La derecha tiene una receta económica para acabar con la inflación y es la misma que defienden cuando no hay inflación: bajar impuestos. Más allá de las críticas de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal a la estrategia del Gobierno para afrontar las dificultades económicas derivadas de la pospanmedia, la crisis de la cadena de suministros y de la invasión rusa de Ucrania, las propuestas de resolución que PP y Vox defendieron esta semana en el Congreso como conclusión del debate del estado de la nación revelan cuál sería la hoja de ruta que ambas formaciones aplicarían si estuviesen en el Gobierno.
Son propuestas que ambos partidos fundamentan en la afirmación de que la situación económica de España es mucho peor que la del resto de los países de Europa, lo que vendría a demostrar la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en la elevada inflación y la supuesta paralización de nuestra economía.
Pero las previsiones de verano de Bruselas, hechas públicas este jueves, han venido a refrendar, una vez más, que ambas afirmaciones no son ciertas. La Comisión Europea prevé que la economía española crezca este año un 4%, una cifra muy superior a la media de la Unión (2,7) y claramente por encima de las grandes economías europeas: Alemania (1,4), Francia (2,4) e Italia (2,9).
Bruselas calcula además que la inflación en España acabará en el 8,1%, dos décimas por debajo de la media europea, ligeramente por encima de Alemania (7,9) e Italia (7,4) y un poco más elevada que la prevista para Francia (5,9).
Son cifras, en todo caso, más pesimistas que las anunciadas en las previsiones de primavera, pero no sólo para España sino para todos los países de la Unión.
La solución
En todo caso, derecha y extrema derecha defienden que el problema de la economía española es la fiscalidad. La de los ciudadanos, pero también la de las eléctricas, de las centrales nucleares, la del gas, la de las petroleras y de las empresas en general. Pero, al mismo tiempo, denuncian una elevada deuda pública y abogan por poner en marcha recortes para reducirla reduciendo el sector público.
El PP lleva toda la legislatura defendiendo una reducción de impuestos. Lo hizo antes de la guerra y antes incluso de la pandemia. Lo hizo Pablo Casado y lo defiende Alberto Núñez Feijóo con el argumento de que la fórmula funciona en las comunidades en las que gobierna —Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla y León y Galicia— aunque las cuatro, mientras reducen la fiscalidad de sus habitantes, reclaman más financiación al Gobierno de España.
El PP reclama “deflactar” la tarifa del IRPF —bajar el porcentaje que están obligados a pagar los asalariados y compensar así la inflación— de “los tres primeros tramos para favorecer especificamente a las rentas más bajas y medias, con ajuste de las retenciones para que el efecto sea inmediato”. Y “establecer un nuevo mínimo personal y familiar, específico y con carácter temporal, que decrezca conforme aumente las rentas del ciudadano”. Una medida que incrementaría sin duda la renta disponible de una parte de la población, pero que el PP no ha explicado cómo afectaría a la evolución de la inflación.
Una segunda medida sería aprobar un nuevo estatuto para la industria electrointensiva para reducir lo que pagan por la energía. Aquí los de Feijóo no han dado ningún detalle de qué mecanismo utilizarían para reducir la factura eléctrica de estas empresas.
Para garantizar el suministro, el PP quiere mantener “todas las fuentes disponibles”, incluido el carbón y la nuclear, para “no poner en peligro la demanda”, pero completando al mismo tiempo “los objetivos asumidos en el seno de la Unión Europea, en cumplimiento de los Acuerdos de París y del Pacto Verde Europeo”.
Para reducir el impacto social de los costes energéticos, el PP defiende “evaluar la reformulación de la tarifa regulada del Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), con tarifas fijas durante un año y precios de la energía ligados al mercado a plazo y previsión del regulador, para mitigar su volatilidad, con atención a los consumidores vulnerables severos, además de con medidas fiscales de rebajas de impuestos”.
En materia nuclear, proponen “promover un nuevo calendario de cierre alargando la vida útil de las cinco centrales nucleares operativas” y facilitar a sus propietarios —las eléctricas— que sigan ganando dinero con ellas “reduciendo el actual exceso de impuestos”. Para deshacerse de los peligrosos residuos que genera esta energía, defienden la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio castellanomanchego de Villar de Cañas. No mencionan el carbón o el fracking, prohibido en España, pero sí hablan de explotar “recursos autóctonos no renovables pero necesarios en la transición hacia la descarbonización”.
Hidrocarburos
De nuevo en materia de impuestos, la solución del PP pasa por bajar al 5% el IVA del gas y al suministro de calefacción y refrigeración urbana y biogás. Y pedir a la Unón Europea autorización para “suspender los tipos mínimos del Impuesto Especial de Hidrocarburos de manera temporal y en tanto persista la excepcional situación de precios de los carburantes”.
También reducir la tributación en estimación objetiva en el IRPF y del régimen simplificado del IVA y del régimen especial de recargo de equivalencia en aquellos sectores especialmente afectados por el incremento de precios y costes energéticos.
