La reforma electoral de Unidos Podemos no hace perder representantes a la España rural

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¿Perjudica la reforma electoral propuesta por Unidos Podemos a las provincias menos pobladas? En los últimos días, dirigentes de PP y PSOE han utilizado ese argumento para rechazar el proyecto impulsado por la coalición morada y que cuenta con el beneplácito de Ciudadanos, una propuesta que perjudicaría especialmente a los conservadores, los más fuertes en la España rural. Pero la afirmación no es cierta: ningún territorio perdería representatividad porque la iniciativa no toca el número de diputados asignados a cada circunscripción, pero sí que cambiaría el reparto de los parlamentarios en 21 provincias, tomando como referencia los resultados de las elecciones generales de 2016.

Los dos principales partidos han sacado a algunos de sus principales dirigentes a criticar la propuesta. En el caso del PP, fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que denunció que la reforma electoral propuesta por Unidos Podemos "perjudica a las zonas de España con mayores problemas de despoblación". El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, utilizó el mismo argumento e incluso fue más concreto al asegurar que "con las medidas que plantean" Unidos Podemos y Ciudadanos, "provincias como Teruel se quedarían sin ninguna representación".

El problema de esas declaraciones es que no son ciertas. Ni Teruel ni ninguna de las otras 51 circunscripciones –que se corresponden con las provincias y con las ciudades de Ceuta y Melilla– verían alterada su representación en el Congreso con la reforma de Unidos Podemos: pese a que, de hecho, las zonas menos pobladas están sobrerrepresentadas con respecto a su número de habitantes, Madrid seguiría escogiendo 36 diputados (la provincia que más) y Ávila, Cuenca, Guadalajara, Teruel o Zamora continuarían teniendo tres diputados cada una, exactamente los mismos que hasta ahora. El número de parlamentarios tampoco aumentaría ni descendería: seguiría siendo de 350.

No obstante, el peso de cada partido en el Congreso se vería alterado en perjuicio de PP y PSOE y en favor de Unidos Podemos y Ciudadanos. Con la reforma electoral de la coalición morada, el PP pasaría de 137 escaños a 122, mientras el PSOE perdería un diputado (se quedaría en 84), Unidos Podemos pasaría de 71 a 76 y Ciudadanos ascendería de 32 a 44. Pero estos trasvases no proceden de un mayor peso de las grandes circunscripciones, donde los nuevos partidos tienen más fuerza, sino que son consecuencia del cambio del sistema de reparto D'Hondt al Sainte-Laguë, que provocaría que en provincias poco pobladas a Unidos Podemos y Ciudadanos no les costase tanto conseguir un diputado como en la actualidad, o como le vino ocurriendo durante décadas a Izquierda Unida.

Teruel, la circunscripción que Ábalos puso como supuesto ejemplo de una provincia rural poco poblada que perdería representación –el dirigente socialista aseguró que no tendría "ninguna"–, es un caso paradigmático de los efectos que tendría la reforma electoral propuesta por Unidos Podemos. La provincia elige tres diputados: ahora mismo, dos son del PP (es decir, el 66% con el 41,73% de los votos que obtuvo allí) y uno, del PSOE (con un 26,58%). Con el nuevo sistema, Teruel seguiría mandando tres parlamentarios al Congreso, pero –con los resultados de las anteriores elecciones– cambiaría su reparto: PP y PSOE tendrían uno cada uno y Unidos Podemos (con el 16,84%) conseguiría el tercer escaño.

Madrid y Barcelona cambian su reparto de escaños

En un total de 21 provincias se producirían cambios con respecto a la representación actual, aunque ninguna circunscripción perdería ni ganaría escaños. De hecho, las alteraciones ni siquiera se producen únicamente en los territorios menos poblados, sino que las dos provincias más populosas, Madrid y Barcelona –36 y 31 escaños, respectivamente–, también verían modificada su representación. En Madrid el PP pasaría de 15 a 14 escaños, y ese diputado pasaría a ser de Ciudadanos (se quedaría en siete), mientras en Barcelona quien perdería un sillón es En Comú Podem (de nueve a ocho) a manos del Pacma, que obtendría su único parlamentario en toda España. La entrada de los animalistas al Congreso sería el único efecto que tendría la eliminación de la barrera de entrada, por la cual actualmente un partido no puede obtener escaño por una circunscripción si no tiene al menos el 3% de los votos.

Las otras dos grandes circunscripciones donde cambiaría el reparto de los diputados son Alicante y Sevilla, que eligen 12 parlamentarios cada una. En la provincia valenciana, el PP pasaría de cinco a cuatro escaños con el 37,92% de los votos, mientras Unidos Podemos y el PSOE seguirían con tres cada uno y Ciudadanos ganaría un sillón para obtener un total de dos con el 15,91% de los votos. En la circunscripción andaluza, igualmente, el PP pierde un acta (de cuatro a tres) en favor de Ciudadanos (que pasa de una a dos).

