Última parada: Boletín Oficial del Estado. El BOE publica este viernes la reforma de la justicia universal que reduce a la mínima expresión la facultad de jueces españoles para investigar crímenes cometidos en el extranjero y que dará al traste con una docena de causas. La tramitación de la norma ha supuesto todo un hito en el Parlamento: al PP, grupo que la propuesto, le han bastado 30 días para sacarla adelante en Congreso y Senado. Todo, en un mes.
La iniciativa llegó al Congreso el 21 de enero de este año, aunque no fue hasta el 14 de febrero cuando el pleno, con los únicos votos del PP, acordó su toma en consideración. Cuatro días después, la Mesa decidió tramitarla por el procedimiento de urgencia. Después, los conservadores habilitaron dos plenos ad hoc para sacar adelante la reforma. En el primero, el 20 de febrero, se dio luz verde al proceso en lectura única –sin pasar el debate de las enmiendas por la ponencia ni la comisión correspondiente–.
Además, y para saltarse los trámites consultivos –petición de informes a, entre otros, el Consejo de Estado–, el Grupo Parlamentario Popular decidió presentar la reforma como proposición de ley en lugar de dejar que fuera el Gobierno quien planteara un proyecto de ley que habría supuesto alargar los plazos. Este aspecto fue especialmente criticado por el resto de grupos.
En este contexto, la oposición planteó, incluso, que los conservadores podrían estar vulnerando la ley para lograr su objetivo de trámite ultrarrápido. Ese esfuerzo cayó en saco roto. Una semana después, el 27 de febrero y con 180 votos a favor y 137 en contra, el segundo pleno monotemático de la Cámara baja dio luz verde a la reforma. En esa sesión el PP rechazó las 34 enmiendas de la oposición. El trámite en el Senado concluyó este miércoles. La ley salió intacta, gracias a la mayoría absoluta del PP, directa al BOE.
Jueces y fiscales han protestado en reiteradas ocasiones contra esta reforma –es una "restricción salvaje", han advertido– uniendo así sus voces a las críticas unánimes de los miembros de la bancada de la oposición, desde donde el PSOE ya ha advertido que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad. El PP ha esgrimido, por su parte, que la justicia universal es "ineficaz", que tiene "aspectos quijotescos" y que es mejor "evitar conflictos diplomáticos" que podrían derivarse de investigaciones en curso.
China da vía libre a una visita de Rajoy tras el carpetazo a la justicia universal
En este sentido, cabe mencionar que China ha dado vía libre a una visita de Rajoy esta misma semana. Aunque el embajador ha negado haber ejercido presiones económicos y ha asegurado que su país se ha limitado a mostrar su opinión sobre la legislación española, también ha reconocido que la reforma, es decir, la derogación de las leyes que permiten juzgar crímenes contra la humanidad en los que haya víctimas españolas le parece "adecuada".
La actual regulación de la justicia universal se aprobó en 2009, cuando PP y PSOE acordaron reformar una ley anterior que facultaba a jueces y magistrados españoles para "conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional". Bajo el Gobierno socialista se introdujo una primera restricción a la norma: se requería, para iniciarse la investigación, "algún vínculo de conexión relevante con España".
En el Parlamento, un antecedente reciente de tramitación veloz tampoco estuvo exento de polémica. La modificación exprés –en lectura única y tramitación urgente– de la Constitución para introducir en el artículo 135 la "prioridad absoluta" del pago de la deuda pública y sus intereses se consumó en un mes. La iniciativa llegó el 26 de agosto de 2011 al Congreso, se tomó en consideración cinco días después y, tras su paso por el Senado, se publicó en el BOE el 27 de septiembre.
Última parada: Boletín Oficial del Estado. El BOE publica este viernes la reforma de la justicia universal que reduce a la mínima expresión la facultad de jueces españoles para investigar crímenes cometidos en el extranjero y que dará al traste con una docena de causas. La tramitación de la norma ha supuesto todo un hito en el Parlamento: al PP, grupo que la propuesto, le han bastado 30 días para sacarla adelante en Congreso y Senado. Todo, en un mes.