El Tribunal Constitucional retomará el próximo lunes el Pleno para decidir si suspende o no la tramitación de la reforma impulsada desde el Gobierno para propiciar la renovación atrasada del tribunal de garantías, cambios normativos que el jueves recibieron luz verde en el Congreso y que la próxima semana comenzarán su tramitación en el Senado. Los magistrados tendrán que decidir, en un clima de enorme tensión política, sobre la admisión a trámite del recurso del PP y, sobre todo, sobre la petición de cautelarísimas de la formación conservadora, lo que provocaría por primera vez en la historia que el TC frenase una norma en plena tramitación. Sin embargo, sobre la mesa hay también una petición de recusación contra dos magistrados que podría alterar el reparto de fuerzas en el propio tribunal de garantías, que actualmente está conformado por seis magistrados considerados conservadores y cinco progresistas. Algunas voces dentro del tribunal de garantías no lo ven posible. Pero el sector progresista buscará abrir el melón en el cónclave.
El artífice de esta maniobra fue Unidas Podemos. Antes de que diera comienzo el Pleno de este jueves, el grupo confederal registró un escrito de alegaciones en el que pedía que no se admitieran las cautelarísimas solicitadas por los conservadores puesto que eso impediría "que el conjunto de diputados y diputadas ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias" y, por tanto, se "vulneraría" indirectamente "el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes". Además, solicitó la abstención o recusación en el asunto de Trevijano y del magistrado Antonio Narváez al considerar que tenían "interés directo o indirecto en el pleito o causa". Al fin y al cabo, ambos corresponden al cupo de togados con mandato caducado cuya renovación corresponde al Gobierno. Sin ambos, el reparto de fuerzas quedaría de cuatro a cinco a favor del sector denominado progresista.
En el orden del día oficial del próximo Pleno el único punto que figura es el que tiene que ver con la admisión a trámite del recurso de amparo conservador y la petición de cautelarísimas que lleva asociado. Pero no hay nada que tenga que ver con apartar a los magistrados señalados del caso en cuestión.
La Ley del Tribunal Constitucional únicamente señala respecto a las recusaciones que estas deben ser conocidas por el Pleno del órgano. Sin embargo, para el resto de detalles relativos a esta figura remite directamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esta norma, a partir del artículo 217, establece que deberán apartarse aquellos jueces o magistrados que tengan "interés directo o indirecto en el pleito o causa", lo que podría corresponderse con el caso de Trevijano y Narváez. Además, la ley resalta que "en los asuntos civiles, sociales y contencioso-administrativos" solo pueden recusar "las partes", mientras que en los "penales" tienen esa posibilidad el Ministerio Fiscal, el acusador popular, el actor civil, el procesado o el querellado. Cuando esto ocurre, se resuelven las recusaciones antes de proceder al fondo del asunto.
En este caso, algunas fuentes dentro del Constitucional dicen que la recusación solicitada por Unidas Podemos "tiene poco recorrido" en el actual momento procesal. Básicamente, porque para recusar se debe ser parte en el procedimiento y la formación política no se encuentra en estos momentos personada al no haber sido admitido aún a trámite el recurso de amparo del PP, que es una de las cuestiones que se abordará el próximo lunes. De hecho, eso mismo fue lo que los letrados del Parlament sostuvieron en uno de sus escritos al Constitucional en pleno debate sobre el Estatut: "Ni la recusación por una causa conocida puede plantearse por quien no sea parte en el proceso, ni puede plantearse en el momento procesal que la parte recusante crea oportuno".
Otras fuentes jurídicas citadas por Europa Press, sin embargo, defienden que la cuestión de las recusaciones se podría abordar inmediatamente después de resolver la admisión a trámite del recurso de los conservadores y antes de entrar en la suspensión cautelarísima. Si se sigue esta fórmula, se podría abrir un paréntesis de varios días en el procedimiento para resolver sobre el asunto, lo que implicaría que la norma pueda cerrarse en el Senado antes de que se decida sobre las cautelarísimas. Fuentes del Constitucional consultadas por infoLibre confirman que el sector progresista intentará que las recusaciones se aborden en el Pleno del próximo lunes.
El PSOE ha presentado este viernes un recurso de amparo en el que pide la abstención o la recusación de los dos magistrados del Constitucional que tienen el mandato caducado. El grupo socialista se suma así a Unidas Podemos, que pidió también la recusación del presidente del Tribunal, Pedro José González Trevijano, y de Antonio Narváez Rodríguez. Los dos partidos entienden que esos dos miembros del TC se verían "directamente afectados por la reforma" legal del Código Penal que impulsa el Ejecutivo para cambiar las mayorías en el Consejo del Poder Judicial y el tribunal de garantías y así desbloquear su renovación.
El Tribunal Constitucional retomará el próximo lunes el Pleno para decidir si suspende o no la tramitación de la reforma impulsada desde el Gobierno para propiciar la renovación atrasada del tribunal de garantías, cambios normativos que el jueves recibieron luz verde en el Congreso y que la próxima semana comenzarán su tramitación en el Senado. Los magistrados tendrán que decidir, en un clima de enorme tensión política, sobre la admisión a trámite del recurso del PP y, sobre todo, sobre la petición de cautelarísimas de la formación conservadora, lo que provocaría por primera vez en la historia que el TC frenase una norma en plena tramitación. Sin embargo, sobre la mesa hay también una petición de recusación contra dos magistrados que podría alterar el reparto de fuerzas en el propio tribunal de garantías, que actualmente está conformado por seis magistrados considerados conservadores y cinco progresistas. Algunas voces dentro del tribunal de garantías no lo ven posible. Pero el sector progresista buscará abrir el melón en el cónclave.