El Gobierno ha situado la reforma de la financiación autonómica como una de las prioridades de la próxima legislatura. El actual modelo caducó en 2014, pero Mariano Rajoy, que era quien presidía el Gobierno entonces, fue incapaz de abrir una negociación para su modificación y ni siquiera llegó presentar una propuesta. Con Pedro Sánchez al frente de La Moncloa, se avanzó con expertos y se intercambiaron documentos con las comunidades autónomas, pero tampoco se llegó a concretar en ningún acuerdo ante la ausencia de consenso entre las autonomías y el complejo calendario electoral. La reforma deberá canalizarse de forma paralela en dos escenarios complementarios: en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se dan cita las comunidades, y en el Congreso, donde es imprescindible un gran acuerdo entre PP y PSOE, pero que no se entendería sin el beneplácito de formaciones como ERC o PNV.
Reformar la financiación es un asunto central para todas las autonomías, pero capital en el caso de la Comunitat Valenciana y de Andalucía, que denuncian desde hace años su infrafinanciación, al igual que Murcia y Castilla-La Mancha. Entre las dos primeras calculan que están perdiendo cada año 1.700 millones de euros y creen que es insostenible que esta situación se prolongue indefinidamente. De ahí que durante la legislatura que ahora expira el presidente andaluza, Juanma Moreno (PP), y su homólogo valenciano, Ximo Puig (PSOE), uniesen fuerzas al margen de sus siglas para exigir al Gobierno que abriese el debate y reclamaran un sistema de población ajustada que incluya aspectos como el envejecimiento, la población joven o la dispersión.
Las demandas de Moreno y Puig chocan con las de otras autonomías como Galicia, que con Alberto Núñez Feijóo como presidente, demandaban que tuvieran en cuenta factores como el envejecimiento o la dispersión de su población en los municipios rurales. Un modelo que, a su vez, es incompatible con las reclamaciones de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, para que en el cálculo tenga un mayor peso el número de ciudadanos. Uno de sus principales mantras durante la legislatura ha sido la supuesta discriminación de la Comunidad de Madrid en el reparto de los fondos que el Gobierno distribuye a las comunidades autónomas.
A estas discrepancias se le suma que el modelo actual es tan complejo que casi nadie lo entiende y eso lo hace muy opaco. Por eso son varias las comunidades que quieren además una reforma que sea más transparente y saber así, en todo momento, qué reciben los demás y por qué. Es una demanda que también extienden al sistema de cupo y concierto que rige en el País Vasco y Navarra, dos comunidades con una financiación por habitante muy superior al resto.
¿Por qué criterios se rige el modelo actual?
El sistema vigente se basa en primer lugar en un reparto de recursos y competencias tributarias con un cierto margen para subir o bajar impuestos cedidos. El Estado cede a cada comunidad la mitad del IRPF recaudado en su territorio, el 50% del IVA, el 58% de los impuestos especiales (gasolinas, tabaco), el 100% del impuesto sobre la generación de electricidad (que ahora tendrá que compensar porque lo va a suprimir para abaratar el recibo de la luz), el 100% del impuesto de matriculación, el 100% de los impuestos de sucesiones y donaciones, el 100% del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el 100% de las tasas de juego. Las comunidades puede decidir subir o bajar los seis últimos además de su correspondiente tramo del IRPF, pero el resto no los pueden tocar.
En segundo lugar, el modelo vigente se apoya en el cálculo de la llamada "población ajustada”. Esto es la población de cada territorio pero corregida mediante una fórmula creada para tener en cuenta varios factores que afectan al coste de la prestación de servicios: la población protegida equivalente (un cálculo que afecta a la prestación sanitaria) tiene un peso del 38%, la población real un 30%, la población en edad escolar hasta los 16 años un 20,5%, la mayor de 65 años un 8,5%, la superficie un 1,8%, la dispersión un 0,6% y la insularidad un 0,6%.
En tercer lugar, la cantidad final de dinero que recibe cada territorio tiene que ver con varios fondos de nivelación: el de suficiencia, el de cooperación y el de competitividad. Aquí, según los expertos, tiene mucho peso el llamado status quo, la situación de cada comunidad cuando se aprobó el modelo, en el año 2009, que no es la misma que ahora, doce años después. Y se toma en consideración, por ejemplo, la renta per cápita, la densidad de población, la tasa de crecimiento o la existencia de dos lenguas oficiales.
¿Priorizar la riqueza, compensar la despoblación o repartir por población?
Estos criterios de reparto del dinero, fijados en 2009, ya no satisfacen a casi nadie y lo que está encima de la mesa desde hace años es un complicado debate acerca de cuáles deben ser tomados en cuenta y en qué medida. Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Castilla y León abogan por poner el acento en aspectos demográficos, como la despoblación, el envejecimiento o la involución de las áreas rurales y piden que se tenga en cuenta el coste de los servicios, que se dispara en estas zonas.
Una reclamación que es bien distinta de lo que pretenden Andalucía y la Comunitat Valenciana, que apuestan por que el criterio principal de reparto en el futuro sistema sea el de población —representan a casi el 30% de la población española— y piden mejorar la capacidad tributaria de las autonomías para aumentar su corresponsabilidad fiscal. Entre tanto, también han solicitado al Ejecutivo central de turno que ponga en marcha un “fondo compensatorio” prorrogable.
Otras autonomías como Madrid, Cataluña y Baleares, las que más dinero tienen, prefieren fijarse en el criterio de ordinalidad: que al final, después del trasvase de fondos de las comunidades más prósperas a las que no lo son, ningún territorio pierda posiciones. Es decir: que se achique la horquilla que separa a la primera comunidad de la última, pero sin variar el orden. La autonomía dirigida por Pere Aragonès, al igual que Madrid, queja de que recibe menos de lo que aporta aunque también es la más endeudada. De cara a la negociación de investidura, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, habló de este endeudamiento sin precisar si el Ejecutivo estaría la deuda catalana, así como la de otras autonomías, a lo que se opone radicalmente la dirección del PP pese a que algunas de sus autonomías, como la valenciana y la murciana, también lo reclaman.
El Gobierno ha situado la reforma de la financiación autonómica como una de las prioridades de la próxima legislatura. El actual modelo caducó en 2014, pero Mariano Rajoy, que era quien presidía el Gobierno entonces, fue incapaz de abrir una negociación para su modificación y ni siquiera llegó presentar una propuesta. Con Pedro Sánchez al frente de La Moncloa, se avanzó con expertos y se intercambiaron documentos con las comunidades autónomas, pero tampoco se llegó a concretar en ningún acuerdo ante la ausencia de consenso entre las autonomías y el complejo calendario electoral. La reforma deberá canalizarse de forma paralela en dos escenarios complementarios: en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se dan cita las comunidades, y en el Congreso, donde es imprescindible un gran acuerdo entre PP y PSOE, pero que no se entendería sin el beneplácito de formaciones como ERC o PNV.