El PP también quiere que las inversiones en eficiencia energética den derecho a las empresas a deducciones “extraordinarias y temporales” en el pago del Impuesto de Sociedades. Y extender el ámbito temporal de las medidas fiscales ya tomadas por el Gobierno mediante la reducción del Impuesto Especial de Electricidad del 5,11% al mínimo legal del 0,5% mientras persistan la emergencia energética y su proyección inflacionista en España así como mediante la suspensión definitiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7%.
El PP detalla mucho menos cómo reducir la deuda y el déficit, pero entre sus propuestas se puede encontrar una que apuesta por empezar ya a aplicar recortes antes incluso de que Bruselas vuelva a aplicar las reglas de estabilidad suspendidas para hacer frente a la pandemia y a la guerra. En opinión de los de Feijóo, no se deben “eludir un año más las reglas impuestas por la Ley de Estabilidad, y se presentará la senda prevista para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria”.
Sus propuestas no dicen que las pensiones deban dejar de estar vinculadas al IPC para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados, pero es fácil deducir de qué están hablando cuando proponen “un sistema de pensiones” adaptado a “la situación económica general”.
Las medidas que el PP pondría en marcha si estuviera en el Gobierno incluyen también “acometer de inmediato” lo que llaman “una reducción del gasto burocrático que incluya entre otras medidas una nueva configuración de la estructura del Gobierno, que contemple una reducción de, al menos, un tercio en el número de ministerios, con la correspondiente disminución del número de altos cargos y asesores”. Si bien en ningún momento detallan qué ahorro supondría ni qué departamentos y políticas públicas verían reducido su presupuesto.
Vox, por su parte, lleva al extremo la estrategia fiscal y de reducción del aparato del Estado del PP. Proponen rebajas específicas de impuestos relacionadas con el número de hijos, con especial foco en aquellas personas que se dediquen al cuidado de los hijos o de personas dependientes, la eliminación delos impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Incentivos
También una “reducción significativa” del IVA de los productos “de primera necesidad y esenciales”, una rebaja del Impuesto de Sociedades, el establecimiento de “incentivos fiscales” en la España rural y una bajada de las cotizaciones sociales para la empresa y para el trabajador, además de la deflactación del IRPF que el PP ha hecho el centro de su oferta a los ciudadanos.
En línea con los recortes de la administración que persiguen los de Feijóo, Vox defiende “racionalizar” la “estructura” de la administración para “reducir el gasto público, enumerando y suprimiendo todos aquellos organismos” que la ultraderecha considere “ineficientes, innecesarios, de carácter meramente ideológico o que no sirvan a fines de interés público en beneficio de los españoles”.
En particular, Vox quiere eliminar “todo el gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030” o “destinado a los partidos políticos, sindicatos y patronales y otros entes políticos” que –como el partido de Abascal– reciben subvenciones a través de los presupuestos. Pero también “promover la concesión de subvenciones a organizaciones que tengan por objeto la promoción y salvaguarda de la dignidad y la vida humana, la maternidad y la familia”, en referencia a los grupos contrarios al aborto y la eutanania.
Igual que el PP, en Vox tampoco concretan nada, pero sitúan como objetivo “reducir drásticamente el número de entidades públicas, departamentos ministeriales y órganos superiores y directivos de estos, con el fin de reducir el gasto político”, especialmente el que depende del Ministerio de Igualdad.
En materia de energía, los ultras proponen abandonar la lucha contra la crisis climática y romper el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, liberalizar las emisiones contaminantes y derogar “todas las leyes climáticas”.
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El camino a seguir, según Vox, es buscar y explotar hidrocarburos, eso sí, “respetando los paisajes y el entorno”, modificar el mecanismo marginalista de fijación del precio de mercado de la electricidad, aunque no dicen cómo, y fomentar la energía nuclear instalando nuevas plantas, así como “paralizar todos los desmantelamientos de centrales térmicas y nucleares que existan actualmente en España”.
Y también, como el PP, “reducir la fiscalidad energética, especialmente con relación al IVA y al Impuesto Especial sobre la Electricidad, “debiendo asimismo eliminarse todos los impuestos abusivos sobre la luz, el gasóleo y el gas”.
Ni las propuestas del PP ni las de Vox concretan el coste para el erario público de estas bajadas de impuestos ni tampoco el ahorro que buscan reduciendo la administración, por lo que es imposible saber qué efecto tendrían en la reducción de la deuda y el déficit público.
La derecha tiene una receta económica para acabar con la inflación y es la misma que defienden cuando no hay inflación: bajar impuestos. Más allá de las críticas de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal a la estrategia del Gobierno para afrontar las dificultades económicas derivadas de la pospanmedia, la crisis de la cadena de suministros y de la invasión rusa de Ucrania, las propuestas de resolución que PP y Vox defendieron esta semana en el Congreso como conclusión del debate del estado de la nación revelan cuál sería la hoja de ruta que ambas formaciones aplicarían si estuviesen en el Gobierno.