El resto de los cambios resultado de utilizar el sistema Sainte-Laguë en lugar del sistema D'Hondt se producirían en provincias que reparten menos de diez escaños, que por otra parte son la inmensa mayoría: un total de 45. No en todos los territorios PP y PSOE se verían perjudicados, ya que los conservadores obtendrían un escaño adicional en Gipuzkoa y Girona –quitándoselo al PNV y al PDeCAT, respectivamente–, mientras los socialistas conseguirían un acta más en Santa Cruz de Tenerife en detrimento del PP (ambos quedarían con dos diputados, mientras que tiene ahora mismo el PP tiene tres y el PSOE, uno).

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La provincia donde habría un cambio más acusado pasando del sistema D'Hondt al Sainte-Laguë es Ciudad Real: en ninguna otra circunscripción dos diputados –de un total de cinco que se reparten– pasan de un partido a otro. El PP (43,9% de los votos) y el PSOE (29,46%) perderían un escaño cada uno para quedarse con dos y uno, respectivamente, y estas dos actas irían a parar a Unidos Podemos y Ciudadanos (que obtuvieron un 13,46% y un 11,93%, respectivamente).

Además de las ya mencionadas, en otras nueve provincias Ciudadanos entraría o aumentaría su representación: A Coruña, Albacete, Badajoz, Burgos, Huelva, Pontevedra, Salamanca, Segovia y Toledo. En todas ellas, el partido naranja obtendría un escaño a costa del PP, a excepción de Pontevedra, donde el damnificado sería el PSOE. Por su parte, Unidos Podemos ganaría un escaño, además de en las provincias ya mencionadas, en Almería, Guadalajara y Ourense –en detrimento de los conservadores– y Cáceres –arrebatándoselo a los socialistas– .

Con estos cambios, en el cómputo final el porcentaje de voto de cada partido se traduciría en un porcentaje de escaños mucho más proporcional que hasta ahora. Los 122 escaños que tendría el PP corresponden al 34,85% del Congreso (sacó el 33% de los votos), los 84 del PSOE serían el 24% de la Cámara baja (con el 22,66% de los sufragios en toda España), los 76 con los que se quedaría Unidos Podemos suponen el 21,7% del total de escaños (y la coalición obtuvo el 21,1% de los votos) y los 44 con los que contaría Ciudadanos corresponderían al 12,5% de los sillones (con un 13% de los votos).

 

Esta mayor proporcionalidad también quedaría reflejada en el número de votos que necesitarían los partidos para conseguir un diputado. Ahora mismo, cada escaño le costó al PP un total de 57.709 votos en las pasadas elecciones, mientras que Ciudadanos tuvo que conseguir 97.618 papeletas por cada uno de sus parlamentarios. Con la reforma electoral que propone Unidos Podemos, los cuatro grandes partidos necesitarían entre 64.000 y 71.000 votos por cada escaño, y la única fuerza que seguiría claramente perjudicada en este sentido sería EH Bildu, ya que necesitaría 92.046 votos para conseguir cada una de sus dos actas.

El sistema Sainte-Laguë

Pero, ¿en qué consiste el sistema Sainte-Laguë? Se trata, como D'Hondt, de un método matemático que sirve para repartir los escaños en cada circunscripción en función del número de votos recibido por cada partido. Se realizan cálculos sucesivos para cada lista, dividiendo el número de votos recibido por cada partido entre el doble del número de escaños que se ha llevado cada lista de momento en la circunscripción –inicialmente cero– más uno. Se realizan tantos cálculos como escaños se reparten en esa provincia, y en cada cálculo el partido que obtenga un cociente mayor es el que se lleva esa acta.

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En el ejemplo de la provincia de Teruel, que entrega tres diputados, el PP es el partido más votado con 30.837 votos, por 19.638 del PSOE y 12.442 de Unidos Podemos. Por ello, automáticamente el primer escaño correspondería a los conservadores, que para el reparto de la segunda acta verían su número total de votos dividido entre tres (resultado de multiplicar el escaño ya obtenido por dos y sumarle uno). Con esas cifras, el cociente más alto en ese segundo cálculo sería el del PSOE, que ganaría así el segundo escaño en el reparto. A la hora de entregar el tercer diputado, los 19.638 votos del PSOE se dividirían también entre tres, por lo que la cifra más alta sería, en ese tercer cálculo, la de Unidos Podemos, que por ello obtendría el último escaño.

¿Perjudica la reforma electoral propuesta por Unidos Podemos a las provincias menos pobladas? En los últimos días, dirigentes de PP y PSOE han utilizado ese argumento para rechazar el proyecto impulsado por la coalición morada y que cuenta con el beneplácito de Ciudadanos, una propuesta que perjudicaría especialmente a los conservadores, los más fuertes en la España rural. Pero la afirmación no es cierta: ningún territorio perdería representatividad porque la iniciativa no toca el número de diputados asignados a cada circunscripción, pero sí que cambiaría el reparto de los parlamentarios en 21 provincias, tomando como referencia los resultados de las elecciones generales de 2016.

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