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Educación

Los rectores critican que el Gobierno se ahorre cada año 70 millones a costa de la "precarización" de los becarios

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV) durante la presentación del informe de la CRUE.

El sistema de ayudas al estudio ha sido uno de los grandes damnificados de la política de recortes presupuestarios impuesta en los últimos años. Así lo pone de manifiesto el informe La Universidad española en cifras 2015-2016 [consultar en PDF], elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que critica que el Gobierno se ahorre cada año 70 millones a costa de la "precarización" de los becarios. 

El Gobierno del PP dio en 2012 un vuelco radical al modelo de becas. En un polémico reglamento añadió ciertos criterios académicos, que suponen principalmente alcanzar una nota mínima de 5,5 para optar a la matrícula gratuita y obtener al menos un 6,5 en el expediente para optar a las ayudas más cuantiosas, que son las que otorgan una cantidad para estudiar en otra comunidad y que también sirven para compensar que los hijos de familias más desfavorecidas estudien en lugar de trabajar. Hasta entonces, las exigencias de rendimiento académico sólo se exigían para la renovación de la credencial de becario. 

Según los rectores, la "estrechez" impuesta por este modelo ha supuesto la "exclusión discrecional" de alumnos de nuevo ingreso a los se les niega total o parcialmente la posibilidad de solicitar ayudas de carácter económico, lo que supone una "merma" en el principio de igualdad de oportunidades. El informe cifra en 70.000 los estudiantes que, cada año, han visto alteradas sus expectativas de acceso a las ayudas. Para las arcas públicas este modelo está suponiendo un ahorro de 70 millones de euros anuales. Eso sí, un ahorro que, según los responsables de los campus, se está produciendo a costa de la "precarización" del estatus de los becarios. 

Este nuevo sistema, por ejemplo, ha provocado que el número de becarios que solo perciben la ayuda de compensación de precio de matrícula se haya multiplicado por 2,8 en el curso académico 2015-2016 frente al registro del curso 2012-2013 en las universidades públicas, según datos de la CRUE. De hecho, la dotación per cápita excluyendo el pago de la matrícula ha caído en un 23,5% entre el curso 2011-2012 y el 2015-2016 (de 2.331 a 1.784 euros). El curso pasado los campus destinaron a becas 132 millones de sus presupuestos propios para suplir el tijeretazo del ministerio.

A este respecto, los rectores denuncian que el balance de las modificaciones muestra un "empobrecimiento" de los becarios durante los años de crisis y sostienen que resulta "más preocupante" que, ahora que las magnitudes macroeconómicas comienzan a registrar tasas de crecimiento, las autoridades ministeriales no consideren necesario cambiar ninguno de los parámetros establecidos. Los responsables de los campus defienden que el acceso a la condición de becario debe estar condicionado exclusivamente por la capacidad económica del solicitante. 

Tasas universitarias 

En paralelo a estos datos, el documento también alerta de que en el curso 2016-2017 España continuó manteniendo uno de los niveles de precios públicos universitarios más elevados de la Unión Europea. De hecho, solo en Irlanda, Reino Unido, Holanda e Italia las matrículas son más caras, según datos del estudio National Student Fee and Support Systems [consultar, aquí], publicado por la Comisión Europea. Todas las comunidades han incrementado en los años de la crisis sus precios públicos universitarios. Donde menos intensidad ha tenido esa subida es en Galicia, con subidas del 5,1%, y donde más en la Comunitat Valenciana y Cataluña, con cotas máximas de hasta el 94%.

En este sentido, los rectores critican las grandes diferencias que existen en el precio de las tasas universitarias en las comunidades autónomas, unas diferencias que califican de "discrecionales" y que solo pueden explicarse en términos de compensación ante las disminuciones de las transferencias corrientes de las administraciones educativas, pues no hay información objetiva sobre el coste de la provisión de los servicios docentes requeridos por cada una de las titulaciones impartidas. 

Los responsables de los campus también han analizado el esfuerzo que supone para las familias el pago de la matrícula universitaria en relación a la capacidad de renta en cada comunidad. Los datos son significativos. Mientras en Castilla-La Mancha el abono de las tasas supone el 6,23% de renta per cápita, en Galicia ese esfuerzo es apenas del 2,75%. Otras autonomías con un nivel de renta elevado como País Vasco, Navarra o Baleares también registran esfuerzos de las familias significativamente inferiores. Los rectores piden "actuaciones" que corrijan estas diferencias que, a su juicio, "ponen en cuestión el principio de igualdad de oportunidades". 

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En su amplio informe, los responsables de los campus también hacen un repaso de la influencia de los recortes de los últimos años en una cuestión esencial como es la investigación, pues las universidades públicas siguen sin recuperarse de la caída que sufrieron durante los años de crisis económica en la financiación captada para el desempeño de la actividad investigadora. De hecho, los fondos dedicados a esta partida se han reducido un 23,5% entre 2008 y 2015 (de 1.472,3 millones de euros a 1.125,7). 

Los rectores ponen de manifiesto, además, que los sistemas universitarios con mayor capacidad investigadora no logran recuperar sus niveles máximos de financiación. El documento destaca especialmente el caso de las universidades públicas de Andalucía que han perdido un 37,9% de los fondos –tanto públicos como privados– que recibían para investigación en el periodo analizado, así como las de la Comunidad de Madrid (-23,9%), Cataluña (-18,6%) y la Comunitat Valenciana (-15%).

El documento también alerta de que la inversión total de las universidades públicas, aunque se va recuperando, sigue estando muy lejos de la que había antes del inicio de la crisis. Así, los campus funcionaron en 2015 con 1.138 millones de euros menos que en 2010, lo que supone un descenso del 11,4%. Los recursos humanos, que se han visto muy afectados por esta caída de la financiación, también empiezan a restablecerse aunque la inversión todavía está un 2,08% por debajo de 2010. 

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