De recoger firmas al autobús de la igualdad o cómo el PP lleva dos décadas utilizando Cataluña como arma electoral

La última ocurrencia de Alberto Núñez Feijóo y su equipo para agitar el anticatalanismo e intentar convertir el supuesto agravio comparativo con Cataluña se llama “ruta por la igualdad”. En Génova han pensado que es una buena idea contratar dos autobuses y ponerlos a circular por las principales capitales de provincia —el recorrido exacto aún no ha sido precisado— como “símbolo de resistencia” frente a los acuerdos del Congreso que incluyan la participación de Junts y así “parar los pies”, dice literalmente el líder del partido, a los que quieren “trocear” España.

Serán, en realidad, dos rutas, una norte y una sur, con las que el PP quiere llevar a “pueblos, plazas y ciudades” la idea de que “el PSOE ha elegido que esta sea la legislatura de la extorsión y la humillación”. Un mensaje con el que Génova aspira a atraer votantes de otras formaciones, en particular de Vox, aunque el foco lo siguen poniendo en los electores socialistas que puedan estar más incómodos con la decisión de Pedro Sánchez de sostener la legislatura sobre el diálogo y la negociación.

El prólogo de esa doble ruta será una nueva gran manifestación en Madrid, convocada para el domingo 28 de enero. La primera que convoca el PP desde la que tuvo como escenario el Templo de Debod, también en la capital, hace casi dos meses. En esta nueva cita en la calle Génova pondrá a prueba hasta qué punto sus militantes —y los de Vox, que acuden a todas sus convocatorias— siguen movilizados. En aquella ocasión reunieron a 8.000 personas, según la Delegación del Gobierno (15.000, según los organizadores). Una cifra significativamente menor que en las movilizaciones de las semanas precedentes.

Más allá de la protesta callejera, esta vez el PP ha optado por mover autobuses y realizar actos políticos con sus dirigentes en vez de recoger firmas, el modelo elegido por el partido en 2005, y que Pablo Casado intentó repetir sin éxito en 2021, en un momento en el que, según él, también España se estaba rompiendo.

Cataluña como arma

En realidad, Feijóo apenas tardó unos pocos meses en abandonar el proyecto de catalanismo constitucional con el que llegó a Madrid y subirse al carro de la explotación de Cataluña con fines electorales. Su primera campaña de agitación social con Cataluña como tema central comenzó en noviembre de 2022 con la reforma del delito de sedición como excusa.

Perpetuaba así la estrategia iniciada por Mariano Rajoy en 2005 para utilizar la política catalana como palanca con el objetivo de conseguir votos fuera de Cataluña. Especialmente en la España monolingüe, donde los electores tienen a menudo más dificultades para entender las demandas identitarias que los que tienen una lengua diferente al castellano.

Todo comenzó hace casi 20 años, en 2005, cuando el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, anunció una campaña con un coste de medio millón de euros para denunciar ante los ciudadanos “la gravedad” de la situación en Cataluña, donde el Parlament había aprobado por amplísima mayoría —y siguiendo escrupulosamente todos los requisitos marcados en la Constitución— un nuevo Estatut.

Mientras el tesorero del partido de la época, Luis Bárcenas, pagaba sobresueldos en dinero negro por importes que iban de los 5.000 a los 15.000 euros mensuales a altos cargos del PP —seguiría haciéndolo durante otros cuatro años—, Mariano Rajoy ordenaba poner en marcha la campaña y la justificaba en la defensa de la Constitución española, supuestamente amenazada por la reforma estatutaria. Una línea argumental muy parecida a la que ahora sirve de andamiaje al discurso de Feijóo.

En pleno mes de octubre de 2015, el PP pagó anuncios en prensa escrita, radio e Internet, todos de ámbito nacional. Y en una segunda fase extendió la publicidad a los medios de comunicación regionales y locales e imprimió cientos de miles de trípticos que se repartieron en actos del partido por todo el país.

