Comienza la toma de posiciones tras el fin del bloqueo político. Con la investidura de Pedro Sánchez ya atada, los agentes económicos, sindicales y sociales no han perdido ni un minuto a la hora de trasladar sus peticiones al nuevo Ejecutivo, cuya composición aún no se ha anunciado públicamente. UGT y CCOO ya han puesto el foco en la revalorización de las pensiones prometida en el último decreto del año, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la subida de los sueldos de los funcionarios o la derogación de los puntos más conflictivos de la reforma laboral de 2012, mientras que la patronal se ha limitado a dar “la bienvenida” al nuevo Gobierno y a ofrecer su “total colaboración”. Los mensajes también han llegado desde las asociaciones de consumidores, que han solicitado, entre otras cosas, meter mano en los juegos de azar. Un sector que, por su parte, no ha dudado en trasladar al futuro Ejecutivo de coalición su voluntad de diálogo para que lo que se plantee “sea efectivo” y “genere la seguridad jurídica” necesaria para desarrollar la actividad. Eso sí, mostrando sus reparos a la propuesta de limitar los horarios de apertura de las casas de apuestas, algo que “crearía un conflicto con la normativa básica de la libre competencia”.
La industria del juego en España movió más de 32.000 millones de euros en 2018, según los datos aportados en el Anuario del Juego en España 2019 del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego). De ellos, 18.252 millones se destinaron al juego privado presencial –casinos, bingos, salones, máquinas de hostelería y apuestas–, 9.000 millones en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), 2.580 millones en el juego privado online –apuestas, póquer, juegos de casino, slot o bingo– y 2.161 millones en los juegos de la ONCE. En cuanto al volumen de juego real –diferencia entre cantidades jugadas y premios–, la patronal lo sitúa en 2018 en los 9.870 millones, lo que equivale al 0,8% del PIB español. Es, en definitiva, un sector muy potente que da empleo a 85.047 personas y que aporta a las arcas del Estado más de 1.300 millones de euros como tasa específica de juego. Datos que, sin embargo, quedan empañados cuando la Federación de Jugadores Rehabilitados alerta de que España es el país europeo con la mayor tasa de ludópatas de entre 14 y 21 años.
Atar en corto al sector y poner fin a la proliferación de las casas de apuestas, tanto online como presenciales, ha sido uno de los caballos de batalla de Podemos en los últimos años. Así, la formación liderada por Pablo Iglesias avisaba en su programa electoral para los comicios del 10N de que “la proliferación de estos negocios depredadores” está “atacando” a las comunidades y, especialmente, a las personas jóvenes “que no tienen alternativas de ocio asequibles en los barrios”. Por ello, el partido morado ponía sobre la mesa el objetivo de que el 90% de estos establecimientos bajasen la persiana en un par de años. Y planteaba medidas como impedir que dichos negocios pudiesen abrir antes de las 22.00 horas o publicitarse, limitar su proximidad a los centros electorales, restringir el uso de reclamos –bonos de bienvenida, comidas o bebidas más baratas–, fijar límites de tiempo de apuestas y de gastos diarios y mensuales o incrementarles los impuestos “con el objetivo de aumentar la inversión en la prevención y el tratamiento del daño social que producen”.
El PSOE, por su parte, se mostraba algo más tibio en sus propuestas. Así, en su programa electoral, los socialistas sólo hacían hincapié explícitamente en la necesidad de meter mano a los anuncios. “Aprobaremos una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea, similar a la de los productos del tabaco, introduciendo medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar, con el objetivo de reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador, promoviendo la implicación de los operadores de juegos de azar y apuestas, incluyendo su contribución a actuaciones de reparación de los efectos de la ludopatía”. A lo largo de 2018, el sector invirtió en publicidad 412 millones de euros, según los datos de la patronal Cejuego. Más de la mitad del montante –286 millones– se destinó a colocar anuncios de juego privado online, mientras que 77 millones de euros corresponden a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y 49 millones a la ONCE.
Las recetas del Gobierno de coalición
Si no hay cambios de última hora, las competencias relativas al juego que corresponden al Estado recaerán sobre el Ministerio de Consumo, cartera que dirigirá en el nuevo Ejecutivo de coalición Alberto Garzón. Entre las medidas acordadas por ambos partidos en esta materia, que figuran en el acuerdo sellado a finales de diciembre, se encuentra la aprobación de “una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea, de ámbito estatal y similar a la de los productos del tabaco”, así como la introducción de “medidas de información, gestión y limitación” del consumo con el objetivo de “reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador de cara a prácticas de consumo saludable y para prevenir, anticipar o identificar la generación de patrones de juego problemáticos”. Además, se contempla promover la implicación de los operadores en el desarrollo de “acciones de información, prevención, sensibilización y reparación” de los “posibles efectos indeseables derivados de la actividad de juegos de azar”.
