ese tipo de mecanismos: Castilla-La Mancha, Euskadi y Asturias.
En Castilla-La Mancha, si transcurren dos meses de la primera votación de un candidato y no hay investidura, queda automáticamente designado el candidato del partido con más escaños. Mientras, en Euskadi y Asturias, además de permitirse más de un candidato, sólo existe la posibilidad de votar a favor o abstenerse.
En ocasiones, las formaciones políticas se han mirado en el espejo autonómico a la hora de estudiar o proponer iniciativas que impidan ese bloqueo en la investidura de un presidente del Gobierno.
En febrero de 2017, el diario El País informaba de que el PSOE iba a proponer a todos los partidos que se cambiase la Constitución para que no pudiese repetirse un bloqueo institucional en la elección del presidente del Gobierno que solo pueda solventarse con elecciones.
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La solución que estudiaban los socialistas estribaba en una fórmula según la cual, si fracasaban las dos primeras votaciones –la primera exige mayoría absoluta y la segunda, simple–, ya no se podría votar no, sino sí o abstención, como en los casos vasco y asturiano. Esto requeriría modificar el artículo 99 de la Constitución. Constitución
La propuesta ya había sido verbalizada por Antonio Hernando, portavoz parlamentario de los socialistas por aquellas fechas, en octubre de 2016, en la sesión de investidura de Mariano Rajoy.
A día de hoy, el principal problema es que no hay el consenso necesario entre los dos grandes partidos en materia de reforma constitucional. Quedó claro el pasado 6 de diciembre en el acto institucional con motivo del aniversario de la Constitución.
El debate sobre la Ley Electoral, sus límites, las necesidades de actualizarla, o no, es cíclico y suele ir pegado a las convocatorias electorales. Los partidos aprovechan la coyuntura para incluir iniciativas de este tipo en sus programas o, una vez transcurrida la cita ante las urnas, para intentar agilizar o facilitar los trámites para la formación de Gobierno. Como España lleva inmersa varios años en elecciones generales, este se ha convertido en un debate recurrente, sobre todo en un momento en el que el declive del bipartidismo clásico y la irrupción de nuevos partidos complica las sumas para la configuración de mayorías en el Congreso.