La “cruzada” del PP

Ya entonces el PSOE —en aquel momento estaba José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España— advertía de que “la cruzada” del PP lo único que conseguiría es enfrentar a los españoles y romper el espíritu de la Constitución. El president de la Generalitat de la época, el también socialista Pasqual Maragall, exigió sin éxito al PP que pusiera fin a su estrategia. “Todo el mundo tiene derecho a discrepar y disentir sobre el Estatut, y a combatirlo democráticamente, pero el PP tiene la obligación moral de pararlas campañas que se están alentando contra Cataluña y contra los catalanes, dejar de sembrar vientos de discordia”, proclamó en el Parlament el 27 de octubre de 2005, seis días antes del debate sobre la toma en consideración del texto de la propuesta de reforma del Estatut en el Congreso.

A aquella iniciativa siguió una movilización del partido por toda España para recoger firmas contra el nuevo Estatut. Fue en 2006 y trataba de conseguir que, en contra de lo que dice la Constitución, todos los españoles pudiesen votar en referéndum la nueva norma catalana. “Todos tenemos derecho a opinar”, defendía entonces Rajoy.

Aquella iniciativa pedía a los ciudadanos que dijesen sí o no a una pregunta que ni siquiera mencionaba el Estatut: “¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?”

La recogida de firmas, que no cumplía los requisitos de autenticación que prevé la ley para poner en marcha iniciativas legislativas populares, fue anunciada el 25 de enero de 2006, hace ahora 18 años. Y comenzó oficialmente en la ciudad de Cádiz —elegida a propósito por ser cuna de la Constitución de 1812— el día 31 en un acto protagonizado por el propio Rajoy.

“Humillado”

En el plazo de una semana, según anunció a los pocos días Acebes en una comparecencia en la que también acusó al Gobierno de Zapatero de “entreguismo” y de estar siendo “humillado” por el Govern catalán —los mismos términos que ahora usa Feijóo—, la iniciativa había conseguido reunir 800.000 firmas. El Estatut, acusaba entonces Acebes, abría la puerta a exigir “la capacidad de decidir o, en otras palabras, el derecho a la autodeterminación en perjuicio de la igualdad y la solidaridad de todos los españoles”.

La recogida de firmas se prolongó durante dos meses. El 25 de abril, Mariano Rajoy se presentó a las puertas del Congreso con diez furgonetas transportando 876 cajas apiladas en palés. En su interior, según los datos facilitados por el propio partido, 4.020.000 firmas.

Con ellas el PP quería respaldar una proposición no de ley que, a pesar del despliegue frente a la puerta de los leones, ampliamente recogido por la prensa de la época, acabó siendo rechazada por el Pleno del Congreso. No sabiendo qué hacer con semejante volumen de papel, la Cámara acabó decidiendo su traslado a un almacén en las afueras de Madrid, donde llevan 18 años acumulando polvo.

La recogida de apoyos contra el Estatut no logró su objetivo porque la nueva norma completó su tramitación en el Congreso y el Senado y acabó siendo aprobada en referéndum en Cataluña, tal y como ordena la Constitución. Pero tampoco dio muchos réditos electorales al PP, que en las elecciones generales de 2008 vio cómo el PSOE de Zapatero mejoraba su holgada posición en el Congreso.

Un error

Con el tiempo, algunos de los protagonistas del partido en aquella época acabaron reconociendo que aquella estrategia fue un error. Lo dijo años después el entonces líder del PP en Cataluña, Josep Piqué, hoy fallecido, en una entrevista publicada por El Periódico y recogida por el diario Ara: “El PP, no diré que conscientemente, alimentó la idea de que la recogida de firmas era contra los catalanes”. Otro dirigente de la época, Manuel Milián, escribió en La Razón: “Fue una tontería descomunal, hundió el partido en Cataluña”.

Hasta Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, admitió en su momento que la recogida de firmas “podía tener muy buena voluntad e intención, pero aquí en Cataluña no se entendió y fue percibida como una agresión. Con el tiempo se ha demostrado que esa acción fue muy poco afortunada”.

Pablo Casado, elegido sucesor de Rajoy en 2018, recurrió con frecuencia a esta estrategia para movilizar a sus votantes fuera de Cataluña, aunque también obtuvo escaso éxito electoral, especialmente en las provincias catalanas, en las que llevó al partido a los peores resultados de su historia y lo situó al borde de convertirse en fuerza extraparlamentaria.

