La economía, la sanidad, los problemas relacionados con la calidad del empleo y la vivienda. Estos son los cuatro asuntos que los españoles admiten que les preocupan más personalmente. Los que les crean más quebraderos de cabeza en su día a día. Es la realidad que se abre paso en cada casa mientras muchos de los debates políticos y mediáticos se llenan de otros temas como la amnistía o la situación de Venezuela.
Esa lista de preocupaciones la refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y es una realidad que empieza a superar a otros temas en el ruedo político y va camino de imponerse en los discursos y propuestas. En una sociedad donde se replantean los propios cimientos y el funcionamiento del Estado del Bienestar, que ahora no satisface algunas de las principales demandas de la ciudadanía como el acceso a una vivienda digna, especialmente entre los jóvenes, o la adaptación del sistema laboral a las nuevas necesidades.
Dirigentes de todos los partidos admiten en privado que el debate se va a reconducir durante estos meses y se va a focalizar en estos temas del día a día. Como señalan en Sumar: “Puede caer antes el Gobierno por el tema de la vivienda que por los acuerdos de Junts”. La sociedad de la España de 2024 empieza a reclamar con fuerza que el propio Estado se haga eco de la nueva realidad y de las carencias tras años de crisis económica y sanitaria, de desmantelamiento de los servicios públicos y de reglas laborales ancladas en décadas atrás.
En la propia respuesta que se da en el CIS aparece una palabra clave “calidad”. El debate se abre en la calidad del empleo, en la calidad del tiempo para dedicar a la familia o actividades extralaborales, la calidad de la vivienda o la calidad de los servicios públicos. Las propuestas y los impulsos estaban lanzándose por parte principalmente de los partidos progresistas, pero en los últimos días también se está moviendo el Partido Popular, que entiende que hay demandas sociales sobre las que no se puede quedar atrás.
El peso del trabajo en la vida
Una de esas revoluciones que se pone sobre la mesa es la reducción de la jornada laboral, una medida incluida en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. Supondría un paso histórico después de 40 años con la de cuarenta horas y se trabaja en la idea de una disminución a las 37,5 horas para igualarse a la media europea. Es la gran apuesta política de Yolanda Díaz y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la enarbola desde el inicio del curso político como una de las grandes banderas de la coalición.
En las dos partes del Gobierno se ha instalado la percepción de que hay que hacer medidas progresistas y de calado, pese a las dificultades parlamentarias, para que el votante se sienta representado. El plan inicial era que la reducción de jornada se aprobara durante este verano, pero se ha retrasado con el objetivo principal de que se pueda llegar a un acuerdo a la vez con sindicatos y la patronal, que es quien pone más reticencias. El líder socialista y la vicepresidenta segunda están en la misma línea de que ahora es más importante que estén todos a que se haga sólo de la mano de CCOO y UGT.
Pero el movimiento sorprendente que se ha dado en estas semanas es que el PP se ha abierto a entrar en un gran acuerdo para la reducción de la jornada. La voluntad está encima también de la mesa por parte del Ejecutivo, algo que verbalizó esta semana la también ministra de Trabajo: "Si el PP se sienta conmigo y hace planteamientos en la dirección correcta, yo priorizo un acuerdo por el bien del país (...) ¿Es insensato todo lo que dice el Partido Popular? No". Por el momento, Génova 13 impulsa una jornada laboral flexible, algo que se articula también como “banco de horas” o “bolsa de horas”. Esto incluiría ayudas o "medidas compensatorias" a las empresas, por ejemplo en forma de bonificación en las cotizaciones para nuevas contrataciones de personas desempleadas. No obstante, dentro del partido se prevé lucha con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, liderando el ‘no’ a un acuerdo en este sentido.
La medida tiene un amplio respaldo social, algo que reconocen hasta en el Partido Popular. Según una encuesta de 40dB para El País y la Cadena Ser, dos de cada tres españoles están a favor. Un respaldo que se mantiene también cuando se pregunta incluso por la reducción a tres días y 32 horas. Los niveles más importantes de apoyo están entre los jóvenes y los votantes progresistas, pero también cuenta con mucho respaldo entre las derechas (solo la rechaza el 24% de los votantes del PP y el 29% de Vox). Los principales motivos de apoyo son: mejorar la conciliación entre vida laboral y personal (78%), mejorar la salud física y mental (74%), impulso del consumo al haber más tiempo libre (67%), aumento de la productividad (61%) y disminución del paro (59%).
Temas sociales... y electorales
El PP ha dado un giro en su estrategia de oposición buscando temas sociales y presentando propuestas. Esta misma semana presentó su proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad, un tema sobre el que cada vez los ciudadanos demandan más medidas. No obstante, Génova 13 trata de contentar también al ala más dura y a la CEOE defendiendo que no es una ley “ideológica”. Los populares son conscientes de que existe esa demanda y, además, buscan arañar votos en el electorado que salvó a la izquierda en las últimas generales (especialmente las mujeres). En los últimos meses la dirección popular ha encargado varias encuestas a grandes empresas demoscópicas sobre temas como la vivienda, la inmigración y la conciliación, que han arrojado la necesidad de presentar propuestas de corte más transversal.
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Frente a este giro, el Gobierno trata de visualizar que el PP lo hace por pura estrategia electoral mientras en sus comunidades ahogan las políticas sociales. La Moncloa quiere marcar un fuerte perfil socialdemócrata y de renovación del Estado del Bienestar. Ese es precisamente el estilo que ha hecho que Pedro Sánchez remodele por completo su gabinete y haya nombrado a un grupo de asesores mucho más joven pensando en las nuevas necesidades, con nombres como Diego Rubio y Borja Monreal. El jefe del Ejecutivo desde su significativo discurso de arranque del curso político en septiembre en el Instituto Cervantes repite en cada intervención que uno de sus ejes será mejorar el Estado del Bienestar y afrontar el problema de la vivienda.
El drama juvenil de la vivienda
Precisamente la vivienda es el otro tema que ya ha explotado a los partidos. El jefe del Ejecutivo pretende que sea la protagonista de la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará en Cantabria (todavía no tiene fecha). Se ha abierto una brecha dentro del propio Gobierno, donde Sumar, junto a los aliados de investidura, va a forzar que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, comparezca en el Congreso. Todos los partidos están muy atentos a lo que pase en la manifestación del próximo 13 de octubre, que puede marcar un antes y un después en las hasta ahora tibias protestas sobre esta cuestión.
La vivienda es el otro gran pilar que no funciona en el Estado del Bienestar del 2024 y el gran desafío de cara a las nuevas generaciones. En el barómetro del CIS, ya es el principal problema para los menores de 24 años en su vida personal. Hace apenas tres años en los sondeos del Centro la vivienda apenas ocupaba el puesto 18 de preocupación para los españoles, y hoy ya está en la cuarta posición. La reforma del Estado del Bienestar viene para quedarse.
La economía, la sanidad, los problemas relacionados con la calidad del empleo y la vivienda. Estos son los cuatro asuntos que los españoles admiten que les preocupan más personalmente. Los que les crean más quebraderos de cabeza en su día a día. Es la realidad que se abre paso en cada casa mientras muchos de los debates políticos y mediáticos se llenan de otros temas como la amnistía o la situación de Venezuela.