La reforma de los delitos de expresión exigida por la ONU y el Consejo de Europa cae en el olvido
Es algo que se ha exigido de forma permanente tanto desde instancias internacionales como desde organizaciones de derechos humanos. Pero el tiempo pasa y la reforma de los llamados "delitos de expresión" sigue sin ver la luz en la recta final de la legislatura. A pesar de ser un compromiso adquirido hace dos años por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo cierto es que ninguna de las múltiples enmiendas al Código Penal que ha impulsado desde entonces ha metido mano a las injurias a la Corona, las ofensas contra los sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo. Y los intentos de algunos partidos por despenalizarlos permanecen desde hace meses bloqueados en el Congreso de los Diputados.
La introducción de modificaciones alrededor de los delitos de expresión, que tantos quebraderos de cabeza han provocado a artistas y usuarios de redes sociales, volvió a convertirse en una prioridad política tras la orden de ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona. Fue en medio de esta polémica cuando el Gobierno prometió una revisión de los delitos más polémicos para eliminar las penas de privación de libertad. El derecho penal, decía entonces en un escueto comunicado, "ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión".
Aquel anuncio, que vio la luz en la noche del 8 de febrero de 2021, provocó roces entre las dos almas del Ejecutivo. Básicamente, porque se lanzó pocas horas antes de que Unidas Podemos registrara en la Cámara Baja su propia propuesta. En el Gobierno, a pesar de la iniciativa morada, quisieron dejar claro que cualquier reforma en este sentido partiría de ellos "en el marco de la participación" con el Ministerio de Justicia e Interior. Pero dos años después, el asunto parece haber caído en el olvido. En el plan anual normativo para 2023, que contiene las iniciativas legislativas o reglamentarias que los diferentes departamentos prevén elevar durante el año al Consejo de Ministros para su aprobación, no hay ni rastro de los delitos de expresión.
Tampoco avanza en la Cámara Baja la proposición de ley de Unidas Podemos, que directamente propone derogar los delitos de injurias a la Corona –artículos 490.3 y 491–, injurias al Gobierno y sus instituciones –artículo 504–, ofensa a los sentimientos religiosos –artículo 525–, ultrajes a España –artículo 543– o enaltecimiento del terrorismo –artículo 578–. La iniciativa morada inició su tramitación parlamentaria con el respaldo de los socialistas. Pero se ha quedado cogiendo polvo en un cajón de la Comisión de Justicia. Hasta la fecha, la Mesa de la Cámara Baja ha acordado más de setenta ampliaciones de enmiendas.
El pasado mes de febrero, los morados pidieron al PSOE que descongelase la propuesta. A pesar de los avances que se han llevado a cabo a lo largo de la legislatura –desde la subida del salario mínimo interprofesional a la creación del ingreso mínimo vital, la ley trans o la ley del aborto–, desde el grupo confederal lamentan el escaso interés en lo relativo a la "democratización del Estado". "El PP y el PSOE se han rebelado como un tándem de bloqueo muy determinado y muy eficaz", se quejan amargamente desde Unidas Podemos. Ponen el foco en cuestiones como la reforma de la ley mordaza o la ley de secretos oficiales. Y también, claro, en su ley de libertad de expresión. "Hay mayoría en el Congreso para lograr mejoras en la democratización del Estado pero no están por la labor", culminan.
La iniciativa morada nunca ha terminado de convencer, en los términos actuales, a sus socios de gobierno. En las filas socialistas no están de acuerdo con las "posiciones maximalistas" de los morados. Es decir, que en lugar de las derogaciones que plantean desde Unidas Podemos ellos se inclinan por mantener algunos de estos tipos pero eliminando la pena de privación de libertad. "En esta proposición estamos hablando de la supresión del delito de enaltecimiento del terrorismo, de la humillación de las víctimas del terrorismo y ahí no nos van a encontrar", dejó claro el diputado socialista Diego Taibo durante el debate que precedió al rechazo parlamentario de la enmienda a la totalidad formulada por el PP.
No es la única propuesta sobre delitos de expresión que en estos momentos se encuentra también durmiendo el sueño de los justos en la Carrera de San Jerónimo. Con treinta y cinco ampliaciones de enmiendas está paralizada en estos momentos una iniciativa de ERC y EH Bildu. En este caso, la proposición de ley viene del Senado. Y solo plantea despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España con la derogación de los artículos 490.3, 491 y 543. Igual que ocurrió con la anterior, los socialistas dieron el visto bueno al inicio de su tramitación. Pero en cuanto llegó a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, la iniciativa encalló.
"No se reúne el consenso suficiente"
A pesar de que en su día el Ejecutivo dejó claro que cualquier modificación de estas características partiría de ellos mismos, fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre ponen ahora el foco sobre todas estas iniciativas parlamentarias. Sin embargo, resaltan que por el momento "no se reúne el consenso suficiente" como para que la reforma llegue a buen puerto. Un asunto pendiente sobre el que se han pedido avances a nivel internacional. En su último examen periódico universal, dos de las recomendaciones del Consejo de Europa iban justo en esa dirección. La primera pedía "garantizar la libertad de expresión y de opinión mediante una reforma del Código Penal". La segunda planteaba una revisión relativa, en concreto, de las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos.
En la misma línea se ha pronunciado el Consejo de Europa. La última vez, esta semana. En su informe hecho público sobre la visita del pasado mes de noviembre a nuestro país, la comisaria de Derechos Humanos de la organización internacional, Dunja Mijatovic, señala que el Código Penal "contiene varios delitos cuya aplicación" ha terminado en "violaciones de la libertad de expresión". Y pide a las autoridades que lo "enmienden de forma exhaustiva" para "fortalecer las salvaguardias existentes en torno al derecho de libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica", poniendo el foco en las injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo y los insultos contra las sentimientos religiosos.
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En los últimos años, como recuerda Mijatovic, todos estos delitos de expresión han sido utilizados para perseguir tanto a artistas por las letras de sus canciones como a particulares por comentarios realizados en redes sociales. Por un delito de enaltecimiento del terrorismo estuvieron en prisión provisional dos titiriteros por una obra de teatro en la que se podía leer "Gora Alka-ETA" y pasaron años de calvario judicial el cantante César Strawberry, cantante de Def con Dos, o la tuitera Cassandra Vera por mensajes publicados en la red social Twitter en los que se mencionaba a ETA, los Grapo y se hacían chistes sobre el atentado contra Carrero Blanco. Ambos, al final, quedaron absueltos.
No tuvieron tanta suerte los cantantes del grupo La Insurgencia, condenados a seis meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, o el rapero Valtònyc, al que la justicia impuso tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas.
Por el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos fueron perseguidos el actor Willy Toledo por publicar en Facebook "me cago en dios y en la virgen" o las participantes de la procesión del 'coño insumiso'. Y también los cómicos José Miguel Monzón, popularmente conocido como El Gran Wyoming, y Dani Mateo por un comentario sobre la cruz del Valle de los Caídos realizado en un sketch. Este último ya fue investigado por ultrajes a los símbolos por una intervención en clave humorística en El Intermedio en la que se sonaba los mocos con una bandera de España, si bien tanto uno como otro caso acabaron archivados.