El acuerdo de gobierno prevé también una reorientación de la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores online a fin de “destinar un porcentaje” a iniciativas de este tipo. Una prioridad a la que se suma, además, “la obligación de que los locales de juego y apuestas abiertos al público” cuenten a su entrada con un cartel en el que se informe sobre los peligros de la ludopatía, “con un contenido y proporciones análogas a los que aparecen en las cajetillas de tabaco”. Y, como guinda, ambos partidos se han comprometido a impulsar en el marco de la Conferencia Sectorial “criterios homogéneos con las comunidades autónomas” para evitar que las casas de apuestas puedan abrir antes de las 22.00 horas y que limiten su proximidad a los centros escolares. En octubre de 2018, según un análisis realizado por el diario El País, uno de cada cuatro centros de bachillerato o Formación Profesional (FP) de Madrid se encontraban a menos de 150 metros de distancia de un local de este tipo. En total, el estudio colocaba en esta situación a más de un centenar de centros.
Diferentes comunidades autónomas se han puesto en los últimos años manos a la obra para atar en corto la apertura de estos salones de juego o apuestas. En Extremadura, por ejemplo, se prohibió conceder nuevas autorizaciones de locales de juego a menos de 250 metros unos de otros y a menos de 300 de centros públicos o privados de enseñanza. En Murcia, ninguno puede estar a menos de 200 metros de otro y, además, las máquinas de apuestas deben contar con un dispositivo de bloqueo manejado por los empleados que se active en cuanto un cliente sea menor de edad. En Asturias, el pasado 11 de abril se aprobó un decreto por el que se implantaba un servicio de control a la entrada de estos negocios y se prohibía su apertura a menos de 100 metros de centros de enseñanza a menores. Y en el caso de La Rioja, se ordenó el pasado mes de marzo no otorgar nuevas autorizaciones de apertura para la práctica de juegos y apuestas en establecimientos de juego o la instalación de máquinas de apuestas en establecimientos de hostelería a menos de 200 metros de escuelas y centros de protección de menores de edad.
El Tribunal Supremo ya se pronunció el pasado mes de noviembre sobre el margen de las autoridades para el establecimiento de estas distancias de seguridad. El caso se centraba en la ley promulgada por la Generalitat Valenciana en 2015, que imponía una separación mínima entre estos locales de 800 metros de puerta a puerta. La norma fue recurrida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la Audiencia Nacional, que terminó anulando los artículos que fijaban dicha restricción al considerar que era “desproporcionada para el fin perseguido”. A pesar de que el Gobierno regional modificó en noviembre de 2018 dicha normativa, tanto la Generalitat como diferentes colectivos empresariales decidieron elevar el caso al Supremo para que estableciese el terreno de juego en este sentido. Y así hizo la sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia en la que avaló que las autoridades impongan limitaciones de estas características a la hora de abrir salones de juego en las calles siempre y cuando dichas medidas estén perfectamente justificadas.
“Debe aceptarse que, en principio y con carácter general, el hecho de que las actividades relacionadas con el juego sean objeto de una regulación que someta el ejercicio de la actividad a autorización y a determinadas limitaciones o restricciones está contemplado con normalidad en el Derecho de la Unión Europea y en la jurisprudencia del TJUE –Tribunal de Justicia de la Unión Europea–”, apuntaron los magistrados en la resolución judicial, en la que recordaban además que el establecimiento de limitaciones en la regulación del juego “cuenta” también “con el respaldo de la legislación interna, tanto estatal como autonómica, pues ya hemos señalado que la norma (estatal) con rango de ley deja enunciados los objetivos y los intereses a proteger que justifican la imposición de limitaciones, como son la tutela y protección social de los menores y de los participantes en los juegos, la prevención de actividades fraudulentas y de blanqueo de capitales, así como el propósito de articular una oferta dimensionada del juego”. No obstante, completaba, es necesario que la administración actuante “justifique que limitaciones impuestas son proporcionadas a la razón de interés general invocada”.