Firme partidario de la intervención de la autonomía catalana a través del artículo 155, incluso cuando la declaración unilateral de independencia ya había sido desactivada, Casado implicó al PP en las movilizaciones de la madrileña Plaza de Colón de los años 2019 y 2021. No le hizo desistir ni la evidencia de que aquella protesta estaba inspirada por organizaciones afines a Vox, ni que la ultraderecha buscara esa imagen de unidad para ponerla al servicio de sus propios intereses.

“Chantaje”

La primera manifestación tuvo lugar en 2019 para denunciar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había hecho “cesiones” y había protagonizado "bandazos” frente al “chantaje” de los “secesionistas catalanes”. “Constantes cesiones intolerables” cometidas durante meses. Según la alianza tripartita de la derecha, el Gobierno había cometido “traición” y había sometido al Estado a una “humillación sin precedentes” —de nuevo los mismos términos que repite Feijóo en la actualidad— porque “decidió dar una puñalada por la espalda a la ley y a la justicia, aceptando los términos y exigencias impuestos por el presidente de la Generalitat”.

En realidad, el Gobierno de Sánchez no solo no había ofrecido a la Generalitat nada ilegal, sino que había rechazado todas y cada una de las propuestas que el Govern, el entonces presidente Quim Torra, el PDeCAT o Esquerra le habían hecho llegar en aquellos días y que se salían del ordenamiento constitucional, desde la negociación de un referéndum de autodeterminación hasta el envío de instrucciones a la Fiscalía para que retirase la acusación de rebelión contra los dirigentes independentistas que iban a ser juzgados en el Tribunal Supremo. Tal fue el desacuerdo que los independentistas catalanes se negaron a apoyar el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo, forzando a Sánchez a convocar unas elecciones en las que los electores dieron la espalda al PP, que estuvo a punto de ser superado por Ciudadanos.

Casado, sin embargo, no cambió de rumbo. Repitió la foto de Colón en 2021, en aquel entonces porque también la situación era “gravísima”. La excusa fue la decisión del Gobierno de indultar parcialmente a los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo.

Y no solo eso. El PP decidió añadir a aquella protesta una nueva recogida de firmas con el objetivo de movilizar a los ciudadanos en contra de las medidas de gracia. Pero aquello acabó en un estrepitoso fracaso. El esfuerzo del PP apenas consiguió sumar el apoyo por escrito de los ciudadanos y Génova terminó corriendo un tupido velo sobre esta iniciativa. Las firmas nunca se llegaron a presentar.

El giro de Feijóo

Después de algunos titubeos, Feijóo abrazó la estrategia de Rajoy de Casado cuando vio, en la reforma del delito de sedición de 2022, una oportunidad para atraer hacia el PP a los ciudadanos opuestos a Pedro Sánchez, en particular a los que en las elecciones de 2019 habían votado las candidaturas de Vox.

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El PP puso entonces en marcha una campaña de hostigamiento a los diputados socialistas y a los barones del PSOE, llamándoles a rebelarse contra la dirección de su propio partido. Y, en paralelo, aunque no lo llamó “ruta por la igualdad”, como ahora, Feijóo comenzó una gira por España para denunciar los acuerdos del Gobierno con ERC y Bildu —entonces faltaba Junts en la ecuación— y acusar a Sánchez de incumplir la Constitución y ofrecer al independentismo catalán la posibilidad de convocar otro referéndum sin consecuencias penales.

El primer mitin tuvo lugar en Badajoz. El segundo, en Madrid. En días sucesivos siguieron otros en La Rioja, la Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha.

El líder del PP recuperó esta senda en septiembre, superado por los llamamientos de los medios afines al espacio político de la derecha, por la alianza con Vox y sus invocaciones a tomar las calles, y empujado por influyentes líderes del ala más radical de su partido de ahora y de antes, como Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar. Feijóo no tuvo más remedio que ponerse a la cabeza de la manifestación y alimentar movilizaciones que el año pasado se prolongaron durante casi tres meses en un intento inútil de impedir la investidura de Pedro Sánchez.