Diálogo y matizaciones
Garzón prepara un decreto para limitar la publicidad del juego 'online' en radios y televisiones de 1.00 a 5.00 horas
A la espera de que el nuevo Gobierno comience a dar pasos concretos, desde el sector del juego tienden la mano al futuro Ejecutivo. Así, la Asociación Española de Juego Digital (Jdigital) se muestra segura “de que escucharán a la industria antes de emprender ninguna medida” para regular los juegos de azar, a pesar de que “a nadie se le escapa que los partidos que integrarán la coalición de gobierno han mostrado una posición beligerante en relación al juego en su conjunto”. Pero oficialmente insisten en mantener “la mano tendida” para colaborar “como industria” en defensa de “un mejor marco regulatorio y de una protección de los perfiles más vulnerables”. En la misma línea se posiciona el Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), que está “dispuesto a seguir dialogando con la Administración como lo ha hecho hasta ahora”. “Estamos abiertos a buscar con los reguladores las distintas normas que afectan al sector para que lo que se plantee sea efectivo, y genere la seguridad jurídica que necesitamos para desarrollar nuestra actividad”, señalan desde la patronal, que pide que “a la hora de regular se tenga en cuenta que el juego es juego”.
El Consejo Empresarial del Juego no ve con malos ojos algunas de las propuestas incluidas en el acuerdo, como la “regulación de la publicidad” o de “las distancias con respecto a los centros escolares”, medidas cuya aplicación aseguran haber solicitado “en numerosas ocasiones”. También apoyan “con total convicción” las “acciones de prevención y sensibilización”, las cuales entienden que “son fundamentales” y con cuyo desarrollo, afirman, el sector “lleva años comprometido activamente”. Además, aseveran que “las medidas propuestas de información, gestión y limitación del consumo” de juegos de azar “ya se vienen realizando con éxito”. Y se muestran “a favor” de que “se continúen llevando a cabo” porque, dicen, gracias a ellas “la tasa de juego problemático en España sigue siendo la segunda menor de Europa” y “entre las cinco más bajas del mundo”. “Para nosotros, lo importante en estos momentos es la disposición a dialogar que tenga el nuevo ministerio”, insisten desde la patronal de la industria del juego.
Y es importante sentarse a hablar porque consideran que hay algunas medidas que “deben matizarse”. En el caso de la publicidad, que quieren que se regule “en cuanto a cantidad, mensajes y horarios”, exigen que se haga “sin distinciones”, afectando tanto “al juego público –Selae y ONCE– como al privado”. Dicho esto, desde Cejuego no ven con buenos ojos que se compare el juego con el tabaco y, por ello, consideran que es “desacertada” la propuesta de “poner advertencias en las entradas de los locales” similares “a las de las cajetillas de tabaco” pues “el 99,7% de los españoles disfruta del juego sin ningún tipo de problema”. Tampoco aprueban la decisión de limitar los horarios de apertura de los locales de apuestas. “Consideramos que puede entrar en colisión con los derechos y la libertad de las personas para poder utilizar un servicio legal de ocio”, apuntan desde la patronal, que entiende que esta medida, además, “crearía un conflicto con la normativa básica de la libre competencia con otros sectores del ocio y el entretenimiento” y “supondría un daño de difícil reparación para una parte importante del sector del juego privado”.
Comienza la toma de posiciones tras el fin del bloqueo político. Con la investidura de Pedro Sánchez ya atada, los agentes económicos, sindicales y sociales no han perdido ni un minuto a la hora de trasladar sus peticiones al nuevo Ejecutivo, cuya composición aún no se ha anunciado públicamente. UGT y CCOO ya han puesto el foco en la revalorización de las pensiones prometida en el último decreto del año, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la subida de los sueldos de los funcionarios o la derogación de los puntos más conflictivos de la reforma laboral de 2012, mientras que la patronal se ha limitado a dar “la bienvenida” al nuevo Gobierno y a ofrecer su “total colaboración”. Los mensajes también han llegado desde las asociaciones de consumidores, que han solicitado, entre otras cosas, meter mano en los juegos de azar. Un sector que, por su parte, no ha dudado en trasladar al futuro Ejecutivo de coalición su voluntad de diálogo para que lo que se plantee “sea efectivo” y “genere la seguridad jurídica” necesaria para desarrollar la actividad. Eso sí, mostrando sus reparos a la propuesta de limitar los horarios de apertura de las casas de apuestas, algo que “crearía un conflicto con la normativa básica de la libre competencia”.